El Comentario Nacional escrito por Jaime Ruiz-Tagle se refiere al paro nacional que había afectado al país. Hace especial énfasis en el papel “de la clase media” en las tensiones vividas. Y sentencia: “Aunque no les resulte agradable, los militantes de la UP y de la oposición se necesitan mutuamente”.
Cuando aparezcan estas líneas tal vez el paro que afectó al país durante 26 días y que fue calificado por el General Prats, nuevo Ministro del Interior, como “el más grave de la historia de Chile”, haya perdido algo de su actualidad. Nos ha parecido, sin embargo, que tratándose del hecho político más relevante de los últimos dos años no podíamos dejar de comentarlo.
Vale la pena recordar sucintamente las etapas del enfrentamiento. El conflicto empieza bajo la forma de una protesta de los dueños de camiones, ante una (¿presunta?) amenaza de estatización y el no cumplimiento por parte del gobierno de los compromisos contraídos en materia de repuestos. La Asociación de Dueños de Camiones representa a más de 30.000 miembros que poseen alrededor de 45.000 camiones; se trata, en la mayor parte de los casos, de pequeños empresarios. Los choferes de los camiones, que perciben rentas más que medianas, tienden a solidarizar con los propietarios. Este paro puede paralizar la marcha del país. La Derecha, que ha visto frustrados sus esfuerzos para probar la ilegitimidad del gobierno, lo apoya con entusiasmo, ya que ve en la detención del país un arma para derribar a Allende. El gobierno reacciona violentamente, encarcelando a los dirigentes gremiales y ordenando la requisición de los camiones.
El encarcelamiento de dirigentes gremiales nunca ha sido bien visto por la opinión pública chilena. Las sangrientas luchas de la clase trabajadora han logrado que los líderes sindicales sean respetados, aun cuando los movimientos que promuevan no sean legales. La aceptación de los conflictos “ilegales” por parte de las autoridades había llegado a ser una norma impuesta por los hechos; por no citar más que algunos ejemplos: en 1964 —último de Alessandri— hubo 476 huelgas ilegales y sólo 88 legales; en 1967 —a mediados del gobierno de Frei— se contaron 861 huelgas ilegales y sólo 253 legales. Si en los casos en que no se respetó la ley los dirigentes hubieran sido encarcelados, las prisiones se habrían hecho pequeñas. Es por todo esto que cierta prensa de oposición moderada calificó como un error político del Gobierno el encarcelamiento de los dirigentes. En todo caso, esa medida sirvió como detonador facilitando la extensión del movimiento huelguístico: los comerciantes cerraron sus negocios y fueron rápidamente seguidos por otros gremios: pequeños industriales y artesanos, dueños de buses y taxis, bancarios, colegios profesionales, pilotos de la Línea Aérea Nacional, federaciones campesinas, etc. En esta etapa de extensión del movimiento, la Democracia Cristiana había jugado un rol importante. Sus dirigentes pensaron que si permanecían al margen del movimiento toda la ola de protestas sería capitalizada por la Derecha; decidieron entonces movilizar a sus bases para tratar de tomar la dirección de las fuerzas opositoras. Si lo lograban podrían obtener un doble objetivo: detener los intentos golpistas de la Derecha —nefastos para la DC— y conseguir que el Gobierno cambiara la metodología del proceso de cambios, que pasara de la vía de los hechos consumados a la vía del consenso.
El clímax de la batalla se vivió a fines de octubre. El Gobierno había decretado no sólo el Estado de Emergencia en casi todo el país y el Toque de Queda en numerosas provincias, sino también una cadena radial obligatoria, solicitada por el Comandante en Jefe del Ejército. Esta medida, declarada ilegal por la Contraloría, contribuyó a exacerbar los ánimos, sobre todo porque las informaciones oficiales eran de una parcialidad evidente. La fraseología exaltada de los personeros del Gobierno contrastaba con la firmeza y calma de las Fuerzas Armadas, que lograron controlar los numerosos atentados terroristas, y con la organización y eficiencia de la clase obrera y de los grupos voluntarios adictos al Gobierno, que consiguieron abastecer a la población y mantener en marcha las industrias. Pero a pesar de estos esfuerzos, los stocks de combustible y de materias primas comenzaban a agotarse. Si el país se paralizaba se haría el juego a los extremistas: al extremismo de Derecha que presionaba a las Fuerzas Armadas para que dieran un golpe, o al extremismo de Izquierda, que pretendía convertir la movilización popular en “vía armada”. Era indispensable buscar una salida política.
