Una secuencia de duras críticas y ataques a la Iglesia católica por su postura ante la situación social y política imperante en el país motivó el Comentario Nacional de Mensaje N.º 276: “La Iglesia debe ser fiel a su misión”.
La Jerarquía de la Iglesia Católica chilena, y en especial el Arzobispado de Santiago, fue objeto durante el mes de noviembre de persistentes ataques a través de diversos medios de comunicación social. No es la primera vez que sucede algo semejante. Monseñor Camus, los Obispos que fueron a Riobamba, los sacerdotes que ayudaron a refugiarse a perseguidos políticos y la Vicaría de la Solidaridad también han sido blancos de sospechosas olas de indignación, expresadas en cartas de lectores, artículos editoriales, titulares sensacionales, etc. La campaña no culminó esta vez en el apedreamiento de Obispos con participación de funcionarios de la DINA, como en 1976, sino en las groserías e insultos proferidos contra el Cardenal en la manifestación de apoyo al gobierno y de rechazo al boicot.
Como en las otras campañas que han pretendido manipular a la opinión pública, el mensaje difundido fue extremadamente simplista y trató de evocar en cada chileno algún tipo de temor o resentimiento. La Jerarquía Católica —se dijo— ha entrado de lleno en el campo de la política al opinar sobre asuntos contingentes y aparece extrañamente coludida con los malos chilenos que, en momentos difíciles para la Patria, atacan al gobierno y, por lo tanto, a Chile, desde el interior y el exterior.
¿Por qué la Iglesia Católica ha vuelto a estar en el centro de interés de los medios de comunicación y ha sido tan directa y duramente atacada?
Las razones hay que buscarlas en algunas omisiones y acciones del actual Gobierno, que han obligado a los Obispos chilenos a hacer, en el mes de noviembre, una serie de declaraciones. La actuación del Gobierno, la reacción de la Iglesia y los ataques de la prensa se insertan dentro del cuadro más amplio que ofrece la actual situación social, económica y política del país, y de ninguna manera constituyen hechos aislados.
Hasta el 9 de noviembre el Gobierno no había dado cumplimiento —y tampoco lo ha hecho después— a su compromiso de explorar cualquier camino serio para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, compromiso asumido luego que terminara la huelga de hambre de los familiares. La Iglesia había desempeñado un papel de mediadora en la solución del conflicto y, varios meses después, no sabía de ninguna investigación seria iniciada por el Gobierno ni de ninguna respuesta acerca de la suerte de los detenidos desaparecidos.
El 19 de octubre el Ministro del Interior informó al país que la fijación del itinerario conforme al cual se proyecta llevar el proceso institucional hacia su plena culminación era un derecho privativo del Gobierno militar emanado de la legitimidad del 11 de septiembre y ratificado el 4 de enero de 1978. Simultáneamente el Ministro informó que quedaban disueltas como asociaciones ilícitas siete estructuras sindicales de clara orientación marxista y que se sancionaría legalmente a toda organización que actuara en el campo sindical sin tener existencia jurídica legítima. Estas y otras medidas contra el sindicalismo (ver Mensaje N.º 275, diciembre 1978) fueron complementadas cuando el Ministro del Trabajo comunicó a los trabajadores del sector privado, el 27 de octubre, que debían elegir nuevas directivas sindicales en un plazo brevísimo, sin presentar candidaturas y sin poder elegir a los antiguos dirigentes que hubieran tenido pasado político. Se empezaba a implementar así la nueva estructura sindical que, junto con la nueva institucionalidad política, constituyen piezas maestras del proyecto global.
Siguiendo una larga tradición, de la cual son testimonio fehaciente los años que van desde 1968 a 1973, la Iglesia Católica chilena se pronunció acerca de estas acciones y omisiones del Gobierno a través del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal y de la Asamblea General de la misma, esforzándose por discernir en ellas los elementos realmente evangélicos y los que iban en contra de una concepción cristiana del hombre y de la sociedad.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal emitió dos declaraciones en su sesión del 8 de noviembre, una sobre los detenidos desaparecidos y otra sobre el juramento exigido a los dirigentes sindicales recién elegidos. La primera constataba que las respuestas de las autoridades no habían sido satisfactorias y que, en general, podía estimarse que los desaparecidos habían sido detenidos por fuerzas de seguridad y que en su mayoría habrían muerto, al margen de toda ley. La declaración añadía que los Obispos habían llegado a la conclusión de que el Gobierno no haría una investigación seria. Terminaba exhortando al perdón y a la deposición de todo tipo de violencia. La declaración acerca del juramento establecía que no había causa proporcionada para exigirlo, que se trataba de un requisito discriminatorio y que los dirigentes podían considerarlo una simple promesa.
