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La hoja de ruta acordada entre representantes del Gobierno y de la sociedad civil determinó que obispos y pastores acompañen el proceso.
El Gobierno de Nicaragua y la sociedad civil, representada por la Alianza Cívica, pudieron acordar una hoja de ruta para avanzar en el proceso de diálogo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) recibieron el martes la invitación formal para participar en las negociaciones del diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y representantes del Gobierno.
La noticia fue confirmada a El Nuevo Diario por monseñor Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí. Según monseñor Mata, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, convocó a los obispos a una reunión de emergencia para el viernes 8 de marzo, donde se abordará este tema.
La CEN había emitido el pasado lunes un comunicado en el cual los obispos sostuvieron que no habían sido invitados para formar parte del proceso de negociación, razón por la cual el cardenal solo asistió a la primera negociación del pasado miércoles. De acuerdo con el comunicado de los obispos, el cardenal Brenes “hizo saber a los participantes de la mesa de negociación que, si necesitaban algún servicio de la CEN, ambas partes hicieran llegar las respectivas cartas de invitación”.
Recibirán una carta de invitación similar también el Nuncio apostólico en Nicaragua, es decir, el embajador de la Santa Sede, y el pastor Ulises Rivera, coordinador de Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación para incorporar la participación de la Iglesia evangélica como testigo y acompañante nacional en el proceso de diálogo.
En reiteradas ocasiones la Alianza Cívica ha manifestado que su “compromiso transversal” es continuar demandando la liberación y seguridad de los manifestantes presos, el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías, reformas electorales y justicia. La primera sesión del diálogo se realizó el pasado miércoles, día en el que 100 manifestantes salieron de las cárceles bajo el régimen de arresto domiciliar y convivencia familiar, luego de permanecer encarcelados por varios meses por haber participado en protestas antigubernamentales.
La crisis en Nicaragua ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, grandes pérdidas económicas, miles de empleos perdidos, más de 600 personas encarceladas y decenas de miles de exiliados ante amenazas, asedio y persecución por haber participado en las protestas, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
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Fuente: http://ciudadnueva.com.ar
