El académico y político DC Otto Boye evalúa el inicio del gobierno de Salvador Allende, marcado por tensiones de distinto origen, expectativas insufladas por ideologías y ánimos de lucha frontal. El texto, Comentario Nacional, pasa revista a la situación de cada uno de los partidos y bloques políticos.
Las declaraciones de intenciones, las primeras medidas concretas (incluidos los nombramientos), el comportamiento de la combinación de gobierno y las relaciones con la oposición constituyen algunos de los tópicos en los cuales necesariamente debemos caer si queremos considerar lo que globalmente podemos denominar “el primer mes” de la nueva Administración.
Los discursos inaugurales de los Presidentes de la República han servido siempre para sintetizar en forma breve, completa y solemne la orientación fundamental que tendrán los gobiernos que se inician. Para eso son y para nada más. Por ello, no debe caerse en la ilusión óptica de que Allende, al hablar en el Estadio Nacional, dibujó detalladamente lo que sería su gobierno. No. Allí sólo expuso sus intenciones básicas, dejando para más adelante el ir definiendo sus pasos más circunstanciadamente.
La línea central del planteamiento presidencial se puede resumir en su propósito de realizar los cambios profundos que Chile necesita dentro de la libertad. Veamos los dos extremos de esta idea matriz.
Las transformaciones que Allende desea impulsar se pueden ubicar dentro de una meta: liquidar el sistema capitalista en el cual se desenvuelve nuestro país, abriendo el camino hacia el socialismo. Ello implica atacar dos frentes muy precisos: uno interno y otro externo. El interno se manifiesta en las profundas desigualdades sociales y económicas que dividen a los chilenos en clases sociales, cuyos extremos son muy diferenciados y antagónicos. Existe aquí un campo de acción que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida económica nacional: la agricultura, la industria, la minería, el sistema monetario y crediticio, etc. La inflación, la educación y la vivienda son algunos de los tantos problemas que comprende el frente interno.
Las transformaciones que Allende desea impulsar se pueden ubicar dentro de una meta: liquidar el sistema capitalista en el cual se desenvuelve nuestro país, abriendo el camino hacia el socialismo.
El frente internacional, aparentemente más reducido en cuanto a magnitud, es, sin embargo, tan importante como el anterior, si la meta es, como en este caso, el desarrollo autónomo de Chile. El sistema capitalista tiene una expresión local y específica dentro de cada país, de acuerdo con las modalidades propias de cada realidad, pero tiene a su vez todo un andamiaje internacional que coordina y hace funcionar la economía (y también la política) en beneficio de las metrópolis más poderosas. Derrotar la dependencia es un anhelo muy profundo de nuestros pueblos, pero se trata de una tarea larga, difícil y cada vez más compleja. Ningún pueblo pequeño ha salido hasta ahora en forma plena y cabal de la dependencia. Lo más que se ha logrado es salir de una para pasar a otra, que se considera menos intolerable. Y eso no es, de ninguna manera, el ideal que se persigue.
El otro elemento de la tesis central del Presidente Allende gira en torno al problema de la libertad y la democracia. Este punto mereció un énfasis sumamente destacado en el discurso inaugural, pesando en su contenido los ya famosos “sesenta días” que precedieron a la toma del mando. El Presidente se siente orgulloso de que Chile haya a lo largo de su Historia, “logrado imponer la vía política por sobre la violencia”. Señala que esta es “una noble tradición” y “una conquista imperecedera”. “El respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro, es uno de los bienes culturales más significativos con que contamos”, agrega Allende. Por eso reafirma, que a pesar de los intentos golpistas de algunos sectores de la derecha, que culminaron en el asesinato del general Schneider, Chile debe tomar “el camino al socialismo en democracia”. “Pluralismo y libertad” son posibles en esta nueva experiencia: “La Unidad Popular es, constitutivamente, el exponente de esta realidad. Que nadie se llame a engaño: los teóricos del marxismo nunca han pretendido, ni la historia demuestra, que un partido único sea una necesidad en el proceso de transición hacia el socialismo”.
