En un escenario de algunas tensiones internas y de críticas hacia la Iglesia, el episcopado debe afrontar restricciones que las autoridades imponen a la peregrinación al Templo Votivo de Maipú. El escritor Guillermo Blanco inicia con ese tema el Comentario Nacional.
La Conferencia Episcopal se reunió en medio de un clima tenso. Tensiones naturales, provocadas por ciertos hechos recientes y tensiones al menos parcialmente artificiales, producidas -con esa desoladora uniformidad que es su sello- por la prensa adversa a la Iglesia.
Una monótona campaña publicitaria se dedicaba a denigrar a algunos sacerdotes, al Comité Pro Paz, incluso al secretario de la Conferencia y al Cardenal. El mandato de éste como presidente del colegio de obispos expiraba y debía elegirse a su sucesor. Monseñor Camus había presentado su renuncia y correspondía pronunciarse sobre ella.
Consciente o inconscientemente, ciertos medios de comunicación social habían creado en torno a la reunión un artificial clima electorero. En ese clima, la gran pregunta que flotaba era cuál sería el resultado de las dos votaciones referidas.
También había hechos reales que despertaban interés. Inquietud incluso. Poco antes del 8 de diciembre, el comandante de la Guarnición de Santiago prohibía la peregrinación a Maipú. La prensa daba a conocer el proyecto de regionalización universitaria, que contempla privar de algunas de sus sedes a la Universidad Católica. Seis sacerdotes permanecían en prisión y dos eran expulsados del país.
En lo positivo, la diócesis de Talca pasaba a contar con un nuevo obispo, joven, talentoso, lleno de un profundo espíritu pastoral: monseñor Alejandro Jiménez. Su consagración en la catedral talquina daba origen a una hermosa y multitudinaria expresión de solidaridad cristiana.
Los obispos auxiliares indican los episcopales de Santiago habían convocado a un gran acto de fe en Maipú, precedido -como en ocasiones anteriores- por una peregrinación al santuario de la Virgen del Carmen. Tema: “Comprometidos con Cristo para servir al hombre. Juntos con María, la Iglesia y su pastor”.
Sorpresivamente, el día jueves 4, los diarios y radios dieron a conocer el bando N.° 91 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia, en el cual se dispone que el acto religioso “se llevará a efecto dentro del templo votivo de Maipú, comprendido el área externa que también forma parte de este”. Se agrega: “Prohíbese ese día la realización de todo tipo de marchas o peregrinaciones”. Además, las personas que concurran “deberán hacerlo en forma individual y de ninguna manera en grupos organizados”.
A pesar de su última disposición -“Comuníquese y cúmplase previa notificación a los organizadores”-, obispos y vicarios expresaron en un posterior documento que lamentan que hasta el mediodía del jueves 4, una medida de tal trascendencia y tan profundamente divulgada no nos haya sido comunicada por conducto alguno, oficial u oficioso”.
Los fundamentos en que se probaba el bando N.° 91 eran “antecedentes que permiten presumir que, con motivo de esa ceremonia, elementos marxistas leninistas procurarán infiltrarse en su desarrollo portando carteles, panfletos o el eterno con consignas políticas, pretenderán proferir gritos encaminados a la propagación de sus ideas y elevarán plegarias que contengan evidente intención de crítica a los actos del gobierno”.
Bajo el imperio de estas condiciones hemos decidido suspender en su integridad la celebración prevista para el día 8 en Maipú.
Frente a esto, la jefatura de zona hace pesar su deber de garantizar la tranquilidad de los fieles, miembros del cuerpo diplomático, dignidades eclesiásticas y autoridades gubernamentales que asistirán al acto.
El bando fue comunicado a los organizadores en oficio de fecha 4 de diciembre: “Se ha recibido en este Comandancia General de Guarnición, su nota N.°169 de fecha 2 de diciembre de 1975, en la cual solicita autorización para llevar a efecto una peregrinación a Maipú. Al respecto, este Comandante General de Guarnición lamenta no poder acceder a lo solicitado una atención al bando N.° 91 de esta Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Provincia de Santiago”.
Reunidos los obispos y vicarios episcopales de la arquidiócesis, en ausencia del cardenal -y había viajado a Roma-, acordaron dar la publicidad de un documento que lleva el título “La Iglesia protesta con dolor”.
En él se da cuenta de los objetivos que tenía la celebración y se agrega que “los antecedentes de esta expresión de piedad, genuinamente católica, fueron puestos a disposición de las autoridades responsables del orden público y la tranquilidad ciudadana. Con ella fueron asimismo concertadas todas las garantías racionalmente exigibles para cautelar el normal desarrollo del acto. Aún prohibimos taxativamente en empleo de cualquier lienzo, cartel o consigna incluso de motivación evangélica quien no fuera oficial”.
Esto “nos permite abrigar una certeza moral de que su objetivo propio no sería desvirtuado. Por eso, con doloroso estupor nos hemos impuesto por la prensa del bando N.° 91. Agregan que “nos duele” el significado del mismo y sus consecuencias, y declaran que “bajo el imperio de estas condiciones hemos decidido suspender en su integridad la celebración prevista para el día 8 en Maipú”.
Ello -termina el documento- «no implica ni ha de interpretarse como una renuncia al ejercicio ulterior de derecho y obligaciones que nos competen como sociedad fundada por Cristo para el libre anuncio del evangelio en todo tiempo lugar, y bajo todas las formas legítimamente consideradas por el derecho y la tradición de nuestro pueblo”.
El acontecimiento eje de la Iglesia chilena durante el mes de diciembre fue, sin embargo, la reunión de la Conferencia Episcopal. Contra lo que podría preverse por las informaciones de prensa, su clima fue -al decir de varios de los asistentes-de franca y cordial fraternidad.