Ese momento fue aprovechado por la Oposición para representar lo que llamó el “Pliego de Chile”, conjunto de exigencias eminentemente políticas.
La distensión empezó a producirse cuando se observó que, a pesar de la extrema tensión, las Fuerzas Armadas seguían apoyando firmemente al Gobierno constitucional. Esta constatación desalentaba a la Derecha, pero tampoco entusiasmaba a la ultraizquierda y a sus simpatizantes, ya que se procedía con moderación frente a los sectores en huelga. En esta etapa de distensión el hecho más significativo fue la supresión de la cadena radial obligatoria, decidida por el Gobierno, probablemente a pedido de la misma autoridad que la había solicitado.
En fin, el desenlace de la batalla es conocido: el Presidente cambió su Gabinete, incluyendo a tres representantes de las Fuerzas Armadas. El General Prats, nuevo Ministro del Interior, ofreció condiciones de paz que daban seguridad a los gremios de transportistas y comerciales, así como a los demás sectores en huelga. Los dirigentes aceptaron suspender el paro, señalando que la palabra de un General les merecía confianza.
Si nos preguntamos ahora: ¿Quién ganó la batalla?, nos vemos obligados a distinguir tres dimensiones —económica, política e ideológica— que deben ser tomadas en cuenta en cualquier balance de este tipo.
Desde el punto de vista económico, Chile entero resultó perjudicado. Algunas publicaciones gobiernistas han calculado los daños en unos 200 millones de dólares. La proyección de esta cifra a todo un año indica que se llegaría a una suma cercana a la mitad del producto nacional bruto; en otras palabras, durante los días del paro la actividad productiva habría alcanzado a un 50 por ciento del ritmo normal. Estas cifras bastan para poner en evidencia el infantilismo revolucionario del MIR, quien sostenía que el paro había demostrado que el país no tiene necesidad de los “patrones” para funcionar. Estas cifras indican también que las autoridades de Gobierno debieron ser más cautelosas cuando afirmaron que el país marchaba casi normalmente; falsear los hechos objetivos no ayuda a la causa revolucionaria, ya que hace perder la fe en la palabra de los dirigentes. Este grave golpe a la economía del país constituye también un traspié para el Gobierno, responsable último de la gestión.
En cuanto a los grupos en conflicto, los más perjudicados parecen ser los dueños de camiones y los profesionales que trabajan por cuenta propia. Los comerciantes, en cambio, dada la extraordinaria demanda existente, podrán probablemente recuperar rápidamente sus pérdidas. En cuanto a los que viven de un salario o un sueldo, algunos han solicitado que no sean descontados los días no trabajados. Este artificio, que se ha hecho tradicional en Chile, desvirtúa el sentido del derecho de huelga, que supone la aceptación de un daño económico con tal de obtener un beneficio gremial; aceptar la práctica de pagar los días no trabajados significa favorecer toda clase de huelgas irresponsables.
En fin, hay ciertos resultados económicos que aún no han sido dilucidados. Si —a pesar de sus promesas— el Gobierno mantiene las requisiciones e intervenciones iniciales durante el paro, la Derecha Económica —numerosos industriales, comerciales y empresarios— habrá sufrido una derrota más. Si —también a pesar de las promesas— se toman represalias contra algunos sectores que participaron en el paro, estos grupos habrán sufrido las consecuencias más graves de la batalla.
Pasemos ahora al nivel político, empezando por los que sufrieron la mayor derrota. Nos parece que si una lucha armada no se produjo durante este paro, “el más grave de la historia de Chile”, es difícil que se inicie en el futuro próximo; esto significa, en otras palabras, que los grupos extremos que promueven la violencia han sufrido una grave derrota. El MIR no ha ocultado su disgusto ante la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno, y en el otro extremo la Derecha golpista debe estar terriblemente deprimida; no sólo no pudo conquistar a los militares para derrocar a Allende sino que ve como Ministro del Interior al Comandante en Jefe del Ejército. Si existiera algún General aventurero dispuesto a oír los llamados de la Derecha, sin duda se desanimaría al estar seguro de tener que enfrentar a sus colegas.
