Tras ser revisado por la Dirección de Comunicación Social, el primer editorial de Mensaje tras el golpe de Estado aparece con espacios en blanco. Expresa: “De esta Junta Militar esperamos que no se aferre al poder, sino que lo entregue apenas el país esté pacificado, ordenado y en camino hacia el progreso”. Junto a ese editorial, se presentaba el Comentario Nacional de Jaime Ruiz-Tagle.
No se veía salida política. El diálogo Democracia Cristiana–Gobierno había fracasado. Los gremios estaban en huelga indefinida. La inflación era galopante. La situación económica, catastrófica. El país estaba prácticamente paralizado. La disciplina laboral seriamente requebrajada. Había gran corrupción administrativa. La Corte Suprema y la Cámara ponían en cuestión la legalidad del Gobierno. Los extremistas se armaban más y más, y abiertamente decían que el único camino posible era la vía violenta, al mismo tiempo que trataban de dividir las Fuerzas Armadas.
O golpe o anarquía creciente o guerra civil. Así vieron las cosas los militares. Y obviamente escogieron la opción que les pareció menos dolorosa.
[…]Como lo hemos repetido más de alguna vez en nuestros editoriales, el primer gran error de Allende fue no aceptar la colaboración de la DC al comienzo de su mandato. En ese momento Tomic representaba la mayoría del partido. Pero Allende creyó que la DC se dividiría y jugó a la división. Lo único que consiguió fue que la DC se uniese y endureciera su oposición. Así, el diálogo, que era indispensable para tener una base popular mayoritaria, se fue haciendo cada vez más difícil debido a ambos. A Allende que prometía y no cumplía y a la DC que, rigidizada, ponía más y más condiciones.
Cabe también preguntarse por la responsabilidad histórica que le corresponde a la DC. Hubo importantes dirigentes de ella que desde un comienzo desahuciaron la posibilidad de una vía legal y pensaron que la Unidad Popular buscaba solamente la dictadura marxista clásica. La desconfianza de estos dirigentes acentuó la desconfianza en dirigentes UP y de a poco fueron todos tejiendo la madeja de la incomprensión fatal.
Otro error de Allende, ligado al anterior, fue echarse encima a la pequeña burguesía: comerciantes, camioneros, pequeños propietarios agrícolas… Esta clase era perfectamente ganable para el socialismo pero la política concreta de Allende los transformó en enconados adversarios. Pensemos en la huelga de camioneros y comerciantes, fomentada por la derecha, es cierto, pero mal que mal de camioneros y comerciantes, de pequeños propietarios.
Otro error, el más fundamental, de Allende, fue el haber jugado simultáneamente dos estrategias incompatibles entre sí; la legalista y la golpista. Por un lado, se decía legalista y afirmaba que la “vía chilena” consistía en llegar al socialismo a través del camino legal y constitucional, a un socialismo pluralista, democrático, popular, humanista. Por otro lado, presionado por socialistas y miristas, jugaba a la acción directa, se esforzaba en dividir las Fuerzas Armadas, aprobaba la internación de armas (los famosos bultos de Tomás Moro) y los campos de entrenamiento guerrillero. Él confiaba que su muñeca política lo libraría de las contradicciones, pero esto era imposible. Su política traslucía ambigüedad y esto lo perdió. Poco antes del golpe hablaba contra los extremistas y reafirmaba el principio de legalidad, pero al mismo tiempo, no rompía definitivamente con el MIR y buscaba modos de controlar todo el poder. Esto hizo que Allende no fuese confiable y se llegó así a una crisis de confianza total. En esas circunstancias propusimos en estas mismas páginas que las Fuerzas Armadas entrasen al Gabinete e hiciesen de puente entre la Oposición y el Gobierno. Pero el ingreso de las Fuerzas Armadas no sirvió, ya que sólo se les dieron ministerios pero no mandos medios esenciales para ejercer verdadera autoridad. Malgastada esta última posibilidad no encontraron otra opción que el golpe o ver consumada la ruina del país o la guerra civil.