Entre el 13 y el 17 de noviembre se reunió la Asamblea Plenaria de los Obispos chilenos y, además de preocuparse de otros temas de carácter intraeclesial, trató acerca de la situación obrera, campesina e indígena. La Asamblea hizo entrega de una carta dirigida a los obreros de la ciudad y del campo, y del documento “Humanismo Cristiano y Nueva Institucionalidad” que venía preparándose desde mucho antes. La carta recuerda las enseñanzas del Concilio Vaticano II acerca del derecho de los obreros a formar asociaciones sindicales y a participar libremente en ellas, acerca de la dignidad de los trabajadores y de la necesidad de organizar el trabajo de manera de no perjudicarlos. El otro documento, como su nombre lo indica, plantea los lineamientos cristianos frente a la estructuración de una nueva institucionalidad política después de una crisis (ver Editorial de este número).
Desde el domingo 19 de noviembre, los principales diarios de Santiago, con ocasión del Simposio sobre los Derechos Humanos organizado por el Arzobispado de Santiago, empezaron a criticar severamente a la Jerarquía por sus últimas declaraciones y, en especial, al Arzobispado de Santiago por la organización del Simposio. A esto se sumó una carta de los Canónigos de la Catedral de Santiago que, creyendo defender la imagen de unidad que debe proyectar el Templo Metropolitano, de hecho cooperaron eficazmente a la politización de los problemas y a aumentar la división de los ánimos.
No deja de ser sintomático que los diferentes ataques y críticas se dirigieran a negar el derecho de la Jerarquía Católica a hablar sobre asuntos contingentes en nombre del Evangelio y a señalar la inoportunidad de sus declaraciones, y que prácticamente se silenciaran los problemas de fondo planteados por los Obispos, actitud que contrasta con la acogida calurosa que se da a cualquiera condenación del marxismo o a cualquier alabanza de la gestión del Gobierno que provenga de los Obispos o de alguno en particular. El objetivo central del ataque no era el de clarificar ante la opinión pública los problemas debatidos por los Obispos, sino negarles su derecho a opinar sobre estas materias, objetivo que aparece como plenamente coherente con el proyecto económico y político que trata de implantarse.
Mensaje se ha venido refiriendo en forma extensa al proyecto económico que una minoría, en nombre de la ciencia, ha impuesto al país, y a las exigencias políticas de este proyecto. Se trata de un modelo que, tras la fachada de economía social de mercado, oculta un liberalismo extremo, que ni siquiera es seguido en los EE.UU. y que favorece a una minoría ligada a las finanzas, a las actividades de importación y exportación y a las grandes compañías nacionales y transnacionales. Este proyecto difícilmente podría interpretar los intereses de las grandes mayorías y por eso exige ir acompañado de una serie de medidas políticas que lo hagan posible: debilitamiento del movimiento sindical, control de los medios masivos de comunicación social (TV, periódicos), intervención de las universidades, supresión de los partidos políticos, mantención indefinida del estado de emergencia, consultas nacionales en condiciones anormales, democracia protegida y autoritaria bajo control militar. Las últimas medidas contra el movimiento sindical se explican claramente en este cuadro de exigencias políticas que plantea la implementación del proyecto económico minoritario.
El Gobierno ha optado por negar la realidad del malestar de los grupos afectados por las consecuencias de la política económica, suprimiendo o declarando ilegales todas las organizaciones que habrían podido interpretar políticamente ese malestar y presentar un proyecto alternativo. Junto con esto, ha provocado y fomentado ante la opinión pública una fatal confusión entre nación, Estado y gobierno, de manera que cualquiera crítica a los inevitables desaciertos de un gobierno tienden a convertirse en delitos contra la seguridad del Estado y envuelven una falta de patriotismo. Pero no se distorsiona sin consecuencias la realidad social, y es normal que en una sociedad cuyas vías de expresión están bloqueadas y cuyos intereses son mañosamente identificados con los de una minoría, muchos busquen en la Iglesia Católica, y más en concreto en su Jerarquía, una voz crítica que los exprese, y entonces cualquier acto de ella asume una resonancia política desproporcionada. No es la Iglesia, por cierto, la que ha buscado esta situación; es el mismo Gobierno el que ha distorsionado hasta tal punto el tejido social y político que, como en Polonia, se llega a ver a la Iglesia contra el deseo expreso de muchos de sus Obispos y señaladamente del Cardenal Silva, como un órgano de expresión del disenso social.
