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El desarrollo sostenible e integral que propicie el bien común va estrechamente ligado a un cuidado responsable del medioambiente.
Cuando el mundo celebra el día de la Tierra como nuestra casa común, sentimos la necesidad urgente de reflexionar cada vez más sobre el cuidado medioambiental en tiempos de crisis. Y esta conexión entre conmemoración y crisis medioambiental está en la génesis misma de la celebración que acontece cada 22 de abril y cuyo origen se remonta a 1970, cuando UNESCO se propuso concientizar sobre los problemas medioambientales en todo el orbe. Así, años más tarde, en 2009, fue oficializada por Naciones Unidas con la resolución 63/278, que señalaba que había que reconocer «que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra».
En esta columna queremos invitar a abordar y reflexionar acerca de cómo la economía y la relación productiva con el Planeta, promovidas por un capitalismo extractivista, se relacionan intrínsecamente con palabras como «cambio climático», «contaminación» o “conflictos sociales”, que están en la sustancia de la crisis medioambiental. En efecto, en las políticas de los Estados hay conocimiento sobre estos tópicos, pero en el debate suelen reducirse a soluciones técnicas. Sin embargo, la pregunta de fondo debería orientarse a algo más estructural: ¿por qué un sistema necesita producir daño a gran escala para funcionar?
Para ahondar en la toma de conciencia, presentamos brevemente qué entendemos por capitalismo extractivista: se trata de una forma específica de organizar la producción, la que se vuelve dominante en la periferia y la semiperiferia del sistema mundial, en los términos planteados por Immanuel Wallerstein. Su lógica es simple y brutal: crecer, apropiándose de la naturaleza y del trabajo mal remunerado, exportar esos recursos como materias primas baratas y dejar los costos en el territorio. En ese sentido, el capitalismo extractivista no es una falla del mercado, es el modelo que funciona tal como fue diseñado.
El extractivismo presenta al menos cuatro rasgos característicos:
— Primero, opera a gran escala y con alta intensidad. En Chile esto se observa en la megaminería a cielo abierto, en lugares como Chuquicamata, en los monocultivos de miles de hectáreas y en la pesca de arrastre industrial. Esta escala rompe la capacidad de regeneración de los ecosistemas.
— Segundo, tiene una clara orientación exportadora. El territorio se transforma en un campamento más que en un destino. Chile exporta cobre, litio, celulosa y salmones, mientras importa manufacturas y tecnología.
— Tercero, presenta un débil encadenamiento local. La gran minería trae su propia infraestructura, energía y logística. En el entorno local se generan empleos temporales, inflación y pasivos ambientales una vez que el proyecto termina.
— Cuarto, implica la apropiación de la renta. Aunque los recursos son públicos, la renta —la diferencia entre el costo de extracción y el precio internacional— se privatiza. Hasta 2023, el royalty minero chileno capturaba menos del 10% de la renta del cobre. El resto se dirige a accionistas, muchos de ellos extranjeros.
Estos procesos se inscriben en lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión. Cuando el capitalismo no puede expandirse mediante nuevos mercados, crece apropiándose de recursos existentes: tierras indígenas, santuarios de la naturaleza, aguas comunitarias o trabajo no remunerado, como el de mujeres que asumen labores de cuidado frente a enfermedades asociadas a la contaminación.
A esto se suma una concepción de la naturaleza como un stock infinito y gratuito, en lugar de un flujo finito que requiere tiempo para regenerarse. En Chile, esto se expresa con claridad en la crisis hídrica. La minería y la agroindustria en la zona central utilizan más agua de la que se repone naturalmente. Los acuíferos no son simples recursos, son procesos geológicos de larga duración, y su recuperación es extremadamente lenta.
El extractivismo también se justifica a partir de la teoría de las ventajas comparativas, asociada a David Ricardo. Según esta lógica, los países deben especializarse en aquello que producen con mayor eficiencia. En el caso de Chile, eso implica exportar materias primas como el cobre. El problema es que esta especialización suele derivar en la llamada «maldición de los recursos»: la dependencia de los precios internacionales de los commodities, que genera inestabilidad fiscal cuando estos caen.
Además, se produce un proceso de desindustrialización. El ingreso de divisas por exportaciones primarias tiende a apreciar la moneda, lo que encarece la producción local y favorece la importación. Así, Chile exporta concentrado de cobre e importa productos elaborados como cables de cobre. Esta dinámica reduce los incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico.
