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El presidente del país centroamericano, con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista de 1979, anunció que no habrá más elecciones que permitan a sus opositores intentar tomar el control del gobierno.
Los primeros indicios surgieron el año pasado, cuando el presidente Daniel Ortega decidió introducir una serie de reformas constitucionales que, entre otras cosas, habrían nombrado a su esposa Rosario Murillo como «copresidenta» y extendido su mandato a seis años. Ahora, su intención de afianzar su poder se ha confirmado con el anuncio que hizo el domingo pasado, con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista de 1979, de que no habrá más elecciones que permitan a sus opositores intentar tomar el poder.
La medida del presidente, de 80 años, que ostenta el poder de forma ininterrumpida desde 2007 tras un mandato presidencial anterior en los años ochenta, cerraría definitivamente cualquier espacio para la oposición, aunque no ofrece detalles sobre cómo se abolirá formalmente el voto. La declaración se produce de cara a la próxima convocatoria electoral, prevista inicialmente para noviembre de 2027.
La medida del presidente, de 80 años, que ostenta el poder de forma ininterrumpida desde 2007 tras un mandato presidencial anterior en los años ochenta, cerraría definitivamente cualquier espacio para la oposición.
Las últimas elecciones, celebradas en 2021, fueron ampliamente cuestionadas después de que Ortega ordenara la detención de opositores y representantes del mundo empresarial y aplastara la disidencia. La reacción de las organizaciones de derechos humanos ha sido contundente. Según Juan Sebastián Chamorro, candidato en las elecciones de 2021 que permaneció encarcelado hasta su liberación en Estados Unidos en 2023 junto con otros más de 200 presos políticos, esta medida confirma un plan de larga data destinado a concentrar el poder en manos del partido sandinista.
Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, una organización que opera principalmente desde el exilio y documenta casos de detención política en Nicaragua, al menos 46 personas se encuentran actualmente detenidas por motivos políticos. Tras la operación estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero, el gobierno nicaragüense anunció la liberación de más disidentes.
Desde 2018, Nicaragua ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, obligando a miles de personas a abandonar el país. A principios de julio, el gobierno de Ortega-Murillo revocó las licencias profesionales de un gran número de abogados, en lo que expertos de la ONU han calificado como una verdadera purga de la profesión jurídica.
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.