Los ataques a la Jerarquía Católica tienen un claro contenido político —no podía ser de otra forma dada la situación descrita— y responden a la misma racionalidad general. Se trata de acallar, por el temor, a una de las pocas voces que todavía obstaculizan la realización del plan económico y de sus exigencias políticas. La estrategia seguida esta vez es la de hacer sentir a los Obispos que la “opinión pública”, supuestamente representada por los medios de comunicación social progobiernistas, rechazaría la presunta injerencia de los Obispos en materias políticas contingentes. Se ha intentado también dividir a los Obispos, distinguiendo entre el o los redactores de los documentos y declaraciones y el conjunto de los Obispos, o entre los que votaron a favor y los que votaron en contra de dichos pronunciamientos. También se han agitado los peores fantasmas: la toma de la Catedral, la infiltración marxista en la Iglesia, la división de la comunidad católica, la falta de patriotismo. El objetivo aparece claro: atemorizar a los Obispos y hacerles sentir el precio de sus tomas de posición en materias de actualidad donde ellos ven comprometidos los valores humanos y cristianos fundamentales.
Se trata de acallar, por el temor, a una de las pocas voces que todavía obstaculizan la realización del plan económico y de sus exigencias políticas.
Si solo se tratara de una coyuntura sociopolítica en la que la Iglesia es visualizada como una fuerza política por la ausencia de los otros canales de expresión, se comprendería si los Obispos tendieran a guardar silencio para salvar la unidad de la institución y librarla de los ataques de los sectores que detentan el poder. Pero hay algo mucho más profundo que esto. La Iglesia Católica ha ido tomando mayor conciencia de su carácter de signo de liberación integral de todo el hombre y de todos los hombres a través de los sucesivos momentos de profundización que han sido el Concilio Vaticano II, la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, los Sínodos Episcopales en Roma y las enseñanzas de los últimos Pontífices. Ella se concibe a sí misma como continuadora de Jesús que anunció con hechos y palabras la liberación a los pobres y a los cautivos y que entregó por ellos su vida; como servidora de todos los hombres y especialmente de los pobres y como voz de los que no tienen voz. Esta Iglesia que quiere hacer suyos los dolores y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los hombres, no podía ni puede dejar de señalar concretamente dónde están hoy, en Chile, los pobres, los que sufren, los que no pueden hacer oír su voz.
Cuando se va al fondo de las motivaciones de la Iglesia se comprende que ella no puede ignorar el hecho de varios cientos de chilenos detenidos desaparecidos, cuyos derechos no han sido protegidos por la justicia; se comprende que la Iglesia no puede dejar de ver, a pesar de todas las explicaciones oficiales, la cesantía, el hambre y la humillación de más de un quinto de los trabajadores chilenos, víctimas del nuevo ordenamiento económico impuesto al país; se comprende que la Iglesia no puede quedarse callada cuando se quiere implementar una institucionalidad política y sindical que vendría a consagrar el actual reparto de poder, de riqueza y bienestar de la sociedad chilena. La Iglesia Católica sería profundamente infiel a su misión y estaría bastante lejos de los rastros de su Fundador si, para conservar una unidad aparente y abstracta, dejara de anunciar integralmente el Evangelio y de denunciar aquello que se le opone.
La Iglesia Católica sería profundamente infiel a su misión y estaría bastante lejos de los rastros de su Fundador si, para conservar una unidad aparente y abstracta, dejara de anunciar integralmente el Evangelio.
Es verdad que la situación anormal de la sociedad chilena, donde numerosos canales de participación, de expresión y de control están bloqueados, hace más difícil y riesgosa esta tarea de la Iglesia y le otorga una resonancia social y política que normalmente no tiene, a la vez que le impone, como deber de caridad, tareas específicas de suplencia, como la organización de comedores populares o la asesoría jurídica de los perseguidos políticos. El Gobierno, al identificarse constantemente con el Estado y con la Nación, ha producido una politización extrema de todas las acciones y actitudes y ha hecho que gestos y acciones de la Iglesia, que en otros tiempos tenían solo un impacto intraeclesial o pasaban casi desapercibidos, se carguen ahora de contenido político. La Iglesia chilena debe ser la primera en luchar para que una situación de este tipo, que hace mal al país y a ella misma, sea superada. Eso es lo que intenta al señalar que hoy, en Chile, el sistema democrático es el camino más adecuado para asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales de todos los chilenos. Mientras los que dirigen el país no se atrevan a enfrentar realmente el juicio libre, secreto e informado de las mayorías nacionales y no se sometan a él, la Iglesia deberá seguir asumiendo con lucidez y discernimiento la ambigüedad política que provoca esta situación para ser fiel a su misión y cumplir su rol histórico.
