Una buena síntesis de las preocupaciones de Mensaje de mediados de la década de 1970 es el editorial de la edición N.° 266. Este revisa lo ocurrido el año previo, aludiendo a los anuncios de nueva institucionalidad, la creación de la CNI y la acción de sectores extremos en el país.
Queda atrás el año 1977. Desde el gobierno hasta la oposición, todos han declarado querer el retorno a la democracia. Preguntémosnos, pues, si durante 1977 hemos realmente avanzado hacia ella. Y es doloroso constatar que en el plano jurídico institucional, actualmente vigente, no ha habido avance sino retroceso. Porque vivimos bajo los mismos regímenes de emergencia de años anteriores, pese a las modificaciones formales. Porque el 12 de marzo quedaron disueltos los restantes partidos políticos y se prohibió toda actividad político partidista estableciendo fuertes penas. Porque el 11 de marzo el bando 107 dispuso la aprobación previa de la autoridad militar no sólo para la fundación, sino también para la edición, distribución y comercialización de nuevos diarios, revistas, periódicos o libros, así como para la importación de cualquier material impreso.
Es cierto que se disolvió la DINA (13 de agosto), pero fue creado el CNI. Es verdad que durante el año la represión directa habría disminuido significativamente, pero sus métodos no parecen haber variado fundamentalmente. Recordemos también que el 28 de enero eran suspendidas las transmisiones de radio Presidente Balmaceda. Y hasta la fecha no se ha anunciado que se vayan a renovar las concesiones que han caducado, a muchas radioemisoras de la cadena Cooperativa Vitalicia. Finalmente se ha vuelto al sistema de relegaciones en virtud del Estado de Sitio; aquí no lo podemos comentar dada la prohibición del bando 111 del Jefe de Zona en Estado de Emergencia (26 de noviembre).
Es verdad que sobre la base de diversas declaraciones del Jefe de Estado se ha especulado bastante sobre una futura y lejana institucionalidad, pero no se ha dado ningún paso concreto hacia la democratización, como los que sugeríamos en nuestros editoriales de julio y septiembre. Existe una Comisión de Estudios de la Nueva Constitución que prepara con gran lentitud proyectos de actas constitucionales y de la futura constitución. El Jefe del Estado le acaba de señalar (10 de noviembre) pautas y orientaciones fundamentales para su trabajo. ¿Pero acaso esa comisión y su trabajo representan el sentir mayoritario del país? Ciertamente sus miembros no han sido designados por elección ni su composición es pluralista.
Si miramos este conjunto recién descrito, desde el punto de vista de la dinámica histórica, daría la impresión que la problemática de la futura institucionalidad que desarrolla el gobierno, se produce como contrarréplica (como movimiento de retorno) a la decisión del mismo gobierno de suprimir los partidos políticos, especialmente la DC.
Por otro lado, constatamos una poderosa reacción del país, independientemente del gobierno, en favor de la democracia. Cada vez la ciudadanía entiende menos la legitimidad actual del ordenamiento jurídico presente y del ejercicio del poder; cada vez aparecen más claros los rasgos hacia un nuevo consenso que sea fundamento de una convivencia democrática, en la línea de nuestro editorial de noviembre. Es general el rechazo al modelo económico (y sus correspondientes políticas) que algunos sectores tratan de imponer al país. Crece la reivindicación por la justicia y la libertad. En todos los planos las críticas tienden a ser expresadas con una mayor soltura. Hay, pues, una fuerte y creciente tensión entre la dinámica del país y la institucionalidad vigente. Nos parece un deber patriótico señalar el problema, investigar las causas e insinuar posibles salidas.
¿Por qué se produce esta contradicción entre las especulaciones sobre el futuro y la realidad del presente, entre lo que se declara y lo que se practica? ¿Por qué el gobierno no avanza en el retorno a la democracia? ¿Cuál es la razón de fondo del problema? Fundamentalmente nos parece que hay dos.