[…]Fait accompli
[…]En 1970 dos tercios del electorado votó a favor de cambios estructurales profundos y globales; a favor de un sistema no capitalista de desarrollo. Es importante que los Jefes de la Junta mediten en esto. El camino que el país ha recorrido bajo Allende, en lo que tiene de positivo, es irreversible. No puede volverse a un régimen de derecha.
No puede, por consiguiente, echarse marcha atrás en la reforma agraria, en la estatización de los bancos, empresas y productos básicos del país. La Junta así lo ha reconocido.
[…]No se trata de avanzar hacia el pasado sino hacia el porvenir.
Lo que esperamos de las Fuerzas Armadas es honradez ejemplificadora y contagiosa, que pongan orden en el caos en que dejó el gobierno de Allende la administración pública, que demuestren y promuevan el trabajo eficiente, capaz, disciplinado, que saquen al país del pantano en que está. En la medida en que la Junta logre darle realidad a sus promesas de orden socio-económico y de buena gestión, irá encontrando más y más ciudadanos dispuestos a prestar su colaboración. Pero la confianza no basta con pedirla, es preciso ganarla.
Todos debemos unirnos en un esfuerzo nacional de gran envergadura: hacer crecer a Chile. Debemos hablar menos y trabajar más. Por encima de nuestros intereses personales, debemos ver el gran interés: Chile. Debemos, sobre todo, tratar de extinguir en nosotros los focos de odio que tienden a envenenar nuestro corazón y nuestro ambiente. La tentación de revancha, en unos y de rencor en otros es, por cierto, punzante, pero la patria espera de todos este doloroso esfuerzo.
De esta Junta Militar esperamos también que no se aferre al poder —el poder es siempre una tentación para el que lo detenta— sino que lo entregue apenas el país esté pacificado, ordenado y en camino hacia el progreso.
[…]Esperamos, por tanto, que terminadas estas horas difíciles volvamos por la senda que ha sido siempre la chilena: la democrática. La democracia tiene sus defectos, pero de todos los regímenes es ciertamente el mejor.
Entonces, desde una perspectiva histórica, podremos ver los actuales acontecimientos como un cruento y doloroso episodio, pero episodio nada más, de la vida nacional. La historia está abierta. Debemos marchar hacia adelante y responder al llamado que se nos hace como nación soberana.
Mensaje
15 de septiembre
Esperamos, por tanto, que terminadas estas horas dificiles volvamos por la senda que ha sido siempre la chilena: la democrática. La democracia tiene sus defectos, pero de todos los regímenes es ciertamente el mejor.
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Jaime Ruiz-Tagle
Los nuevos jefes del Ejecutivo, Comandantes máximos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, han sido sobre todo hombres de armas. En sus hojas de vida se destaca, sin embargo, que los tres han sido profesores de una Academia de Guerra, lo que revela en ellos una inclinación a la actividad intelectual. Es posible, en consecuencia, que lleguen a elaborar una ideología propia que dirija el movimiento. También se puede destacar que el General Pinochet estuvo en la Misión Militar de Chile en USA (1956), el Almirante Merino estuvo embarcado en el crucero “Raleigh” (1940) y el General Leigh fue agregado a la Misión Aérea de Chile en Washington (1952). Estas experiencias podrían inclinarlos a procurar las mejores relaciones con los Estados Unidos. Por último, cabe señalar que ninguno de ellos, como tampoco el General Director de Carabineros, ha manifestado un gran afán de destacarse, lo que permite presumir que actuarán en forma coordinada, sin divisiones internas de importancia. Los nuevos jefes del Ejecutivo no son caudillos militares al estilo de los que conocieron casi todos los países de América Latina en el siglo pasado y aún en éste.
