La incidencia pública en contextos autoritarios

La noción de incidencia es clave para valorar la acción de promoción y defensa de los DDHH, sus grados de efectividad y de logro de los propósitos perseguidos.

Nelson Freitez Amaro

31 enero, 2018, 5:34 pm
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La acción de promoción y defensa de derechos humanos tiene como propósito central lograr incidencia en las instancias del Estado a objeto de que estas modifiquen, restablezcan o reparen las violaciones o afectaciones a tales derechos. Considerando que el Estado es el principal garante en el cumplimiento de los DDHH, y sus diversos entes responsables de su plena realización, los múltiples esfuerzos de documentación, sistematización, denuncia, movilización y demanda sobre el cumplimiento o violación de los mismos, buscan al final que las instancias estatales adopten las medidas, decisiones, planes, proyectos o recursos que posibiliten la realización plena o parcial de determinados DDHH. En tal sentido, la noción de incidencia es clave para valorar la acción de promoción y defensa de los DDHH, sus grados de efectividad y de logro de los propósitos perseguidos. La razón de ser de las organizaciones de DDHH está en gran medida asociada al logro de esa incidencia pública.

Esa efectividad de la incidencia pública que se busca ejercer sobre el Estado, está condicionada por el contexto político-institucional y socioeconómico de la sociedad en la que se actúe. En la medida en que el régimen político-institucional presente grados de apertura democrática o de autoritarismo frente a las aspiraciones, derechos y acciones de la ciudadanía, serán muy diferentes tanto el portafolio de estrategias y recursos que se utilicen como las posibilidades de logro en la incidencia que se busca alcanzar sobre las agencias del Estado. Un Estado que se niegue a sistematizar registros periódicos sobre condiciones de vida de la población; cuyos entes de fiscalización y protección de derechos de la población no actúen con independencia del Poder Ejecutivo; que invalide las actuaciones de poderes públicos electos por la población, utilice al poder judicial para criminalizar las demandas ciudadanas por DDHH y enjuicie a ciudadanos que los exigen o censure a los medios de comunicación que difundan información sobre tales violaciones, le impone crecientes bloqueos al ejercicio de la incidencia pública por parte de quienes se plantean la promoción y defensa de esos derechos.

En la Venezuela de hoy, cada vez existen mayores obstáculos para ejercer incidencia en la defensa de DDHH. Ante el incremento de las restricciones, bloqueos y falta de independencia de los poderes públicos en el aparato de Estado, en un contexto de creciente emergencia humanitaria y un acelerado y masivo deterioro de las condiciones de vida y de pérdida de las mismas, es imperativo recrear, diversificar y ampliar las formas y los ámbitos de ejercicio de la incidencia.

En esta dirección, cada vez se actúa más en redes sectoriales, regionales y nacionales en un proceso de articulación que busca lograr mayor impacto de las acciones. Por otro lado, se amplían las identidades de quienes se asumen como defensores de DDHH, incorporándose diversos activistas sociales de gremios, sindicatos, iglesias, universidades. En otra dirección, se expresan formas novedosas y creativas de la protesta pública de calle que —trascendiendo el repertorio conocido de las marchas y las trancas de vías—, se manifiestan por medio del arte, de nuevos códigos de la comunicación digital y con otras formas de presencia social en el espacio público. Así también, cada vez más se apela a la presencia en el ámbito internacional, tanto con informes, denuncias y pronunciamientos en instancias multilaterales de defensa de DDHH como en interlocución con actores sociales de diversos países para comunicar las realidades del país y procurar alianzas que puedan incidir en las posiciones de los Estados respectivos.

La calidad de esos nuevos repertorios de la acción de incidencia deviene, en buena medida, de la capacidad de monitoreo y comprensión del contexto y de sus aceleradas modificaciones. Comprender los planes y estrategias de los factores de dominación, de sus iniciativas y proyectos, por ejemplo, llevó a PROVEA a caracterizar públicamente al actual régimen político como una Dictadura, en lo que fue pionera en el universo de los DDHH, lo cual le ha permitido actuar en correspondencia tomando al respecto diversas iniciativas. De allí que se estén valorando y afinando los procesos de seguimiento y evaluación del entorno para construir escenarios y trazar estrategias apropiadas en función de orientar acciones, alianzas y rumbos de corto y mediano plazo.

De tal forma, la complejidad autoritaria del contexto que vivimos está demandando una correspondiente adaptación de la acción de promoción y defensa de DDHH en búsqueda de la necesaria efectividad en la incidencia pública. Sobre todo, ahora que se extiende una voraz emergencia humanitaria que se lleva por delante vidas, esperanzas y capacidades.

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Fuente: http://revistasic.gumilla.org

Escribe para revista SIC de Venezuela.