— En primer lugar, la dificultad del retorno a la democracia para un régimen autoritario como el nuestro es que tiene que desaparecer él, negar su propio ser si no ha sido concebido como una suplencia estrictamente transitoria. (Suplencia quiere decir dejar que la democracia se reformule a sí misma y no pretender refundarla o reformularla). Tiene que dejar de fundamentarse en la fuerza, que es su gran arma, para obtener la autoridad basada en el consenso, en lo cual es débil. Este problema fácilmente se agrava a medida que pasa el tiempo, porque frente a crecientes dificultades tenderá cada vez más a refugiarse en la fuerza y entonces se verá atrapado en su círculo vicioso. Porque imponer las cosas por la fuerza no es camino hacia el consenso, hacia la libertad, hacia la democracia, sino más bien su negación.
Es, pues, un autoengaño querer pasar a cierto tipo de “democracia”, a una “democracia” con apellidos, predefinidos de antemano por el régimen autoritario, porque, en el fondo, se trata de una “democracia” que prolonga el autoritarismo del régimen en forma más sutil. Y esto es justamente contradictorio con la auténtica democracia en la que los ciudadanos son los que tienen la última palabra. El régimen parece no confiar en el proceso democrático, en la madurez del pueblo para decidir, y quiere, por tanto, imponer sus propias predefiniciones. Es importante la fe en la democracia, porque es muy difícil instaurarla si no se cree en ella.
Es, pues, un autoengaño querer pasar a cierto tipo de “democracia”, a una “democracia” con apellidos, predefinidos de antemano por el régimen autoritario, porque, en el fondo, se trata de una “democracia” que prolonga el autoritarismo del régimen en forma más sutil.
Esto explicaría el tira y afloja, las dilaciones, el impasse de 1977, con todo el séquito de desilusiones y frustraciones de tantas esperanzas.
— En segundo lugar hay un impasse para el retorno a la democracia, que proviene esta vez de la política económica implantada. Muchos artículos se han escrito en Mensaje respecto a ella. Sin desconocer sus éxitos a corto plazo en el control de la inflación, en la balanza de pagos y en el saneamiento fiscal, hemos criticado, por ejemplo, la concentración de la riqueza en pocas manos privadas, el altísimo e inmoral costo social. Es muy discutible su estrategia de desarrollo que ha hipotecado el futuro con la baja tasa de inversión, con el éxodo de profesionales y trabajadores calificados en busca de trabajo y mejores remuneraciones, con la fuerte e indiscriminada baja de aranceles y la salida del Pacto Andino que pone en jaque aspectos muy importantes del proceso de industrialización.
Los grupos beneficiarios que están detrás de esta política saben perfectamente que ella es rechazada por la inmensa mayoría del país y que la única chance de consolidarla y establecerla definitivamente es mediante una dura represión. Por eso juegan a la continuidad del régimen autoritario y a buscar fórmulas políticas de recambio, no democráticas. Afirman insistentemente que ésta es la única salida económica. Quisieran convencer al gobierno de que sólo hay una fórmula y ella está reñida con la democracia auténtica. Dejando a un lado su presunta fórmula de desarrollo, nos parece que las cosas pueden darse al revés. Justamente el desarrollo necesita de un gran esfuerzo colectivo, de mucha disciplina y austeridad de todos. Ese esfuerzo supone una gran cohesión del cuerpo social. Y para eso, para que la gente “le ponga el hombro” con esfuerzo y creatividad, es imprescindible que vean justicia en la repartición de los sacrificios y de los beneficios, que se sepan participando plenamente. Así se puede crear una mística que desate todo el dinamismo de una sociedad libre y cohesionada. Recordemos que un pueblo sojuzgado es un mal trabajador y que además amenaza con crisis paralizantes. En buenas cuentas, el único desarrollo esencialmente incompatible con la democracia es aquél que tiende a favorecer a unos pocos privilegiados.
