Junio, 1959: Fidel Castro toma el poder en Cuba

JUSTICIA DE VENCEDORES

Mucho se ha hablado de la revolución cubana. Diarios, revistas, informativos, documentales cinematográficos, nos han pintado el hecho y en los tonos más variados. Unos hablan de “una nueva era cristiana”; del “nuevo sol que ha amanecido en Cuba”. Otros, en cambio, no ocultan su indignación y, a propósito de las ejecuciones sumarias, han evocado la tragedia de Budapest o el Coliseo de Roma.

Muchas y diversas opiniones. Panegíricos y diatribas. Aprobaciones exultantes, condenaciones enfáticas, alusiones cautelosas a un futuro inseguro. ¿Cristianismo o comunismo? ¿Democracia o dictadura? ¿Justicia o venganza?

Es delicado hablar de “otro”; inmensamente más delicado si ese “otro” es un pueblo. “La injerencia de la opinión pública de unos países en la vida de los otros —escribe Ortega y Gasset— es hoy un factor impertinente, venenoso y generador de pasiones bélicas”.

Por eso estas líneas no pretenden ser un “enjuiciamiento”. No estamos suficientemente informados de lo que ha pasado y pasa en Cuba. No creemos que el material periodístico —partidista o interesado, muchas veces; salpicado de subjetividad, siempre— constituya un informe adecuado acerca de la realidad.

Más que hablar de la realidad cubana, queremos referirnos a ciertos “argumentos” que a propósito de Cuba se han oído y que, probablemente, se seguirán también oyendo a propósito de otros hechos.

En primer lugar, está de más decir que no ponemos en duda la legitimidad de la revolución cubana, en cuanto a esta significó es derrocamiento de Batista. “Fue completamente legítima y moral —escribe un periodista cubano (y nos adherimos a su juicio)— la acción armada que, encabezada por Fidel Castro con arrojo, inteligencia y constancia, culminó en la eliminación forzada del gobierno batistiano”. Se trataba de una tiranía nacida de la injusticia y de la violencia, no legitimada debidamente por el pueblo, antes cada vez más repudiada, especialmente desde que en los últimos tres años intensificó la represión sangrienta para sostenerse. Fue, por consiguiente, una acción justa y naturalmente buena el derrocamiento de la tiranía.

En segundo lugar, en cuanto la revolución cubana significa también la actuación del gobierno revolucionario, implica en concreto una serie de medidas. Enumerando las principales tendríamos: medidas educacionales, reforma agraria, leyes de beneficio popular, reordenamiento de la economía y de las finanzas, acción social, justicia y sanciones. Sólo nos referiremos a este último y discutido punto.

En tercer lugar, en lo que toca a este punto, es decir, a la “justicia revolucionaria”, no juzgamos primariamente hechos, sino que, suponiendo ciertos hechos (que no han sido, por otra parte, negados por la prensa partidaria de Fidel Castro) juzgamos sobre todo los argumentos con que se ha pretendido justificar estos hechos. Son estos argumentos los que nos parecen falsos y, como todo lo falso, peligrosos y nocivos.

No nos vamos a detener en la enumeración de los hechos. En un mes de “victoria”, es decir, hasta el 1° de febrero, los tribunales revolucionarios habían pronunciado 258 condenaciones a muerte. En un informe de un simpatizante de la revolución se nos dice: “Los juicios a criminales de guerra y las consiguientes ejecuciones de militares y civiles, según una cuenta aproximada, llegan hasta hoy (principios de marzo) a casi un millar y no parecen haber terminado todavía”. Célebre —por los comentarios que suscitó en la prensa extranjera— fue el proceso de Jesús Sosa Blanco. Se llevó a cabo en el Palacio de Deportes de La Habana en presencia de 15.000 personas enardecidas y duró 48 horas. Al ser interrogado, Sosa Blanco contestó: “Nadie me va a oír, puesto que estoy en el Coliseo de Roma”. Este proceso fue el último propiamente público y “popular”. También tuvo resonancia internacional el juicio de 43 aviadores (pilotos, artilleros, mecánicos). En conjunto habían realizado bombardeos sanguinarios. Basándose fundamentalmente en esta “responsabilidad genérica” —así, por lo menos escribe un simpatizante de Fidel Castro— y sin poder especificar claramente la responsabilidad de cada uno, el tribunal revolucionario los condenó a todos. Se ha afirmado también que el “Código Penal” según el cual fueron juzgados los criminales de guerra lo compuso el mismo Fidel Castro durante la guerra civil en plena selva.

¿Qué decir de estos hechos? Es evidente que ningún código penal puede tener efecto retroactivo y, si es cierto que los ejecutados fueron juzgados de acuerdo al código penal elaborado por Fidel Castro y no por el que regía entonces en Cuba, evidentemente se procedió en forma antilegal e injusta.

