El 11 de septiembre se realiza el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución y proyectar hasta 1989 el periodo del gobierno cívico-militar. El editorial de ese mes advierte sobre las condiciones políticas en que se desarrollaba la vida del país.
El país se encuentra en una situación de violencia. Lo que debiera ser un día memorable de unidad nacional, en que los chilenos proclamáramos nuestra Carta Fundamental, se ha convertido en un acto de división y violencia: un grupo, contra la voluntad de enormes sectores, presiona para que se ratifique una nueva Constitución. Lo grave de la situación es que la presión es tal que se transforma en una imposición. Y la imposición se hace más irritante cuando se la reviste, engañosamente, de una apariencia democrática.
La nueva Constitución que se propone cambia substancialmente lo que ha sido nuestra tradición republicana y crea un Estado basado en una ideología ajena a nuestra historia. Ya no será el pueblo organizado el que se rija a sí mismo, siguiendo los caminos que libremente escoja, sino que habrá una estructura institucional con un gobierno fuerte que podrá decidir lo que convenga o no convenga a los ciudadanos y juzgar sobre los derechos que se les pueda conceder, a quiénes y en qué circunstancias.
Además, la nueva Constitución opta por una determinada filosofía política y consagra un determinado ordenamiento jurídico, social y económico del país, que es el que desde hace años viene implementando el actual gobierno.
Esta nueva Constitución abandona la división de poderes con mutuo control, que caracteriza a las democracias, y otorga un poder excesivo al Presidente de la República, disminuyendo en demasía el rol del parlamento y creando al mismo tiempo otras instancias de poder ajenas al control ciudadano, como, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional. Contrariamente, frente a este Estado protector los derechos fundamentales de las personas, por la vía de los regímenes de excepción, quedan disminuidos casi hasta la indefensión.
Se trata, pues, de una Constitución que representa a un solo sector, que es excluyente de los demás pensamientos y no democrática en su esencia. Su articulado, por lo demás, la hace difícilmente modificable.
Pero, con todo, y a pesar de no haber sido elaborada por un grupo representativo de los diferentes sectores y pensamientos del país, la ciudadanía podría asumirla como propia —por ejemplo, a través de un plebiscito— si así lo juzgara conveniente.
Sorprendentemente, sin embargo, esta Constitución que se somete ahora a plebiscito no entrará plenamente en vigencia sino a partir de la próxima década. La ratificación plebiscitaria incluye, por tanto, la prolongación en la práctica del actual período de emergencia por diez años más, durante los cuales el general Pinochet seguirá gobernando —ahora “legalmente”— sin elecciones, sin parlamento y con atribuciones casi ilimitadas, semejantes a las de Estado de Sitio. Baste considerar, por ejemplo, que hasta 1989, si hubiere “peligro de perturbación de la paz interior, el Presidente de la República así lo declarará” y tendrá “por seis meses renovables”, el cúmulo de facultades que ha tenido hasta ahora, y aún más represivas. En esas circunstancias aun el habeas corpus (recurso de amparo) quedará legalmente abolido y se podrá expulsar del país a los que “tengan reputación de ser activistas” de determinadas doctrinas.
En otras palabras, el país completaría 17 años gobernado al margen del Estado de Derecho.
Semejante situación sería gravemente atentatoria contra los derechos fundamentales de las personas. Sería, sin más, la institucionalización de un estado permanente de violencia.
El pensamiento cristiano sostiene, contrariamente, que todo ciudadano tiene derecho a “participar, libre y activamente, tanto en la fundamentación jurídica de la comunidad, como en la dirección del Estado, en los campos de las diversas instituciones, en la determinación de los fines y en la elección de los dirigentes”. Y cuando ha sido necesario coartar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos, debe restituirse cuanto antes la libertad. “Es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias o dictatoriales que dañan los derechos de la persona o de los grupos sociales” (Vaticano II, G.S. 75).
Por otra parte, este largo período de “emergencia permanente” —nos empezamos a acostumbrar a lo absurdo— no se concibe como un período de transición a la democracia, sino como el tiempo requerido para la consolidación irreversible de la estructuración económica y social que se viene instaurando, de modo que el Estado de seguridad nacional pueda funcionar sin trabas.
Pero el problema más serio surge cuando se considera la forma y circunstancias en que el proyecto ha sido presentado para su aprobación.
El plebiscito se llevará a efecto estando el país en Estado de Emergencia, que ya dura siete años ininterrumpidamente. Por tanto, sin libertad de reunión; con serias restricciones a la libertad de información; pudiendo la autoridad relegar, al margen de los tribunales de justicia, o detener a las personas hasta por veinte días en determinadas circunstancias, antes de entregarlas a la justicia; etc. Es decir, el plebiscito se realizará sin que rija en el país el Estado de Derecho.