A ello contribuyeron, además de los propósitos individuales de bien común, la convivencia diaria y las profundas y motivadoras reflexiones de un retiro que ocupó media jornada de los asistentes.
Los “problemas candentes» se despacharon sin obstáculos. La renuncia de monseñor Camus -quien condicionó su permanencia en un respaldo amplio del episcopado- se rechazó en forma clara. Ello prueba, al decir de uno de los obispos, que “la prensa amarilla no gobierna la iglesia”.
En cuanto a la elección de monseñor Francisco fresno como presidente de la conferencia, se interpreta en forma igualmente positiva. Representa un signo de libertad e independencia del colegio episcopal y a la vez una nítida demostración del deseo de armonía que lo anima. Además de él, integran el nuevo Comité Permanente el Cardenal y los obispos Carlos Camus, José Manuel Santos y Carlos González.
Otro tema candente, los derechos humanos, tuvo en las reuniones sostenida presencia. Los testimonia, entre varios hechos -algunos no divulgados-, la petición de amnistía para los presos políticos que se planteó al gobierno y que coincidió con una decisión de éste en el mismo sentido.
En el campo pastoral, los debates fueron iluminadores y se proyectaron en un plan de acción muy concreto. Frente a dos errores -y a menudo erejías-: el que tiende a concebir la Iglesia como un ente pieitista, desligado de la realidad o sin papel en ella, aparte de un vago cuidado de las almas, o el que la identifica con determinados proyectos políticos o sociales, la Conferencia resolvió afirmar su verdadera posición, distinta pero no distante del acontecer contingente, presencia viva, alma de Chile, conciencia de Chile”.
Respecto al Comité Pro Paz, cuya disolución pidió el general Pinochet al Cardenal, se estudiaron los organismos que habrán de sustituirlo en su acción y además dirigirle una carta de agradecimiento de la Conferencia por la labor realizada durante sus dos años de existencia. Se les asegura a sus integrantes el propósito de proteger su fama y seguridad personal.
Para contrarrestar “los gravísimos efectos que está produciendo especialmente entre la juventud el programa de control de la natalidad propiciado por APROFA”, se encomendó a los obispos preparar un documento sobre la relación sexual y el amor cristiano. También se decidió enviar una carta de apoyo a Mensaje, la que se publica en este número.
Sin la espectacularidad de otras noticias que atañan a la iglesia, se ha confirmado en estos días una que está llamada a afectarle seriamente si llega a concretarse: el proyecto de regionalización de las universidades chilenas, que patrocina el ministerio de educación.
El proyecto parte de una base realista difícil de objetar. Es un hecho que existe en muchos casos de ineficiencia y duplicación de esfuerzos en la enseñanza superior chilena. Ello se traduce en un empleo poco racional de los recursos disponibles. Desde ese punto de vista -el de la racionalización de los recursos-resulta inatacable la búsqueda de una fórmula reordenadora capaz de optimizar los medios.
No es el único punto de vista, sin embargo. Hay otro, por lo menos, del cual parece haberse prescindido y que toca de lleno a la iglesia: el de las universidades católicas. Si portales se entiende algo más, y algo específicamente distinto, de una inversión o de la propiedad de determinados inmuebles; si se considera que la catolicidad de esos planteles supone una Concepción global del saber que allí se imparte y explora; si algún significado tiene el humanismo cristiano como elemento vital e inspirador del quehacer universitario, entonces no es tan sencillo fusionar se sobre la sola base de las técnicas, las profesiones o las ciencias.
Desconocer esto es desconocer un hecho de la causa. Y es desconocer también la autoridad y la jerarquía tiene sobre lo que constituye su obra y, a la vez, su responsabilidad irrenunciable.
El proyecto contempla -a través de las fusiones- despojar a la Universidad Católica de Chile de sus sedes en la región del Maule, Temuco y Villarrica, y transformar la sede de Talcahuano en una “Universidad del Mar”.
Para muchos, ello equivale a una confiscación de bienes de la iglesia. Más en el fondo, significa ignorar el papel histórico que ella ha cumplido en nuestro país, como pionera De la enseñanza superior. Aún sin esas consideraciones, la regionalización así planteada supone un acto jurídico de complejidad legitimidad, tras el cual no es difícil ver una estatización o nacionalización de las universidades.
Sería dudosa en este cuadro la validez del argumento económico. Es cierto que la Universidad Católica se financia hoy básicamente con fondos que le entrega el Estado, pero no es menos cierto que este traspaso se origina en un convenio entre ambas partes, el que no otorga al fisco facultades sobre la conducción de asuntos universitarios tan graves como sería un parcial desmembramiento de su estructura realizado en forma unilateral.
Por otro lado, el viejo argumento económico tiene una réplica tan antigua como él: Chile es un país mayoritariamente católico y resulta de simple justicia destinar a instituciones de enseñanza católica una cuota de lo que el Estado percibe por recaudación de impuestos.
El tema de esta singular regionalización preocupó intensamente a los obispos. Ocupa el lugar amplio en el brevísimo comunicado final, que la asamblea aprobó palabra por palabra. En ese expresa que “frente al problema de la intervención de las universidades católicas y los proyectos de regionalización que pueden afectarlas, se acordó respaldar la línea seguida por moción santos y la comisión consultiva universitaria”.
Se resolvió también “renovar el propósito de la Iglesia de no renunciar al derecho de poseer y conducir libremente sus propias instituciones de educación superior, reafirmar el derecho exclusivo de la iglesia para decidir sobre la continuidad de las sedes o en la supresión de ellas cuando las circunstancias así lo aconsejen, con el mejor deseo de colaborar en una racionalización de los recursos universitarios del país”.