¿Y quiénes lograron la mayor victoria? Parece evidente que el mayor éxito correspondió a las Fuerzas Armadas. Ellas han evitado una guerra civil; este tipo de enfrentamiento les significaría no sólo pérdidas de vidas civiles y militares, sino también la destrucción de su material bélico. Un enfrentamiento interno provocaría una gran debilidad ante una agresión exterior; en una situación de crisis el ataque podría provenir de Bolivia, apoyada por Brasil, con el beneplácito de “alguna” gran potencia. Pero también en el plano directamente político el avance de las Fuerzas Armadas ha sido notable: nunca, en los últimos años, su influencia política había sido tan grande. Al finalizar el paro, el General Prats se convirtió en una de las primeras figuras políticas del país, ocupando una posición tan destacada como la del propio Presidente Allende. Aunque el General-Ministro ha sostenido que su presencia en el Gobierno tiene como finalidad principal tranquilizar los ánimos, cumpliendo así un deber patriótico, se ha manifestado también dispuesto a colaborar en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular. Esto significa que el futuro del proceso chileno podría depender en buena parte de la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gabinete, llegándose tal vez a una “peruanización” de la vía chilena: no a la substitución del régimen civil por uno militar, sino a la influencia creciente de los militares en el proceso de cambios. Para las Fuerzas Armadas éste sería un rol muy conveniente, ya que les daría un gran poder político con poco “costo”; los platos quebrados serían pagados por Allende y los partidos que lo apoyan. Sin embargo, la prolongación de la presencia de los militares en el Gabinete se enfrenta con una dificultad seria: la gravísima crisis económica en que se encuentra el país. Es posible que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas no quieran comprometerse excesivamente con el Gobierno para no tener que cargar —aunque sea sólo parcialmente— con el pesado fardo de la crisis económica.
Recorramos ahora los otros sectores que lograron éxito o fracasos políticos más discutibles. Para dar un juicio al respecto creemos que se pueden distinguir tres planos: los programas o proyectos políticos, la cohesión y conciencia de las organizaciones y el apoyo electoral.
Si el programa de la Unidad Popular se concibe fundamentalmente como anti-imperialista, anti-latifundista y anti-monopólico, la presencia de los militares puede constituir una garantía de cumplimiento. Habría que ver, sin embargo, si las Fuerzas Armadas están dispuestas a entrar por el camino de los “decretos de insistencia”; la “intervención” de FENSA, que la Contraloría acaba de calificar de ilegal, podrá servir de test al respecto. En cambio, si el programa de Allende es considerado como un camino al socialismo, el nuevo Gabinete significa sin duda un paso atrás; los oficiales de alta graduación en su gran mayoría no son marxistas. Si la Derecha “golpista”, cuyo “programa” consistía en detener el proceso de socialización mediante el derrocamiento de Allende, fue rotundamente derrotada, los grupos derechistas que se conformaban con un cambio de ritmo y de metodología habrán conseguido cierta satisfacción. En cuanto a la DC, que parece desear —al menos, programáticamente— que continúe el proceso de cambio, pero fundado en una legislación que cuente con un consenso mayoritario, ha visto en el nuevo Gabinete una garantía de que este camino se impondrá.
Desde el punto de vista de las organizaciones partidarias, no hay duda de que cada uno de los bandos se cohesionó en el combate y salió fortalecido. Sin embargo se pueden señalar algunas diferencias: en primer lugar, la tarea de los sindicatos y organizaciones de izquierda fue eminentemente constructiva (se trataba de mantener la producción y asegurar el abastecimiento) y este tipo de acción contribuye sin duda más que una huelga a la consolidación de un grupo. Por otra parte la DC no pudo (¿o no quiso?) movilizar a sus bases de obreros industriales. El hecho es que estos trabajadores, mediante su actividad cotidiana, actuaron objetivamente contra el paro. A partir de esta actividad común con los obreros de izquierda es posible que las inclinaciones de algunos hayan cambiado.
