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Step 1
Sr Director:
El proyecto de ley que vuelve a tipificar como delito el ingreso clandestino al país y que se encuentra actualmente en el Senado de Chile, ¿representa una acción legislativa con base en evidencia o responde a pulsiones punitivas que entregan un mensaje simbólico, pero no resuelven el problema?
Chile ya recorrió este camino. Bajo el antiguo Decreto Ley 1.094, vigente hasta 2021, el ingreso irregular era delito penal. Y precisamente ese último año —cuando la penalización seguía plenamente vigente— fue el que registró el mayor número de ingresos irregulares de la historia reciente. Desde entonces, con un régimen exclusivamente administrativo, bajo la vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, los ingresos han disminuido de manera sostenida: un 50% entre el 2022 y el 2025.
Por cierto, ni el aumento ni la disminución de la irregularidad pueden atribuirse a modificaciones legales. Son otros los factores que de verdad inciden.
El proyecto no se ocupa de estos. Se limita a castigar el ingreso por paso no habilitado o la elusión del control migratorio por la vía penal, y lo hace trastocando, de paso, normas procedimentales para la aplicación de la prisión preventiva o el cumplimiento alternativo de penas: convierte una infracción administrativa en delito penal sin modificar la naturaleza de la conducta. Con ello, se diluye el principio de última ratio y se desdibuja la frontera entre sanción administrativa y castigo criminal.
A lo anterior se suma un endurecimiento procesal selectivo y discriminatorio, mayores restricciones de libertad, facilitación de la prisión preventiva y un estatuto penal diferenciado basado en la condición migratoria y socio económica del imputado.
En América Latina, el consenso es amplio: el ingreso irregular se enfrenta con herramientas administrativas, reservando el derecho penal para la trata y el tráfico de personas, o para situaciones muy calificadas de reincidencia. Penalizar la migración no fortalece el control; lo encarece, lo complejiza y lo vuelve menos eficaz.
En un contexto de estrechez fiscal, con desafíos de persecución criminal complejos de abordar, añadir al sistema de justicia criminal una carga importante de nuevos casos por la vía de la criminalización del ingreso irregular resulta perjudicial.
Aún es tiempo de corregir el camino. La popularidad también se puede ganar con un diseño de política pública serio y responsable. Menos eslogans y frases hechas, más rigor y responsabilidad.
Macarena Rodríguez
Tomás Pascual
Escuela de Derecho
Universidad Alberto Hurtado
