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Step 1
Reabrir el debate sobre la pena capital no solo plantea cuestiones éticas y legales, sino que también ignora las realidades de un sistema judicial imperfecto, las desigualdades sociales y puede polarizar el debate político.
Recientemente, el gobernador de Valparaíso afirmó estar dispuesto a debatir la reinstauración de la pena de muerte, un tema que en muchos lugares del mundo ya se considera superado. Más allá de su naturaleza irreversible, la pena capital plantea problemas éticos y legales, como la idea de venganza, que contradice un principio básico del derecho: la búsqueda de justicia.
En primer lugar, es fundamental señalar que toda víctima de un delito violento merece tener acceso garantizado a la justicia. El Estado tiene la obligación de actuar con todos sus recursos para asegurar este derecho.
El principal argumento de los defensores de la pena de muerte, es que esta medida disuadiría a posibles delincuentes, ya que la amenaza de la muerte podría hacerles pensar dos veces antes de cometer un crimen. Sin embargo, estudios exhaustivos han demostrado que la pena capital no tiene un efecto disuasorio. Diversos trabajos, como los de Passell y Taylor (1977), Dann (1952), y Savitz (1958), concluyen que la pena de muerte no reduce la criminalidad. Por el contrario, investigaciones como las de Archer, Gartner y Beittel (1983) muestran que la abolición de la pena de muerte puede incluso llevar a una disminución de los delitos. A lo largo de la historia, los registros muestran que los autos de fe de la Inquisición, donde las personas eran ejecutadas de manera pública, no lograron reducir la cantidad de herejes.
Desde el punto sociológico, este argumento conlleva complejidades difíciles de disipar. Por un lado, se relativizan consensos civilizatorios acordados por la sociedad chilena, se promueve un reduccionismo táctico para el abordaje de fenómenos sociales tan complejos como lo son la delincuencia y sus formas de expresión; y no resuelve la existencia de delitos que afectan el cotidiano de la ciudadanía.
A su vez, estos argumentos dan cabida a la proliferación de discursos populistas que solo contribuyen a generar un clima social enrarecido y a provocar una crisis de racionalidad en tanto se refuerza un tipo de respuesta emocional frente a la crisis. Esto, incluso, reviste mayor peligrosidad en tanto que a partir de la circulación–viralización de información de estas características, carentes de evidencia, y enunciada por representantes de la ciudadanía, instala “verdades” que toman fuerza ante el clima de agobio. Tal como lo plantea el filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, en su obra Infocracia, la ciudadanía se enfrenta a un régimen de la información que domina la psyke, relativiza la racionalidad, promueve falsas ilusiones y se reemplaza el debate político por el flujo de información.
Además, debemos considerar otros problemas estructurales que afectan al sistema judicial, como la criminalización de la pobreza, el racismo y la discriminación étnica. ¿Quiénes son los más propensos a ser condenados a muerte? La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte ha investigado casos de todo el mundo, y sus estudios revelan una correlación directa entre la pena capital y las personas de entornos económicos desfavorecidos. La falta de recursos financieros, el acceso desigual a la educación y la discriminación influyen significativamente en todo el proceso, desde el arresto hasta el juicio. La pena de muerte se aplica de manera discriminatoria.
La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte ha investigado casos de todo el mundo, y sus estudios revelan una correlación directa entre la pena capital y las personas de entornos económicos desfavorecidos.
En Chile, uno de los problemas más serios es la alta tasa de condenas a inocentes en nuestro sistema judicial (Duce 2015 y Allendes & Bascuñán 2019). ¿Qué sucedería si se aplicara la pena capital a un inocente? En la última década casi cuarenta mil imputados que estuvieron en prisión, eran inocentes. El defensor nacional Carlos Mora Jano afirmó entonces que “estas personas no han recibido ninguna reparación”. Con investigaciones policiales defectuosas, ¿qué pasa si se condena a un inocente? Amnistía Internacional informó que desde 1973, más de 122 presos condenados a muerte en Estados Unidos fueron exonerados gracias a pruebas que demostraron su inocencia.
Los sectores populistas levantan consignas a favor de la pena de muerte, de la mano de voces que proponen más armas, más libertad de acción a las policías y más violencia. Habría que preguntarse si los sectores más conservadores del país seguirían apoyando la idea de reabrir este debate si supieran que los últimos condenados a morir en Chile fueron carabineros. Si bien la pena de muerte fue abolida el año 2001, la última ejecución en el país se realizó el 29 de enero de 1985, contra dos carabineros condenados por distintos asesinatos y violaciones, conocidos en la época como los “psicópatas de Viña del Mar”. Sentencia que fue confirmada en segunda instancia y ratificada por la Corte Suprema.
Al parecer, en palabras del mismo Byung-Chul Han, las fastuosas escenificaciones del dolor dan estabilidad a la sociedad, ya que este sirve como medio de poder. La pregunta es ¿a quién sirve discutir un tema superado? Reabrir el debate sobre la pena de muerte no solo plantea cuestiones éticas y legales, sino que también ignora las realidades de un sistema judicial imperfecto, las desigualdades sociales y puede polarizar el debate político en tiempos donde se requiere diálogo y entendimiento para abordar los fenómenos de violencia social y delincuencia que requieren ser tratados con premura y propuestas serias.
Imagen: Pexels.