La Junta Militar de Gobierno (JMG) clausuró el Parlamento, lo que le permite gobernar por decretos. Se ha dejado en sus puestos a las autoridades del Poder Judicial y de la Contraloría, pero ellas deben ceñir sus dictámenes a las condiciones del Estado de Sitio decretado por la Junta. En fin, todos los alcaldes han sido reemplazados por personas de confianza del Gobierno y los cargos de regidores han sido suprimidos. Todo esto significa que el poder de la JMG es total: desde el punto de vista institucional no habrá otras orientaciones políticas que las que ella señale.
Así como otros gobiernos militares latinoamericanos, el de Chile se ha autodefinido fundamentalmente como nacionalista. El significado de este “nacionalismo” todavía no aparece muy claro, pero ya se han dado algunas indicaciones al respecto. El año 1973 ha sido llamado “el año de la restauración nacional” y se ha dado el nombre de Diego Portales, padre de la república conservadora, al edificio donde tiene sus oficinas la JMG. Como es sabido, Portales es también el símbolo del orden y la honestidad, virtudes opuestas al desorden y la deshonestidad que habrían caracterizado al gobierno anterior. Nacionalismo significa, por lo tanto, revivir las mejores virtudes de la tradición nacional.
Para la JMG el nacionalismo significa también que la nación —es decir, el conjunto de los que comparten una historia, una lengua, costumbres y territorio— debe sobreponerse a cualquier partidismo político, a cualquier división de clases sociales. “Para el soldado, el marino, el aviador y el carabinero de Chile, no existen divisiones partidistas…”. No queda lugar para movimientos u organizaciones que canalicen las diversas opiniones políticas. En este sentido, el nacionalismo de la Junta ya no es el de Portales, quien no sólo reconocía la importancia de los partidos políticos sino que habría afirmado: “Si la oposición no existiera, habría que crearla”; el “fundador de la República” estaba consciente de que la crítica era indispensable para que un Gobierno fuera eficiente. Dirigiéndose a los jóvenes, la Junta ha afirmado: “Para el Chile nuevo, no hay jóvenes pobres ni ricos, no hay más luchas de clases…”. Es evidente que ni las opiniones partidistas ni las divisiones de clases deben tener lugar al interior de las Fuerzas Armadas, dada su función y su jerarquización, pero proyectar esto a la nación entera puede ser un error de diagnóstico. El pensamiento social cristiano, por ejemplo, siempre ha reconocido que existen clases sociales y que ellas luchan entre sí; que cada grupo social lucha por defender sus intereses (que con frecuencia entran en conflicto con los intereses de otros grupos).
En fin, tal vez el rasgo más destacado del nacionalismo de la JMG sea su rechazo a las ideas políticas foráneas, y concretamente al marxismo. Se ha dicho que una de las principales tareas de la Junta será la de “extirpar el cáncer marxista”. Algunos han interpretado estas declaraciones como una guerra a muerte a ese 44% de los chilenos que hace unos meses votó por la Unidad Popular. Por eso, sería importante que el Gobierno precisara en qué consiste su anti-marxismo (no sea que se eche por la ventana a la guagua junto con la bañera) y en todo caso que se persigan los hechos y no las ideas, tal como se ha afirmado. Algunos órganos de prensa han hablado de la posesión de “literatura marxista” como de un delito, lo que no parece estar de acuerdo con el espíritu de la Junta. Cualquier interpretación del anti-marxismo del Gobierno en el sentido de perseguir ideas u opiniones, significaría declarar la guerra a más del 40% de los chilenos y entraría en contradicción con lo afirmado por el General Pinochet: “No habrá vencedores ni vencidos”.
Además del nacionalismo, otra característica de la orientación política del Gobierno parece ser el tecnicismo. Para la tarea de reconstrucción nacional se recurrirá preferentemente a los técnicos y profesionales, a los especialistas. “Nuestra política será nacionalista, con participación de los técnicos, de los gremios, de la juventud, de las mujeres…”. Si esta orientación se confirma podría tal vez seguirse un camino de desarrollo semejante al de Brasil, donde el rol de los técnicos ha sido muy destacado.
