Sr. Director:
Chile lleva décadas transitando un cambio demográfico silencioso, pero profundo. La fecundidad entre los chilenos ha caído sostenidamente desde la década de 1990. Hoy se sitúa en 1,03 hijos por mujer (2024), muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1. Simultáneamente, la inmigración internacional se ha convertido en un componente estructural de la población y la proporción de personas nacidas fuera del país pasó desde 0,8% en 1992 a 8,8% en 2024. Su edad promedio es de 33,5 años, es decir, cinco años menos que el promedio de la población nacida en territorio chileno.
Chile envejece rápido y ese proceso está siendo frenado en parte por familias migrantes. Casi uno de cada cinco niños que nace en el país tiene madre extranjera (18,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas en 2022).
Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes de esas familias siguen siendo invisibles para la política pública. No son considerados debidamente, pese a que ya son parte de escuelas, consultorios y ciudades. Además, son los futuros trabajadores que sostendrán sistemas de pensiones y salud que fueron diseñados para otra realidad demográfica.
Resulta incomprensible que se evalúe restringir la nacionalidad por nacimiento a hijos de migrantes en situación irregular. Carecer de ella les significa limitar su acceso a servicios básicos como salud y educación. Agravará, por tanto, sus condiciones sociales, generando perjuicios al conjunto de la sociedad.
No se debe concentrar el debate migratorio en el control de fronteras e ingresos irregulares, y descuidar preguntas esenciales. ¿Qué condiciones estamos ofreciendo a casi el 20% de los niños que nacen en Chile para que puedan desarrollarse? ¿Qué significa crecer en Chile siendo migrante o hijo de migrante en situación irregular? ¿Cuántos de ellos enfrentan pobreza y exclusión sin que el Estado se haga responsable de su bienestar?
La transición demográfica chilena ya ocurrió. Revertir la caída de la natalidad es difícil y las políticas públicas solo podrían desacelerarla, en el mejor de los casos.
Debemos asumir que los niños y niñas que ya están aquí son parte de Chile y su bienestar no es solo una obligación ética, sino que es también una condición para el futuro del país.
Ciertamente, resulta paradójico que, pese a nuestra preocupación por el envejecimiento, la baja natalidad y la presión sobre los sistemas de protección social, sigamos discutiendo la migración como si solo fuera una amenaza. Falta voluntad política para observar todo este proceso de otra manera, atender a la oportunidad que representa y reconocer el deber ético que hay con esos niños y niñas.
Alejandra Abufhele
Escuela de Gobierno UAI