En el fondo de este problema hay una profunda desconfianza en que nuestra democracia sea capaz de cumplir con metas de largo alcance, de autoimponerse austeridad, de estar a la altura del desafío del desarrollo. Nosotros, por el contrario, creemos que las pruebas, los fracasos y sobre todo la necesidad tienden a hacer madurar, a que un pueblo progrese y pueda seguir progresando. Nos parece sí que el esquema de desarrollo que actualmente tratan de imponer al país es incompatible con la democracia y dudamos seriamente que sea un camino hacia el desarrollo. Por último y ante todo, el desarrollo económico no es el valor principal; éste es el bienestar de la población en el que la libertad y la democracia juegan un rol imprescindible. Por eso hay que buscar un tipo de desarrollo compatible con la democracia.
Estos son, a nuestro entender, los dos grandes factores que producen el impasse en el retorno a la democracia durante 1977: el actual autoritarismo que tiende de por sí a prolongarse en una democracia con apellidos y el proyecto económico de algunos grupos que necesita de la represión continuada. En el fondo hay una falta de fe en la democracia como sistema de convivencia y como capacidad de desarrollo. Como si el pueblo no pudiera superarse y aprender la lección de sus fracasos, como si no pudiera madurar. Y mientras no se crea en el pueblo chileno, no se creerá en la democracia. La democracia, en el fondo, es un problema de confianza en el hombre.
— Quisiéramos aludir ahora a un tercer factor de impasse: el miedo. No nos referimos aquí a ese miedo que algunos tratan de inyectar basándose en los antiguos fracasos de nuestra democracia (miedo a retornar al caos, etc.), porque la gente también se acuerda de los beneficios de la antigua democracia y les impresiona, como más cercanos, los fracasos del actual autoritarismo, porque a medida que crece el consenso social el pueblo vuelve a retomar confianza en sí mismo, en su capacidad de autogobernarse y de reconstruir su camino histórico sin volver a los errores del pasado. Nos referimos ahora al miedo a las reacciones que puedan producirse a causa de los atropellos y abusos cometidos durante el régimen actual. Algunos temen la ley del talión, además de la pérdida de los privilegios. No confían en la sociedad chilena que ha sufrido demasiado. Tampoco se dan cuenta que la racionalidad política obliga a Chile a tratar de terminar con los proyectos políticos excluyentes, a ofrecer una salida patriótica a las FF.AA. en una sociedad moderna (respecto a su rol futuro en la sociedad y en el desarrollo, véase nuestro editorial de septiembre), a asegurar una patria para todos, a realizar una reconciliación profunda. En este aspecto es muy conveniente que los Tribunales de Justicia castiguen desde ya los abusos de poder y restauren su prestigio perdido. La Iglesia también puede y debe jugar un rol extraordinario como pacificadora. Ya lo ha hecho bajo el actual gobierno en la defensa de los derechos humanos, además de las llamadas a la reconciliación.
A todos nos preocupa y nos duele este impasse de 1977, este inmovilismo político que no ha dado pasos concretos y graduales hacia la democracia. Nos importa vivamente encontrar una salida hacia la democracia y hacia el desarrollo. Mientras más se prolongue este impasse, más difícil y costosa puede ser la salida, más fortalece la irracionalidad política. Diversas sugerencias hemos hecho en nuestros editoriales, por ejemplo en julio, septiembre y noviembre. Aquí sólo quisiéramos añadir algunas consideraciones:
1) En septiembre hablábamos de un plazo razonable. Pero un plazo sólo tiene sentido cuando se avanza hacia el plazo, es decir, cuando se van dando pasos reales hacia la democracia. No basta con ideas y estatutos de futuro. En la medida de que el impasse político, del que hemos hablado, sea verdadero y no tenga solución, no va quedando otra salida por parte del gobierno que el cambio acelerado y repentino a la democracia, por ejemplo, la convocación a elecciones, a la brevedad posible, para elegir una Asamblea Constituyente que dé con prontitud a Chile la constitución que el país requiere y que nos comencemos a regir por ella.