En fin, una tercera orientación sería el gremialismo, que se desprende tanto de las declaraciones de la Junta como del rol que se ha atribuido a los líderes gremiales. Ante la pregunta de un periodista español sobre si el nuevo Gobierno sería “corporativista” un miembro de la Junta rechazó cualquier tendencia fascista; luego señaló que la nueva Constitución que está preparándose (la Comisión que la prepara está presidida por un ex Ministro del ex Presidente Alessandri) sería tal “que le dé participación a la mujer, que le dé participación a los gremios, que le dé participación a la juventud…”. Respecto a la nueva Constitución se afirmó también que se deseaba un rol muy definido y más amplio para las Fuerzas Armadas (“queremos que las Fuerzas Armadas tengan representación en organismos legislativos”) y “que no le dé oportunidad al marxismo de volver a hincar sus garras sobre nuestro país”.
Pero el poder institucional no basta para llevar adelante esta política si no se cuenta también con el poder social. ¿Con qué fuerzas sociales cuenta la Junta? Como los partidos de derecha pidieron la intervención militar y sólo un pequeño sector de la Democracia Cristiana no lo aprobó, se puede pensar que el Gobierno cuenta con el apoyo de más de la mitad de los chilenos. Más concretamente, el Partido Nacional dejó en libertad de acción a sus militantes para aceptar los cargos que se les ofrecieran mientras que la DC se manifestó dispuesta a colaborar con la Junta a través de técnicos. En la práctica, los nombramientos en cargos importantes han recaído sobre todo en militares (en servicio activo o en retiro) y en civiles independientes, pero en sectores importantes se han aprovechado los servicios de militantes de derecha o demócratacristianos. Los partidos marxistas, como se sabe, han sido puestos fuera de la ley, de manera que muy difícilmente podrían presentar una oposición activa y abierta. Los gremios profesionales, los comerciantes, los transportistas, los industriales, han proclamado su apoyo irrestricto a la Junta. En cuanto a los asalariados, su apoyo dependerá en buena parte de la política salarial que propicie el Gobierno. Volveremos sobre este punto más adelante. En general, se puede prever que el apoyo popular al Gobierno Militar será tanto más estable cuanto más claro aparezca que la Junta está decidida a poner en práctica lo antes posible su declaración de que “tan pronto el país se recupere y olvide el caos, tengan la certeza de que la Junta entregará en forma leal el Gobierno a quien el pueblo designe”.
El poder institucional no basta para llevar adelante esta política si no se cuenta también con el poder social. ¿Con qué fuerzas sociales cuenta la Junta?
Desde que la JMG tomó el poder manifestó su deseo de mantener vigentes las relaciones diplomáticas y comerciales con los países amigos. Cuba y Corea del Norte no fueron incluidos en esta categoría, acusados de haber intervenido en la política interna chilena, y se rompió relaciones con ellos inmediatamente. En los días que siguieron el Gobierno fue recibiendo el reconocimiento de diversos países occidentales, mientras que la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental rompían relaciones con Chile. Esta situación no es favorable para el país, precisamente en los tiempos en que la guerra fría parece haber llegado definitivamente a su fin. En cambio las relaciones con los Estados Unidos pueden mejorar notablemente; un miembro de la Junta manifestó su deseo de que ellas fueran óptimas. Como signo de los nuevos tiempos se publicó la noticia de que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) concedió a Chile un crédito por 65 millones de dólares. Por su parte, el Gobierno declaró que “se respetarán todas las deudas legalmente contraídas por el Estado chileno”, lo que plantea el problema de la indemnización a las empresas de cobre norteamericanas que operaban en el país. Como es sabido, los Estados Unidos exigían indemnización, preocupados no tanto de algunos millones de dólares, sino de la implantación de una nueva doctrina según la cual las utilidades excesivas podrían descontarse, con efecto retroactivo. Puesto que la nacionalización fue aprobada por representantes de todos los partidos políticos y el descuento corroborado por la Contraloría, la JMG podría difícilmente volver atrás. Los Estados Unidos encontrarán, sin duda, una fórmula que les permita salvar sus intereses económicos y a la vez ayudar a un Gobierno que se ha encargado de barrer a uno de sus principales enemigos en América Latina.