Tampoco habrá registros electorales (no se sabe cuántas personas pueden votar), ni sistema alguno que garantice la honestidad del proceso. El gobierno ya anunció la impresión de 11 millones de votos (Chile tiene unos 11 millones de habitantes) y que los votos en blanco serán contabilizados como “sí”.
El acto plebiscitario estará a cargo de los propios funcionarios de gobierno, que nombrarán a los presidentes de las mesas, sorteándose los vocales de entre los ciudadanos que quieran inscribirse. El acto mismo estará bajo el control de las Fuerzas Armadas. El recuento general de votos lo harán los alcaldes y gobernadores, funcionarios de la exclusiva confianza del Jefe de Estado, que serán, a la vez, juez y parte del proceso.
Pero hay más.
El clima general que rodea al plebiscito es de enorme temor. Se amenaza a la población con cárcel si no acude a votar. La represión y los operativos, dramáticamente vivos este último tiempo y aleccionadoramente mostrados por televisión, actúan así como un inhibidor psicológico, que puede bloquear a muchos a arriesgarse a marcar un “no”.
Por el contrario, las intensas giras del Jefe de Estado por las provincias y la multimillonaria propaganda oficial —cuyas fuentes de financiamiento se desconocen— han inundado todos los rincones del país con un canto de sirenas que invita a decir “sí” a la patria, a la libertad, al orden y al progreso, y “no” al caos y a la anarquía que preconizan los ambiciosos de poder que sólo desean volver “a los mil días negros de Chile”. Obviamente, en Televisión Nacional sólo argumentan los que están por el “sí” a Chile y su gobierno. Unas cuantas revistas y radios discrepantes no logran hacer contrapeso a la presión de los medios informativos del gobierno y de los grupos económicos que lo sustentan. Aunque se hable de libertad de expresión y se permita a alguno discrepar en público, la ciudadanía está lejos, hoy en día, de poder ejercer su derecho a la información veraz.
Así las cosas, este plebiscito no reúne las condiciones mínimas que garanticen su honestidad, y carece, por tanto, de legitimidad y de validez.
Nos parece, además, ilegítimo porque, frente al “sí”, no hay otra alternativa real. El “no” significaría un vacío político-jurídico que no se ha aclarado y que podría implicar tanto la entrega del poder del actual gobernante —a lo que no parece dispuesta en absoluto—, como la prolongación indefinida de la situación actual. Por último, lo que por sí solo también invalida todo el proceso, se ha incluido tres decisiones —que admiten respuestas diferentes— en un solo “sí” o “no”: la aprobación de la Constitución; la aprobación de su plena vigencia a partir de 1989 y no desde ahora; y la elección del general Pinochet como presidente de la República.
Este plebiscito no reúne las condiciones mínimas que garanticen su honestidad, y carece, por tanto, de legitimidad y de validez.
Un plebiscito así simplemente no obliga desde el punto de vista moral. Cada uno tendrá que ver, eso sí, qué actitud tomar, frente a él, como mal menor.
Se trata, pues, de una ficción democrática. Pero el asunto va mucho más allá. Nos parece que es una falta de respeto sin precedentes a la nación y a su historia. Y es, además, un acto de irresponsabilidad temeraria. El deseo de ciertos gobernantes de perpetuarse en el poder total ha empujado a no pocos países a la destrucción fratricida. Grave responsabilidad asume un gobierno que plantea el futuro de la patria en términos de confrontación, y no por la vía del consenso y la armonía.
Sin embargo, querámoslo o no, seguiremos siendo una nación. La división y la violencia, sí, nos unirían solamente en el odio. Pero ¿por qué perder las esperanzas del reencuentro? ¿Acaso no nos une un pasado común, una historia de logros y de esfuerzos compartidos, a pesar de las discrepancias y divisiones? Más allá de la confrontación, nuestro desafío es seguir buscando —sin descalificaciones, sin imposiciones avasalladoras— aquello que constituye nuestra nacionalidad, nuestra común pertenencia a este proyecto llamado Chile. Porque compartimos un cierto espíritu común, un “nosotros” del que todos nos sentimos herederos y partícipes.
Más allá de este plebiscito, y de la Constitución que en él se apruebe, hay que cuidar esas semillas de patria común que hay en todos nosotros. Aunque no celebremos ahora nuestro “día memorable” de unidad nacional, hay que seguir urdiendo el tejido de nuestra convivencia futura. No podemos dejar de confiar en el hombre y en su capacidad para encontrar, algún día, los caminos de la concordia. “Esperando contra toda esperanza”, como Abraham, seguiremos amando al Chile de nuestros anhelos.
Mensaje
20 de agosto de 1980
