El país centroamericano ha declarado el estado de sitio durante 30 días en dos departamentos y ha desplegado efectivos militares para hacer frente a la escalada de violencia armada y al narcotráfico, con limitaciones de las garantías constitucionales.
El Gobierno de Guatemala ha declarado el estado de sitio durante 30 días en los departamentos orientales de Zacapa e Izabal, en respuesta a la escalada de violencia armada que ha afectado al país durante las últimas semanas. La medida, decretada por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 14 de noviembre, tiene como objetivo reforzar la seguridad y combatir las actividades de los grupos del crimen organizado. Se han enviado aproximadamente 400 militares a Zacapa y 600 a Izabal. Las operaciones también afectan a la vecina provincia de Chiquimula, donde se han establecido puestos de control, patrullas y controles de carretera.
La decisión implica una limitación temporal de diversas garantías constitucionales. Entre las medidas previstas figuran restricciones a la libertad de circulación y de reunión, además de la posibilidad de que las fuerzas de seguridad efectúen detenciones y registros sin autorización judicial previa. El decreto contempla asimismo la prohibición de manifestaciones y reuniones públicas, controles de vehículos y limitaciones a los desplazamientos en determinadas zonas y franjas horarias.
Entre las medidas previstas figuran restricciones a la libertad de circulación y de reunión, además de la posibilidad de que las fuerzas de seguridad efectúen detenciones y registros sin autorización judicial previa.
En el origen de la decisión se encuentra una serie de graves episodios criminales registrados, sobre todo, en el departamento de Zacapa. El primero se remonta al 27 de septiembre, cuando ocho personas, entre ellas tres mujeres y un menor de edad, fueron asesinadas en el municipio de Huité.
El 6 de noviembre, en Río Hondo, una emboscada armada provocó la muerte del diputado Julio César Portillo Paz, de 36 años, y de tres agentes de policía que formaban parte de su escolta. En el último episodio, ocurrido el 13 de noviembre en la localidad de El Tocino, en la zona de La Majada, un comando integrado por individuos con el rostro cubierto y vestidos con ropa de camuflaje causó la muerte de cinco civiles, mientras que otras tres personas resultaron heridas.
Ese mismo día, en Puerto Barrios, capital del departamento de Izabal, un ganadero y un agricultor fueron asesinados a tiros mientras se encontraban a bordo de un vehículo. Por el momento, las autoridades no han establecido una conexión directa entre los distintos ataques ni han identificado a los responsables.
La zona afectada por las medidas se encuentra a lo largo de la frontera con Honduras, en una región en la que operan grupos criminales vinculados al tráfico internacional de drogas. Las autoridades locales y los organismos internacionales señalan a estas organizaciones como grupos que compiten por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico.
La escalada de violencia coincide, además, con las recientes sanciones estadounidenses contra los grupos Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, debido a su implicación en el tráfico internacional de estupefacientes. En cuanto a las operaciones de seguridad, el Ministerio de Defensa ha anunciado el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea, explicando que en los departamentos afectados y en la vecina Chiquimula se mantienen puestos de bloqueo y control, dispositivos de seguridad vial, patrullas y labores de reconocimiento aéreo.
Queda por esclarecer si los distintos ataques pueden atribuirse a las organizaciones señaladas por las autoridades. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de las agresiones ni se han comunicado detenciones. En el comunicado mediante el cual se anunció la medida, el Gobierno aseguró que «las instituciones de seguridad coordinarán las acciones necesarias para proteger a la población y garantizar la paz de las comunidades, con pleno respeto de la ley y de los derechos humanos».
El estado de sitio permanecerá en vigor durante 30 días, periodo en el que las fuerzas de seguridad podrán actuar con las facultades extraordinarias previstas en la disposición.
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.