Sr. Director:
Como Red Clamor Chile, que agrupa a las organizaciones de Iglesia que trabajan por la inclusión de las personas migrantes y refugiadas en el país, en estrecha colaboración con los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, celebramos los esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones en los diversos ámbitos de la vida social. Somos testigos de que la inmensa mayoría de los migrantes quieren colaborar crecientemente en este esfuerzo, que puede traer paz, orden y prosperidad cuando está al servicio de la dignidad humana y de la cohesión social.
En este contexto miramos con preocupación un proyecto de ley que no parece ser coherente con este horizonte: la de restringir el acceso de personas migrantes en situación migratoria irregular a beneficios de cargo fiscal (propuesta de modificación del artículo 17 de la ley 21.325). En su actual versión, esto implica afectar el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social de familias que viven en nuestro país, muchas de ellas habiendo ingresado a Chile de modo irregular no por desprecio de la ley, sino porque debían hacerlo para proteger sus vidas y no podían hacerlo de otro modo, dada la situación de sus países de origen. El proyecto, además, no considera las especiales necesidades de niños, niñas y adolescentes migrantes que crecerán en este país que sienten suyo, ni de las personas que requieren de refugio.
Nos parece responsable proponer un diálogo transparentando las alertas respecto de una reforma que podría implicar no solo el horadar la cohesión social, sino el dañar la vida de los niños y niñas; todo esto, como una política pública para disuadir la migración irregular futura. El daño a la niñez y sus familias no puede ser parte de un escudo fronterizo. No solo contraviene los principios fundamentales de nuestra Constitución y los compromisos de Chile en el orden internacional respecto del cuidado de la niñez. Contraviene la dignidad humana y la afirmación de la familia como núcleo de la sociedad.
Tal como ha señalado recientemente en el debate público el cardenal Fernando Chomali, «el derecho a los bienes sociales es anterior a la condición migratoria». Podemos cuidar la frontera y la seguridad sin dañar ni la dignidad humana ni la cohesión social.
Hna. Gabriela Herrera
Secretaria Ejecutiva, Red Clamor Chile
Mons. Moisés Atisha
Obispo de San Marcos de Arica