En este contexto, el extractivismo configura una élite rentista más que una élite innovadora en sentido schumpeteriano. La economía se orienta a capturar rentas antes que a generar valor agregado, lo que limita el desarrollo de capacidades productivas complejas.
En último término, este modelo puede leerse también desde una dimensión ética. Como ha advertido el Papa Francisco, se trata de una «cultura del descarte». Se descarta la tierra cuando deja de ser rentable, se descarta al trabajador cuando finaliza el proyecto, se descarta a las personas afectadas por la contaminación. Nada es sagrado, todo se convierte en recurso.
En resumen, es clave avanzar en la responsabilidad de resguardar los equilibrios de los ecosistemas y en la interdependencia existente entre los seres humanos y las demás especies vivas, puesto que el planeta que habitamos es común a todos. Ya no es posible sostener el impacto antropogénico desde la lógica utilitarista sobre la naturaleza. Al respecto, el Papa Francisco señalaba que «después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta» (Laudato si’, 19). Esta preocupación es aún más imperiosa si pensamos en nuestro país.
Es clave avanzar en la responsabilidad de resguardar los equilibrios de los ecosistemas y de la interdependencia existente entre los seres humanos y las demás especies vivas.
En el caso de Chile hay que señalar que su riqueza natural y biodiversidad es un tesoro que debemos proteger. Solo si consideramos un dato cuantitativo sobre su superficie territorial, aproximadamente un quinto está destinada a la protección de parques y reservas administradas por el Estado, pero además existen otros territorios como santuarios de biodiversidad y áreas marinas que elevan dicha riqueza natural a más de un tercio de nuestro territorio. No en vano, hasta en nuestro himno nacional se describen las bondades de la naturaleza como una «copia feliz del Edén». Y esto es así, porque verdaderamente hemos sido bendecidos por la belleza y la diversidad de paisajes, de norte a sur, desde las altas cordilleras, glaciares, majestuosos volcanes nevados, lagos y ríos llenos de vida. Todos estos ecosistemas tan particulares y únicos debemos cuidarlos y protegerlos porque, de lo contrario, el quiebre de los equilibrios acarreará una serie de daños que pueden ser imposibles de revertir, sobre todo si no se evalúa adecuadamente el alcance que la actividad humana extractivista puede tener sobre ellos. En efecto, cuando solo priman las relaciones centradas en dinámicas utilitaristas y dominadoras, donde solo importa la incitación al consumo y al aumento del poder enfocado en la explotación de los recursos naturales, difícilmente habremos tomado conciencia sobre el cuidado de la Tierra. La explotación irracional de los recursos naturales se realiza sin prever el efecto de estos procesos en el ambiente ni proyectando el futuro de las próximas generaciones. Interesa solamente el fruto inmediato de la productividad. No se toman en cuenta los impactos severos sobre nuestra casa común, como la acumulación de residuos tóxicos y las grandes cantidades de desechos. El panorama planteado por científicos y expertos sobre el cambio climático —agravado por las industrias y sus emisiones de gases— presenta un sinfín de fenómenos que se traducen en el aumento de la temperatura global del aire y del mar, la desertificación progresiva de vastas zonas del planeta, la reducción de ecosistemas naturales, la acidificación de los océanos y la intensificación de fenómenos climáticos. Todos constituyen un peligro para la humanidad.
Lo anterior nos lleva a recordar que el cuidado responsable del medioambiente y la tutela nuestros ecosistemas es un deber común y universal. Al mismo tiempo, la doctrina social de la Iglesia nos recuerda: «Los diversos ecosistemas, el valor ambiental de la biodiversidad, se ha de tratar con sentido de responsabilidad y proteger adecuadamente, porque constituye una riqueza extraordinaria para toda la humanidad» (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, 466). De este modo, enfrentar la crisis medioambiental implica tener una perspectiva de justicia social, porque «el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a aquellas causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta» (Laudato si’, 48). El desarrollo sostenible e integral que propicie el bien común va estrechamente ligado a un cuidado responsable del medioambiente, a mirar más allá de nuestras diferencias y anteponer el cuidado del patrimonio medioambiental de Chile como una tarea prioritaria y ética de todas y todos.
Imagen: Pexels.