Los éxitos electorales de los partidos no coinciden siempre en forma inmediata con la realización de un programa o con la cohesión y conciencia de sus organizaciones de base; es por eso que —nos parece— el apoyo electoral puede analizarse separadamente. Naturalmente aquí entramos en el plano de las especulaciones, que deberán ser puestas a prueba en marzo (aun teniendo en cuenta que es difícil aislar la variable “paro”). Es muy probable que, después de este enfrentamiento, los grupos que propician la vía violenta pierdan fuerza, y entre estos grupos habría que incluir sin duda a sectores del PS y de la IC. Sin embargo, globalmente la UP podría salir fortalecida, ya que se mostró capaz de superar una gravísima crisis. Por otra parte la Derecha (PN y DR) podría salir también consolidada, ya que un paro detonado por ella tuvo en jaque al Gobierno y lo obligó a cambiar su Gabinete. En fin, la DC —aunque tal vez habría perdido más quedándose fuera de la contienda— resultó probablemente debilitada (al menos en términos relativos) ya que, en general, la polarización de los conflictos no favorece a los partidos de centro.
Resulta difícil determinar exactamente los elementos ideológicos que entraron en juego en este conflicto; por eso nos limitaremos a señalar algunos sin pretender ser exhaustivos.
En primer lugar, nos parece que el paro sirvió para poner de manifiesto los intentos golpistas de la Derecha. Ella fue desenmascarada y los partidarios del Gobierno (y aun otros sectores) tomaron más conciencia de este peligro. La agresión aportó puntos a favor de la UP, así como —en el plano externo— la agresión de la Kennecott ha favorecido objetivamente al Gobierno en la lucha ideológica contra el imperialismo.
Por otra parte, a través del conflicto apareció claramente que los pequeños y medianos empresarios y comerciantes se han sentido ideológicamente atacados. Es posible, según diversas informaciones, que hayan obtenido buenas ganancias durante este Gobierno, y sin embargo se han opuesto violentamente a él. ¿Cómo explicar esta reacción? La explicación puede venir del programa y de la praxis de la Unidad Popular. En efecto, mientras el programa es en sí fundamentalmente anti-imperialista, anti-monopólico y anti-latifundista, el proyecto político de los partidos que integran la UP es suprimir totalmente la propiedad privada de los medios de producción. No se gana mucho con afirmar que sólo los “ríos caudales” serán afectados, ya que “los otros medianos, y los chicos” sienten que luego les tocará su turno; a mediano o largo plazo, “allegados son iguales”, como en el Poema de la Muerte, de Manrique. Más aún, la fraseología de los personeros de la UP y una serie de hechos concretos han hecho que los “pequeños y medianos” hayan ido perdiendo la poca confianza que les quedaba. Es muy probable, por lo tanto, que en este aspecto de la lucha ideológica —en el esfuerzo por convencer de que sólo los grandes serán afectados— la UP haya perdido terreno en este conflicto.
Además, si el Gobierno no devolviera las industrias y empresas requisadas o intervenidas durante el paro —tal como se comprometió a hacerlo— contribuiría a ahondar la crisis de confianza. El dilema es serio para la UP, porque muchos sectores de entre sus filas han señalado que no se aprovechó el conflicto para avanzar más en la constitución del área social. Pero, en estas circunstancias, avanzar en las transformaciones económicas significaría retroceder en el terreno ideológico.
En fin, quisiéramos señalar un último aspecto de la lucha ideológica: la defensa práctica de ciertos principios que favorecen a la clase trabajadora. Durante años la izquierda chilena ha defendido la unidad sindical y gremial —como condición indispensable para el éxito de los movimientos populares— y ha combatido los intentos de paralelismo. Ahora bien, los numerosos “frentes patrióticos” promovidos por la UP durante el paro han sido calificados como maniobras tendientes a provocar la división y el paralelismo en los gremios. Este tipo de “frentes” podría justificarse en una situación de emergencia, ante la amenaza de un golpe de Estado, pero si se convierten en manifestaciones de una estrategia permanente pueden provocar graves daños a las organizaciones populares: no sólo la Izquierda carecerá de fundamento para invocar la “unidad sindical”, sino que podrá provocar la contra-reacción de los grupos opositores.