Es interesante destacar que salvando las diferencias naturales de ideologías, hombres y circunstancias, el compromiso de Allende se asemeja con el que contrajo Frei en su discurso inaugural de 1964, casi con las mismas palabras, en el sentido de realizar las transformaciones estructurales respetando las conquistas democráticas del pueblo chileno. Es por esta misma razón por la cual creemos que las diferencias no se van a plantear en el terreno de las palabras, sino en el de los hechos y van a ser éstos los que, en definitiva, permitirán hacer un juicio histórico de los seis años del Gobierno de Frei y del período que recién comienza.
Las primeras semanas estuvieron dominadas por la “instalación” del nuevo gobierno. Esto significa, en otras palabras, la dedicación de muchos días a la tarea de cursar una gran cantidad de nombramientos. En este caso, por tratarse de una combinación de cuatro partidos y dos movimientos, y también por haber estado Allende ocupado de defender y consolidar su triunfo electoral entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre, se pudo constatar mucha improvisación y atraso en las designaciones. Asomó, además, uno de los elementos más perturbadores de toda combinación de gobierno: la pugna por conquistar la mayor cuota de influencia posible en el seno de la burocracia.
A grandes rasgos podemos afirmar, considerando sólo los nombramientos principales, que el Partido Comunista tomó en sus manos las mayores responsabilidades en el campo de la economía; el Partido Socialista reservó para sí los controles políticos, a pesar de que uno de los puestos claves, la Subsecretaría del Interior, correspondió a un militante comunista; el Partido Radical aceptó dos Ministerios, Defensa y Educación, que desde hace muchos años constituyen la preocupación fundamental de los sectores de la clase media; y el MAPU aceptó concentrar su acción preferentemente en la agricultura. El Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente obtuvieron cargos de poca gravitación política.
En el campo de las realizaciones propiamente tales, muy poco puede todavía señalarse. Aparte del rápido restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, en el campo nacional no se vislumbran aún las líneas concretas de la política que se llevará a cabo. Se han realizado gestos y acciones que intentan imponer un estilo, proyectar una imagen “popular”, pero no se ha expuesto todavía la forma cómo se enfrentarán los problemas nacionales. Es probable que el segundo mes de gobierno sea más fecundo en este campo, porque hay definiciones que no pueden demorarse más. Por ejemplo, en el campo económico, antes de ver la luz pública este comentario el Ministro de Hacienda habrá expuesto el estado de las finanzas y habrá señalado la política económica que seguirá el nuevo gobierno, incluyendo el delicado y explosivo problema de la política salarial.
La Unidad Popular constituye la base política del Gobierno de Allende. Su análisis es vital para comprender el futuro político de Chile, ya que sobre ella descansa la suprema responsabilidad de acompañar al Presidente de la República en su gestión durante los próximos seis años.
Sin profundizar, por ahora, cabe destacar que la combinación de gobierno cuenta con tres socios mayores y tres menores. Esta diferencia, que durante la campaña electoral fue diluida al máximo, quedó oficialmente reconocida en la distribución de Ministerios, al obtener los tres socios grandes, tres Secretarías de Estado cada uno, mientras a los socios más pequeños se les asignaron una o, a lo máximo, dos carteras ministeriales. El mismo criterio se observó en la repartición de puestos restantes. Algunos sectores señalaron que esta distribución no era definitiva y que las elecciones municipales de abril darían la pauta para hacer los reajustes correspondientes. Esto fue desmentido públicamente por Allende, quien al parecer no desearía verse obligado a dedicarle mucho tiempo más a esta ingrata labor de reparto de funciones, que no siempre se hace dentro de un clima de armonía. El Presidente quiere trabajar en llevar adelante su programa y no desea dilapidar los plazos que tiene para ello.
Observando la conducta individual de cada componente de la Unidad Popular, nos parece distinguir diversos grados de lealtad y apoyo al nuevo gobierno. La adhesión más disciplinada y consciente proviene del Partido Comunista. Este miembro de la combinación gubernamental tiene muy claras sus posibilidades y sus limitaciones. Su preocupación más acentuada residiría en atravesar sin tropiezos insalvables los seis años constitucionales de Allende, demostrando al país y al mundo entero que un Partido Comunista puede también comportarse democráticamente. Esta conducta, nada fácil para quienes se han formado políticamente teniendo como modelos experiencias donde ha imperado la rigidez totalitaria, podría constituir el aporte más original a la experiencia chilena. Allende demuestra estar interesado en que así suceda, pero otros grupos que apoyan al gobierno no comparten este criterio o son indiferentes al mismo. El Partido Socialista, por ejemplo, no tiene cohesión interna respecto a su conducta futura en este y otros puntos. Un sector apoya frontal y directamente al Presidente de la República y lo acompañará, aparentemente, hasta las últimas consecuencias. Otro, u otros, consideran que muchos aspectos no definidos hasta ahora, abren la oportunidad para revisar el esquema político dentro del cual deberá moverse el gobierno y elaborar una nueva estrategia que podría darle más cohesión a la combinación de gobierno, aún al precio de una mayor dureza para ejercer el poder. Este sector terminaría probablemente con la presencia de los “socios chicos” en el gobierno e, incluso, objetaría mayores o nuevas responsabilidades para el Partido Radical. El argumento ideológico que daría para ello giraría íntegramente en torno a la lucha de clases y a la afirmación de que los partidos políticos expresan fielmente a sectores sociales con intereses normalmente contrapuestos.