Es evidente, por otra parte, que la justicia nunca puede ser ejercida por una muchedumbre. Un juicio “popular” no es generalmente sino una triste parodia de justicia. Pero aunque la justicia no la ejerza propiamente la multitud sino un tribunal en presencia de ella, la justicia quedará seguramente menoscabada por la inevitable “presión” de la masa enardecida. Un juicio “público”, en este sentido, es siempre peligroso. Para poder juzgar rectamente, un tribunal tiene que saber oír, analizar con precisión los hechos y los testimonios, discriminar críticamente lo real de lo falseado, o incluso meramente imaginado o supuesto; pero todo esto supone profundos conocimientos, inteligencia, equidad y serenidad. Tanto el odio como el miedo, las pasiones y las emociones, enturbian la vista y la razón. No oigo sino lo que quiero oír, no veo sino lo que quiero ver.

Finalmente, en todos los juicios de que hablamos la justicia la ejerció el “tribunal revolucionario”, es decir, la parte acusadora. Pero ¿qué garantía ofrece la justicia del acusador? Es evidente que el que acusa quiere la condena del acusado. El acusado ya está virtualmente condenado en la mente del acusador. ¿Qué otra cosa hará “su” justicia que ratificar esa tácita condena? Por eso la condición humana ha hecho de la justicia una instancia independiente. El juez no es ni acusado ni acusador. Por eso puede ir a ambos y sobre el testimonio de ambos basar su sentencia. Y donde no haya esta instancia independiente, donde no haya un genuino poder judicial, no se puede decir que haya auténtica democracia.

Esto es lo que los hechos dicen. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos dirigidos a refutar esto?

“Si veinte personas —escribe un diario cubano, el ‘Libertador’, a propósito del carácter popular y público de los procesos— constituyen un buen jurado ¿por qué no lo podrían constituir millares de personas? Ya hemos respondido a este argumento, que encierra una falsa y perniciosa idea. La verdad, la honestidad, la equidad, no es cuestión de ‘número’; no se rige por la ‘mayoría’, por la mitad más uno. Es posible encontrar veinte personas capaces, honestas, peritas; muy difícil será encontrar millares. El ‘más’ no significa, ni mucho menos, lo ‘mejor’”.

“Las atrocidades de Batista”. Este argumento se esgrime en todos los tonos, pero ¿qué prueba? Prueba simplemente que Batista fue un tirano y que el derrocarlo fue una legítima acción. Pero del hecho que Batista haya asesinado, mutilado, robado, perseguido justamente ¿puede acaso justificarse la injusticia de quien sea, aunque éste haya sido el derrocador de Batista?

“De no haber habido estos tribunales, la venganza popular habría sido mucho más sangrienta y lamentable”. Tampoco esto prueba nada acerca de la justicia de estos tribunales. El matar a pocos injustamente evitando que la muchedumbre mate injustamente a muchos, ¿hace justo lo injusto? Además, toda venganza, en sí, es injusta y un tribunal que juzgase para apaciguar la venganza de un pueblo no sería tribunal. El vengador nunca ha sido juez.

“Los criminales que ejecutaremos —declaró el mismo Fidel Castro— son el uno por mil de los asesinados en Hiroshima y Nagasaki”. Pero allí se trataba de una guerra y lo que habría que ver sería si tal guerra y los medios en ella usados eran justos o injustos. Aquí no se trata de una guerra sino del modo de hacer la justicia. Además, si fue injusto el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, como supone Fidel Castro, ¿puede ser gran injusticia justificar una serie de ejecuciones no justas?

“Criminales de derecho común”. El mismo Fidel Castro ha declarado insistentemente que los ejecutados eran criminales que llevaban por lo menos seis crímenes en su conciencia. Numerosos son los testimonios que coinciden en esta afirmación. Pero, ¿por qué a criminales de derecho común no se les juzga por el derecho común, sino por un código penal sin vigencia para ellos? ¿Por qué —y llegamos a lo más fundamental— no se les juzga realmente? ¿Por qué no se les entrega al juicio objetivo de un tribunal independiente de la parte acusadora? ¿No existían “jueces” en Cuba? ¿Estaban todos corrompidos o comprometidos por el gobierno anterior? ¿Por qué entonces no llamar a un tribunal internacional?

“Ha sido menos terrible que Nuremberg”, escribe el “Libertador”. Pero si en Nuremberg se procedió injustamente, ¿es lícito hacer de La Habana un pequeño Nuremberg? Y de esto se trata precisamente. Lo que se ha hecho, si está mal hecho, no puede jamás ser norma legítima para el futuro.

La revolución cubana pertenece al presente, pero el futuro no excluye la posibilidad de otras revoluciones americanas. Surgirán otros “Castros”, valerosos, constantes, idealistas, pero ¡que no manchen la pureza inicial de su anhelo de libertad y de justicia; que no se salgan de los marcos de la legalidad; que respeten también el derecho de los vecinos a ser tratados y procesados justamente! Porque la injusticia de una tiranía sólo se vence con la justicia. Es la verdad lo único que realmente triunfa y no el odio, por muchas armas que tenga.

H. L. A.

La injusticia de una tiranía sólo se vence con la justicia. Es la verdad lo único que realmente triunfa y no el odio, por muchas armas que tenga.