2) Desde ya es necesario una mayor liberalización en todos los otros aspectos, como la restitución a los cuerpos intermedios (universidades, sindicatos, etc.) de una verdadera libertad en sus campos específicos. Especial importancia reviste que todos puedan expresar, con seriedad, altura de miras y plena libertad, sus diferentes opiniones en los Medios de Comunicación Social. Pero sobre todo es imprescindible que cese la aplicación de los regímenes de emergencia.
3) El gobierno debe desarmar a los extremistas de derecha (además de los de izquierda). En 1973 tanto los extremistas de izquierda como los de derecha tenían armas. Por los Medios de Comunicación Social nos hemos enterado cómo se ha desarmado a los de izquierda. Nada hemos oído sobre los de derecha y tampoco creemos que hayan entregado voluntariamente las armas. No desarmarlos es asumir la responsabilidad de movimientos tipo Triple A, etc., que puedan surgir en un futuro cercano.
4) La ciudadanía debe seguir avanzando en la creación de un consenso socio-económico-político. ¡Ojalá que las superestructuras de los disueltos partidos políticos abandonen sus antiguos sectarismos, sean dóciles al sentir ciudadano y se pongan al servicio del bien común, que es consenso amplio! Por otro lado, la ciudadanía debe tener el sano realismo de saber que algunos partidos, dadas sus estructuras, no van a desaparecer (el gobierno militar no ha conseguido eliminarlos) ni se transforman así no más. Hay que contar con su existencia.
¿Por dónde pasan en este momento las grandes líneas del consenso? Un gran no a los extremismos y a los proyectos socio-políticos excluyentes. Una alianza estable entre las zigzagueantes capas medias y los sectores populares, en la que se reconozca un mayor protagonismo al pueblo y su organización, pero a la vez se valoren los intereses verdaderos y la conducción de las capas medias, especialmente su influjo en lo técnico-profesional. Podríamos decir que la línea de consenso entre centro e izquierda pasa en este momento por algunos de los tipos de democracia socialmente avanzada, consiste en una coordinación de una auténtica democracia libertaria con una más justa distribución del ingreso y una mayor participación del pueblo, sin menospreciar los valores de autoridad, orden y eficiencia, a los que la derecha democrática quiere contribuir. En el consenso deben encontrarse y ser respetadas las diversas tradiciones democráticas.
Durante los últimos 15 años hemos sufrido los bruscos cambios de tres experiencias (DC, UP y Gobierno Militar) correspondientes a tres visiones contrapuestas del mundo, cada vez más extremas. Es hora de asimilar la verdad de cada una de ellas y cristalizarlas en consenso. La justicia y el amor son las grandes virtudes del consenso.
En lo económico hay que atribuir un rol más preponderante al Estado, pero sin caer en un estatismo ineficiente, encontrar el camino del desarrollo aprovechando las ventajas comparativas, pero con la debida protección a la industria nacional, etc. En este sentido habría que revisar los antiguos puntos de convergencia en torno a áreas y estructuras de la economía, a la luz de las experiencias actuales. Ciertamente el camino a recorrer va a ser de austeridad pero con justicia.
5) Por último, lo más importante. Para reconstruir tanto valor destruido, para superar las sucesivas traumatizaciones, para asimilar la trágica, pero a la vez rica experiencia histórica, se necesita un ánimo generoso. De ese ánimo generoso debe brotar un gran perdón. No podemos seguir excluyéndonos y destruyéndonos mutuamente. El imperativo de Chile es dar cabida a todos, a tender puentes, permitir las retiradas. De ese ánimo generoso también brota una desapasionada y desinteresada búsqueda de la verdad y una gran pasión por la justicia social. Y entonces nos daremos cuenta que las líneas del consenso están ahí, en la realidad y son sencillas. Lo que nos falta es tomar conciencia y formularlo. Éste es el gran desafío de los cristianos y de todo chileno de buena voluntad.
Mensaje
16 de diciembre de 1977.