El Partido Radical, permaneciendo como típico exponente de la clase media chilena, condiciona su apoyo a la circunstancia de que dicha clase social, al menos en sus segmentos inferiores y medios, no se vea duramente afectada por políticas destinadas a favorecer a la clase obrera y campesina. Esta posición entrará en conflicto con los sectores antes mencionados del Partido Socialista, con el MAPU y con el MIR. Allende, el sector socialista que lo apoya fielmente y el Partido Comunista, procurarán que los radicales se mantengan en el gobierno. El Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente estarán en la misma actitud, entre otras razones porque de alguna manera se asemejan bastante al Partido Radical.
El MAPU procurará conservar su influencia máxima en el terreno ideológico. En ese nivel será uno de los componentes de la Unidad Popular más activos, y a la vez más exigentes e insatisfechos. Su destino político se jugará recién en la elección parlamentaria de 1973, siempre que decida convertirse en partido político. De lo contrario pasará a ser un simple grupo de reflexión y de acción aislada del contexto legal en el cual quiere moverse Allende durante su mandato.
El MIR, finalmente, es un caso especial. No forma parte de la Unidad Popular, pero tiene gran influencia en algunos de sus miembros. Cuenta con la máxima desconfianza por parte del Partido Comunista. Será, en la primera etapa, otro de los elementos que llevará su lucha al terreno ideológico para procurar revisar el esquema de gobierno de Allende profundizando su carácter revolucionario. El abandono o mantención de la clandestinidad será una de las decisiones que deberá tomar dentro de poco. Serviría de índice para apreciar si ha llegado a un entendimiento con la Unidad Popular como tal o mantiene sus lazos cortados.
Las dos fuerzas básicas de la oposición, la derecha y la Democracia Cristiana, no definen aún el exacto sentido que tendrá su actitud dentro del panorama nacional. Hasta ahora se han producido apenas las que, podríamos considerar, son sólo primeras escaramuzas. Estas se han polarizado directamente entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana.
En el plano de la ejecución de su programa de gobierno, Allende tendrá éxito o fracasará, al menos en el corto plazo, según sean buenas o malas sus relaciones con la Democracia Cristiana. El apoyo a proyectos de importancia será básico para llevarlos a la práctica. Aunque está más dentro de la lógica política que sea la Democracia Cristiana la que apoye la nacionalización del cobre, la reforma bancaria y todas aquellas medidas que tiendan a sustituir el sistema capitalista por otro y que esté en la línea de la “revolución chilena, democrática y popular” que prometió solemnemente al pueblo durante la última campaña electoral. Por eso, más allá de los enfrentamientos que se han producido hasta ahora, en las poblaciones, en la FECH, en la Administración Pública, en el Parlamento y en la prensa, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular deberán definir con precisión sus relaciones futuras. El pueblo no desea, con toda seguridad, que se inicie una interminable y agotadora “guerrilla política”, que postergue las soluciones urgentes de algunos problemas.
Dividir a la Democracia Cristiana es un objetivo tentador para muchos. Sin embargo, cabe preguntarse: y si lo logran, pero se llevan solamente otro MAPU a la Unidad Popular, endureciendo al grueso de la Democracia Cristiana, ¿quién saldrá favorecido? ¿El pueblo? ¿Allende? ¿La Unidad Popular? Pensamos que nadie lo será. Al contrario. Todos serían víctimas a la larga. Particularmente Chile y su pueblo.
Santiago, 24 de noviembre de 1970.