Con respecto a los países del Pacto Andino, la Junta espera poder intensificar el intercambio comercial, mejorando de paso las relaciones políticas con Bolivia. Aunque la Argentina de Perón no esté muy satisfecha de ver instalarse un Gobierno militar en Chile, no tiene más remedio que mantener buenas relaciones con Chile, para no quedar aislada en América Latina, sobre todo ahora que se puede presumir que Brasil prestará una amplia cooperación al Gobierno chileno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado su intención de desarrollar en forma multilateral el comercio exterior. A este respecto sería importante que el Gobierno continuara la política de sectorización de las relaciones económicas internacionales, a fin de evitar el aprendizaje de múltiples técnicas en un mismo rubro, la excesiva acumulación de diversos tipos de repuestos, etc. al mismo tiempo que se diversifica la dependencia.
Desde el punto de vista de las relaciones internacionales existe actualmente el serio problema del trato que se dé a los extranjeros residentes en Chile. La Tercera da cuenta (18 de sept.) de que fueron expulsados de Chile 315 ciudadanos bolivianos considerados de filiación izquierdista y por lo tanto indeseables; El Mercurio (25 de sept.) informa que la JMG ordenó la expulsión de dos sacerdotes canadienses, acusados de actividades de tipo extremista. Se sabe que centenares de extranjeros han abandonado el país, muchos otros se aprestan a hacerlo y en el Estadio Nacional alrededor de 240 están prisioneros. En fin, en diversas Embajadas hay más de 1.000 asilados, tanto chilenos como extranjeros. Aunque el Gobierno ha reafirmado la adhesión de Chile a los convenios sobre refugiados suscritos por el país y la Junta publicó una declaración destacando el aporte de los extranjeros a la vida nacional, se ha desarrollado una xenofobia que no puede menos que dañar la imagen de Chile en el exterior. Este país, que desde el siglo pasado se preció de ser un “asilo contra la opresión”, podría convertirse —tal vez contra el deseo de las autoridades— en un lugar insoportable para los que han venido a trabajar o estudiar bajo su bandera.
Para reactivar la economía se espera obtener créditos de Estados Unidos, Europa y de algunos países latinoamericanos como Brasil. Pero los créditos pueden ser insuficientes. Por eso uno de los miembros de la Junta ha declarado que se debe dar confianza al mundo entero para abrir las puertas a capitales extranjeros que deseen establecerse en el país. Los capitalistas extranjeros, y los capitalistas chilenos que se asocien a ellos, verán ciertamente con satisfacción esta actitud abierta, pero sin duda esperarán que la situación interna se haya estabilizado antes de arriesgarse a invertir.
Con el objeto de normalizar la actividad económica se pondrá en marcha una política anti-inflacionaria. La primera medida consistirá en evitar las emisiones inorgánicas, reduciendo drásticamente los gastos fiscales. Ya hemos señalado en otros comentarios que los déficits fiscales se deben en buena parte a las pérdidas en las empresas del área social. Para suprimirlas se elevará los precios de muchos productos a fin de adecuarlos a los costos, se reducirá el personal y se insistirá en la disciplina laboral. De hecho varias alzas ya han sido decretadas y el ausentismo laboral ha disminuido; la cesantía parece aumentar. La segunda medida importante para luchar contra la inflación será limitar los aumentos de salarios: “El reajuste va a estar muy lejos de reflejar el ciento por ciento del alza del costo de la vida”, señaló uno de los miembros de la Junta. La disminución del ritmo inflacionario implicará, por lo tanto, una sensible disminución en el poder de compra de los asalariados. Sin embargo, se supone que no habrá problemas con los sindicatos porque la presentación de pliegos de peticiones ha sido suspendida y la Central Única de Trabajadores ha sido puesta fuera de la ley.
