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El nuevo informe del Monitor de Municiones de Racimo 2026 revela un drástico empeoramiento de las cifras: más de mil personas se han visto afectadas, entre fallecidos y heridos, en el último año, el 87% de las cuales son civiles. Giuseppe Schiavello, director de la Campaña Italiana para Combatir las Minas Antipersona, afirma: «La situación está empeorando significativamente».
En un contexto global cada vez más violento, el uso de bombas de racimo continúa sin cesar. Esta es la advertencia del informe Cluster Munition Monitor 2026 (Monitor de Municiones de Racimo 2026): en 2025, se registraron más de mil víctimas mortales en todo el mundo, una de las cifras más altas jamás registradas, de las cuales el 87% eran civiles. La situación se agrava aún más por el panorama geopolítico actual, donde las partes en conflicto parecen reacias, por razones opuestas, a cesar su dramática guerra. En general, ninguno de los 112 Estados parte de la Convención de Oslo de 2008 ha utilizado jamás municiones de racimo. Por el contrario, naciones no signatarias, como Rusia, Estados Unidos, China e Irán, hicieron un uso masivo de ellas en 2025 y la primera mitad de 2026.
Se trata de armas convencionales que consisten en un gran contenedor que, una vez lanzado desde una aeronave, libera cientos de pequeñas bombas sobre vastas áreas. Muchos de estos fragmentos, debido a defectos internos o a terrenos particularmente fangosos, no explotan y permanecen activos durante años, convirtiéndose en un campo minado.
«Si observamos los escenarios de conflicto actuales en todo el mundo», declaró Giuseppe Schiavello, director de la Campaña Italiana para Combatir las Minas Antipersona, a los medios vaticanos, «la situación está empeorando significativamente. Ucrania es actualmente el territorio más afectado en este sentido, pero el uso masivo de estos artefactos sigue siendo, lamentablemente, una constante generalizada». Actualmente, 18 países producen y mantienen la capacidad de usar municiones en racimo, una resistencia que, según Schiavello, se basa en un argumento claro: «La justificación que adoptan los Estados es la de querer tener armas que podrían ser esenciales para su defensa en caso de guerra, sin considerar, sin embargo, las consecuencias a largo plazo, que en el 90% de los casos afectarán a la población civil».
Una señal alarmante surgió en marzo de 2025, cuando Lituania se retiró formalmente de la Convención de Oslo, seguida por el posterior voto de Estados Unidos en contra de la resolución de la ONU sobre el tema. El temor a una posible reacción en cadena es, por lo tanto, real, poniendo en riesgo el derecho internacional humanitario. En este sentido, Schiavello advierte: «Debemos preguntarnos si este hecho crea las condiciones para que alguien se sienta legitimado al retirarse de una Convención, bajo el pretexto de que puede renunciar a los derechos humanos para defenderse». Para el director de la organización sin fines de lucro Campaign, el problema radica en que la percepción de peligro autoriza el uso de cualquier tipo de armamento, sin ninguna restricción legítima o moral.
Según los datos publicados en el informe, desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ostenta el triste récord de víctimas, con más de 900 muertos y heridos, la mayoría civiles. Otro factor crítico es el peligro de las municiones sin explotar que aún permanecen en territorio ucraniano: un legado trágico que amenaza con comprometer la seguridad incluso de las generaciones futuras.
Según los datos publicados en el informe, desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ostenta el triste récord de víctimas, con más de 900 muertos y heridos, la mayoría civiles.
Sobre este tema, Schiavello aclara: «Es extremadamente difícil estimar el impacto económico en los costos de la limpieza, ya que se trata de operaciones complejas que deben llevarse a cabo con total seguridad. Además de requerir plazos muy largos, los terrenos contaminados con restos de guerra, bombas de racimo, minas y proyectiles de artillería deben alcanzar un umbral de seguridad del 99,6%, un nivel de precisión que solo la limpieza manual puede garantizar».
Por lo tanto, la rehabilitación de la zona requerirá un tiempo muy prolongado, comparable al de los grandes conflictos del siglo XX. Además, existe el problema de la contaminación ambiental. Los campos utilizados habitualmente para actividades agrícolas deberán ser descontaminados de las sustancias químicas tóxicas liberadas por los artefactos explosivos antes de que puedan recuperar su plena productividad. «En Italia», explica Schiavello, «aún se encuentran artefactos que datan de la Segunda Guerra Mundial, más de ochenta años después del fin del conflicto. Por consiguiente, la limpieza de Ucrania llevará décadas, aunque los avances tecnológicos han mejorado significativamente las capacidades de desminado».
En un contexto global que parece aceptar cada vez más la implementación de estrategias inhumanas, la lucha política contra las municiones en racimo debe seguir siendo un imperativo moral ineludible. El camino para revertir esta tendencia, aunque largo y tortuoso, implica el compromiso de desmantelar los principales canales de distribución de la industria bélica, junto con la intención de presionar a las superpotencias militares para que respeten los tratados humanitarios. Por lo tanto, la comunidad internacional debe aprovechar esta conciencia para evitar que nuevos sucesos trágicos perjudiquen aún más el futuro de todas las poblaciones civiles atrapadas en conflictos.
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.
