La corrupción, como prioridad

Sr. Director:

En febrero, se presentó el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Mide los niveles percibidos de corrupción del sector público en 182 países, con una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Se confirma que la lucha contra la corrupción no está pasando por un buen momento: el promedio mundial del ipc ha caído, alcanzando los 42 puntos.

Destacan dos tendencias preocupantes. Hay un primer grupo de países con puntajes que han decrecido progresivamente desde 2012, como consecuencia del debilitamiento estructural de sus instituciones: por ejemplo, Venezuela (10 puntos, el tercer peor puntaje a nivel global) y Hungría (40 puntos). Existen también países históricamente bien evaluados que han retrocedido notablemente en los últimos años: el informe incluye en esta situación a países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y, lamentablemente, Chile.

Aunque cada realidad es distinta, el declive se explicaría por el debilitamiento de los pesos y contrapesos, la existencia de brechas normativas no resueltas y un retroceso en los esfuerzos de fiscalización.

Al igual que en 2024, Chile obtuvo una evaluación de 63 puntos. En principio, no es un mal resultado: está en el puesto 31 de 182 países, supera ampliamente al resto de Latinoamérica (salvo Uruguay) y está mejor que Portugal y España. Sin embargo, preocupa la tendencia. Ha caído diez puntos desde 2014, con descensos significativos luego de los casos de financiamiento irregular de la política y, recientemente, de los casos «Convenios» y «Audios». Los escándalos que han afectado al Poder Judicial son especialmente preocupantes, y no solo porque la existencia de una justicia independiente e imparcial es la piedra angular del Estado de derecho. También, porque la reacción del sistema político se ha quedado en el manejo inmediato de la crisis, evitando avanzar decididamente hacia reformas que refuercen nuestros tribunales y el sistema de nombramientos judiciales.

El desafío de robustecer nuestros sistemas de integridad es de primer orden. Sabemos que propuestas técnicas de reforma no faltan. El desafío es reunir la energía política necesaria para llevarlas a cabo con mirada de largo plazo.

Benjamín García Vial
Espacio Público