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Desde 1952, año en que se inició el monitoreo oficial, 134.000 personas han desaparecido en el país latinoamericano. El analista de CESPI, Federico Nastasi, afirma: «Es una de las ‘epidemias’ que vive el país, causada, entre otras cosas, por la trata de personas con fines de explotación, los asesinatos perpetrados por bandas criminales y la corrupción».
Una «guerra de baja intensidad». Federico Nastasi, investigador del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CESPI), profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en Ciudad de México y periodista, interpreta los datos de las autoridades mexicanas sobre personas desaparecidas en el país latinoamericano desde 1952, año en que comenzó el monitoreo oficial, hasta la actualidad: 134.000, incluyendo más de 14.000 durante el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum en el cargo. «Es una de las ‘epidemias’ que vive el país, causada, entre otras cosas, por la trata de personas con fines de explotación, los asesinatos perpetrados por grupos criminales y la corrupción», explica el analista desde la capital mexicana durante una conversación con medios del Vaticano.
Una parte importante de este país, especialmente el centro-norte, se encuentra en una situación donde los cárteles de la droga ejercen un poder que a veces supera al del Estado: la gente suele decir que hay una especie de «zonas rojas» a las que no pueden acceder debido a la inseguridad. Si escuchas la radio cada mañana, puedes escuchar testimonios de personas que denuncian la desaparición de un familiar, quizás el día anterior.
A pesar del nombramiento de un nuevo fiscal para investigar el caso, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, cuyo undécimo aniversario se celebró a finales de septiembre, sigue sin resolverse, recuerda Nastasi. Fue en 2014 cuando, según las investigaciones, en Iguala, estado de Guerrero, la policía intervino después de que un grupo de estudiantes intentara tomar autobuses para llegar a una manifestación. Seis jóvenes murieron en la redada, mientras que el resto terminó en manos de delincuentes locales involucrados en el tráfico de heroína a Estados Unidos.
Incluso hoy, las cifras siguen siendo elevadas. «Hay entre 40 y 45 personas desaparecidas cada día», señala el investigador del CESPI, al tiempo que observa una especie de resignación en la ciudadanía ante la «violencia que se ha convertido en parte de la vida cotidiana», a pesar de que hay indicios de «activismo entre grupos de personas, los llamados buscadores, que se organizan en colectivos y buscan a sus familiares desaparecidos». «Algo que lamentablemente ocurre», continúa, «es que con relativa frecuencia se descubren fosas comunes con cuerpos, algunos de los cuales no están identificados».
Cabe destacar, añade Nastasi, que, en cuanto a las estadísticas, de esas 134.000 personas desaparecidas, «72.000 son en realidad cuerpos de personas asesinadas, que, sin embargo, nunca han sido identificadas y, por lo tanto, no se clasifican como homicidios». El gobierno de la presidenta Sheinbaum —según informa— declara que la tasa de homicidios ha disminuido un 25% en el último año, pasando de aproximadamente 98 homicidios diarios en 2024 a 68 en 2025; pero, al mismo tiempo, ha habido un aumento del 16% en el número de personas desaparecidas durante el mismo periodo, 40 personas por día.
De esas 134.000 personas desaparecidas, «72.000 son en realidad cuerpos de personas asesinadas, que, sin embargo, nunca han sido identificadas y, por lo tanto, no se clasifican como homicidios».
La agencia de noticias AFP atribuye 30.000 homicidios al año a la violencia criminal. A pesar de las cifras difíciles de verificar, los perpetradores son «los principales cárteles de la droga, como Jalisco Nueva Generación o los Chapitos (herederos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, cofundador del cártel de Sinaloa, actualmente encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos), para los cuales existen mapas que muestran sus áreas de influencia en el país».
En algunos territorios, añade Nastasi, «la violencia es mayor porque se los disputan diferentes cárteles», mientras que en otros «reina una especie de ‘paz armada’, en la que no hay ‘competencia’ de otros cárteles por el control del territorio. Pero incluso, en esos casos, se extorsiona a pequeños comerciantes, como taxistas, que no pagan el derecho de piso, una especie de impuesto de protección, y arriesgan sus vidas».
En los últimos días, mientras el país se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, los juzgados de la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California, un punto clave de cruce hacia Estados Unidos y un centro del narcotráfico, han sido atacados por drones.
El crimen organizado utiliza cada vez más estos dispositivos no tripulados: según un informe de Insight Crime, el cártel Jalisco Nueva Generación los ha estado utilizando desde al menos 2020 a través de una especie de «división especializada» para el uso y lanzamiento de explosivos caseros. «Incluso utilizan estas armas de última generación como demostración de fuerza en redes sociales.
Sin embargo, se ha abierto un amplio debate sobre todo esto, ya que —observa— muchas de estas armas se fabrican en Estados Unidos: se habla de flujos en la frontera y de que México inunda Estados Unidos con drogas o inseguridad, pero, de hecho, muchos analistas mexicanos señalan que también existe una relación inversa».
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.