Hasta ahora hemos tratado de hacer un balance de la batalla, en tres niveles, sin que aparezca claramente un conflicto de clases. Sin embargo, en la lucha de clases se pueden distinguir las mismas tres dimensiones —económica, política e ideológica— que hemos estado analizando; sólo hace falta ahora discernir en qué forma las diferentes clases sociales estaban actuando en cada uno de los niveles del enfrentamiento.
El diario Le Monde, de París, calificó lo ocurrido en Chile como “la huelga de la clase media”. Nuestra opinión coincide sólo parcialmente con esta interpretación ya que nos parece que lo fundamental del conflicto fue la batalla política, que la superestructura política fue la determinante principal. Ahora bien, la lucha de clases en el plano político no corresponde exactamente a la estructura de clases, que se funda en la situación económica de los actores, de tal modo que es posible que sectores de una misma clase puedan enfrentarse en la lucha por el poder. Los partidos no son las clases, sino que las representan: son simples mediadores a través de los cuales actúan las fuerzas en pugna. Cualquier pretensión de identificar el partido con la clase constituye un riesgo de “ideologización”, un peligro de convertir el medio en fin. Pues bien, en el campo político lucharon todas las clases y fracciones de clase que adhieren a la UP y a la oposición, en la medida en que todos, en forma activa o pasiva, intervinieron en el conflicto: por parte de la UP, la gran mayoría de los obreros, muchos sectores campesinos y algunos grupos de la pequeña burguesía; por parte de la oposición, algunos sectores obreros, importantes contingentes campesinos, la mayor parte de la pequeña burguesía y toda la gran burguesía. Por lo tanto, en este plano, no se puede hablar sin distingos de una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. No parece razonable afirmar que los sectores obreros, campesinos y pequeño-burgueses de la oposición fueron engañados por la burguesía, como tampoco será razonable pretender que los campesinos y obreros de la UP fueron engañados por sus líderes sindicales o por sus dirigentes políticos. Sin embargo, es cierto que en la batalla política, toda la gran burguesía estuvo en la Oposición y la mayor parte del proletariado industrial con el Gobierno. Pero este hecho no constituye una novedad.
Lo realmente nuevo del conflicto fue el rol preponderante de la pequeña burguesía, o “clase media”, en la lucha de clases económica e ideológica; ella constituyó la fuerza social que permitió la movilización política. En este sentido coincidimos con la interpretación de Le Monde. Ya hemos señalado que el proyecto socialista de la UP constituye una amenaza ideológica para todos los que poseen algún capital, sea éste un bien material, sea una profesión u otra capacidad intelectual rentable. Ellos se rebelaron para defender sus bienes o sus prerrogativas profesionales, que representan también intereses económicos. ¿Y cuáles son los adversarios económicos de la pequeña burguesía rebelde? En la medida en que el Gobierno de la UP ha sido sectario, los propios colegas en cada fracción de clase; en la medida en que el Gobierno ha permitido o estimulado la burocracia, los funcionarios favorecidos por el régimen; en la medida en que el Gobierno ha cumplido su programa, el proletariado, principalmente el industrial, los campesinos y pobladores. Lo extraño del caso es que, si bien es indudable que la pequeña burguesía tiene un nivel de ingresos mucho más alto que el proletariado, hay sectores de la “clase media” (pequeños transportistas y comerciantes por ejemplo) que son más pobres que los estratos altos del proletariado industrial. Fueron con frecuencia estos sectores más pobres los más duros en la lucha. Sin ellos a su lado, la gran burguesía —como cualquier oligarquía— habría podido ser derrotada fácilmente.
Lo realmente nuevo del conflicto fue el rol preponderante de la pequeña burguesía, o “clase media”, en la lucha de clases económica e ideológica.
Pero juntamente con la lucha de clases se ha hecho patente la necesidad de la convivencia. No por un nacionalismo romántico, no porque se quiera promover una solidaridad idealista, sino a partir de una constatación bien “materialista”: es imposible que los grupos en pugna se repartan el país o destierren a todos sus adversarios. Aunque no les resulte agradable, los militantes de la UP y de la oposición se necesitan mutuamente. La dialéctica de la lucha de clases no supone la supresión del adversario, sino una sucesión de enfrentamientos que generan nuevas síntesis, nuevas formas de convivencia. Y cada una de estas síntesis parciales es una realización germinal de la sociedad sin clases.
19 de noviembre de 1972
