Sr. Director:
La Comisión Verdad y Niñez, creada el 10 de diciembre de 2024, tiene como mandato esclarecer la verdad sobre violaciones a los derechos humanos a niños, niñas y adolescentes que hayan estado entre 1979 y 2024 bajo custodia del Estado, ya sea en residencias o centros de justicia juvenil del Sename, o en hogares administrados por terceros, incluyendo fundaciones religiosas. En abril de 2027, debe emitir un informe, identificando a las víctimas y recomendando medidas de reparación y garantías de no-repetición.
La comisión logró asegurar, a pesar de dificultades iniciales, una dotación y un presupuesto para sostener procesos de escucha de testimonios en todas las regiones, la difusión, un proceso de participación incidente de víctimas y sobrevivientes, y trabajo en archivos y con el intersector.
Estas condiciones, así como su autonomía, fueron significativamente mermadas a partir de marzo del 2026. A pesar de que la Comisión propuso una fórmula para reducir en 8,4% sus gastos operacionales —sin afectar el corazón del trabajo de su personal especializado y capacitado— el Poder Ejecutivo decidió reducir los equipos en regiones a solo una persona. Invocó falta de eficiencia, basándose en la cantidad de testimonios escuchados por mes. La manera errática y poco respetuosa de comunicar sus decisiones, la ausencia de criterios claros y las definiciones cortoplacistas llevó además a varias renuncias a los equipos de la Comisión, con la consecuencia de su desmantelamiento. Imposibilita tareas esenciales, como la difusión en los programas de calle, la escucha de testimonios en los centros de justicia juvenil y en las cárceles.
Es por esta intromisión en el modelo de trabajo de la Comisión que dejé mi cargo de comisionada el 15 de mayo, junto a tres otros comisionados, incluyendo la expresidenta de la Comisión; los demás pusieron sus cargos a disposición.
La Comisión tiene un mandato de Estado. El Ministerio ha asegurado que no cambiará el decreto que creó la Comisión y que nombrará nuevos comisionados. Sin embargo, para que este ejercicio sea significativo y cumpla con las obligaciones que los órganos de derechos humanos internacionales han establecido, no se puede mermar el derecho a saber de la Comisión ni el derecho de dar testimonio.
Así, lo ocurrido revela que hay una profunda diferencia en la comprensión de lo que es una comisión de verdad: esta busca la voz de las víctimas para reparar el tejido social roto, y restituye el acceso a la información relevante que tiene el Estado sobre las violaciones que sufrieron. Hasta hoy, la Comisión no ha tenido acceso a esta información, lo que constituye una falta del Estado a sus obligaciones, por parte de todos los gobiernos, incluyendo el anterior y este.
Espero que mi renuncia ayude al gobierno a recapacitar y apoyar la realización del mandato conforme a estos estándares internacionales.
Judith Schönsteiner
Ex comisionada Comisión Verdad y Niñez