Como una manera indirecta de luchar contra la inflación se estimulará enérgicamente la producción agrícola: la mayor disponibilidad de productos limitará las alzas de precios, liberando así divisas que servirán para recoger circulante. Para estimular a los agricultores se decretó la inexpropiabilidad de los predios inferiores a 40 hectáreas de riego básico y se darán facilidades para que “los antiguos propietarios que estaban sin tierras y que conocen la materia puedan comprar predios menores de 40 hectáreas”. Por otra parte, la tierra que había sido expropiada se entregará a los campesinos dándoles títulos de dominio individuales. En fin, el sector agrícola exportador gozará de mejores precios ya que se alzará el dólar para las exportaciones.
Para limitar el efecto de las alzas de precios se ha empezado ya a combatir eficazmente el mercado negro y la especulación; un Gobierno autoritario, que puede imponer drásticas sanciones, tiene muchas posibilidades de eliminar esos delitos económicos. Por lo demás, los comerciantes estarán sin duda dispuestos a colaborar con el Gobierno, ya que se han suprimido los mecanismos de distribución directa y las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), entregándose sólo a los comerciantes la venta directa al público. Ciertos sectores populares, que no tienen supermercados ni facilidades de locomoción, resultarán perjudicados en sus posibilidades de consumo, a no ser que el Gobierno promueva la creación de supermercados cooperativos (estilo UNICOOP) en los barrios más pobres.
Para los industriales es muy importante lo que se ha afirmado respecto a las estatizaciones: “Lo que está legalmente estatizado continuará en poder del Estado, pero aquellas industrias o predios en situación de ilegalidad van a ser devueltos a sus propietarios”. El Mercurio ha afirmado que la mayoría de las industrias han sido requisadas o intervenidas ilegalmente y de hecho algunas industrias ya han sido devueltas a sus antiguos patrones; esto lleva a pensar que el “área social” será reducida drásticamente. Por otra parte, la confianza en el repunte de la industria privada se ha manifestado en el alza espectacular de los valores de la Bolsa de Comercio. En fin, para lograr la colaboración activa de los obreros industriales se les dará participación en las utilidades de las empresas.
Quisiéramos terminar este comentario señalando brevemente los principales cambios que han tenido lugar en materia de comunicación de masas y educación, especialmente universitaria.
Después del golpe, poco a poco han ido reapareciendo todos los diarios y revistas que se oponían al Gobierno de la Unidad Popular. Los canales de televisión que controlaban los partidos marxistas están ahora dirigidos por representantes de la JMG y por elementos no marxistas de la Universidad de Chile. Todas las informaciones —de prensa, radio y televisión— son debidamente censuradas, como corresponde a la situación de estado de guerra interna o Estado de Sitio. Por el momento no ha surgido ninguna crítica al régimen ni se puede predecir cuánto durará el Estado de Sitio.
En cuanto a la educación, se ha anunciado una reforma total. Por el momento los hechos más destacados han sido el nombramiento de un Rector militar en la Universidad Técnica del Estado, la clausura de las escuelas de Sociología y Periodismo en la Universidad de Concepción y la “re-estructuración” de diversas Facultades y Escuelas en las Universidades de Chile y Católica, incluyendo el nombramiento de nuevos vice-rectores de sedes. El Gobierno ha asegurado que respetará la autonomía universitaria, pero no permitirá que las Universidades se conviertan en bastiones extremistas. El Ministro de Educación ha afirmado que ya no se darán cursos de orientación marxista, porque el marxismo está fuera de la Ley. El Rector de la Universidad de Chile ha indicado que sólo se eliminará el asambleísmo político, que dañaba seriamente las actividades académicas.
Han pasado sólo 15 días. Será necesario esperar todavía un tiempo antes de saber en qué forma se podrá mantener la libertad de pensamiento y de enseñanza en Chile.
27 de septiembre de 1973
