Revista Mensaje N° 696. «Venezuela: Una desconcertante paradoja»

Cuesta explicar las razones por las que el gobierno de Nicolás Maduro ha podido anular a opositores que desde hace años cuentan con un indesmentible respaldo popular.

Venezuela es una gran paradoja, incluso para los estándares de la política latinoamericana y su historia llena de eventos sorprendentes. ¿Cómo el gobierno de Nicolás Maduro, severamente debilitado electoralmente desde el triunfo de la oposición en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) del 2015, que ha contribuido a un colapso económico sin parangón en la historia del país y de la región, ha sido capaz de anular a una oposición que ha tenido un amplio respaldo popular, apoyo de más de setenta países democráticos y respaldo amenazante del gobierno de Donald Trump? Amerita analizar lo sucedido con cierta perspectiva histórica para saber cómo se ha llegado a esta situación y conocer qué posibilidades existen a corto o mediano plazo de una transición democrática.

El foco debe ponerse no solo en las virtudes del gobierno para garantizar la cohesión de las elites militares y políticas que lo conforman, sino también en la fragilidad de una oposición cuya actuación unitaria se ha subordinado, hasta ahora y principalmente, a las oportunidades creadas por el gobierno para que, electoralmente, obtenga cargos de representación popular: esto último, en todo caso, se ha dado en una situación de carencia de recursos y poder real para implementar políticas para la población o avanzar en su agenda de democratización. Dicho brevemente, el impopular régimen de Maduro se apoya en la cohesión de sus filas y en la fragmentación (que ahora luce irreconciliable) de sus oponentes.

LA OPOSICIÓN EN REGÍMENES NO TOTALMENTE DEMOCRÁTICOS

Poco después de las transiciones democráticas de la tercera ola de la democracia, comenzaron a surgir regímenes a mitad de camino entre las democracias liberales y las dictaduras tradicionales. En algunos casos, los regímenes post-transición no terminaron de avanzar hasta el punto de consolidarse como autenticas democracias electorales o liberales. En otros casos, como el venezolano, democracias electorales retrocedieron adoptando rasgos autoritarios. Estos regímenes, que la literatura de ciencias políticas ha llamado “híbridos” o “electorales autoritarios”, no son nuevos en realidad, como muchos argumentan. Lo nuevo es más bien su abundancia en un mundo en el que, tras las transiciones en Europa (del Este y del Oeste) y América Latina, parecía encaminarse a una creciente democratización.

Las oposiciones políticas en estos regímenes no totalmente democráticos pero con elecciones episódicamente competidas, están limitadas en su actuación por la represión y vigilancia, la amenaza y el hostigamiento de grupos armados parapoliciales, la escasez de recursos y el acceso limitado a los medios de comunicación generalmente controlados por el gobierno nacional.

La estabilidad política de estos regímenes autoritarios puede verse como una función de lo que Robert Dahl, en su Poliarquía, llamó coste de la opresión y coste de la tolerancia de la oposición. En consecuencia, la democratización es resultado de las fortalezas del gobierno que le permitan ejercer la opresión a bajo costo y de la capacidad de la oposición, en primer lugar, para aprovechar condiciones favorables a la democratización –como la fractura de la elite en el poder a consecuencia de disputas sobre el costo de mantener la opresión– y, en segundo lugar, para desarrollar estrategias que permitan que al menos un sector poderoso de la coalición no democrática perciba que los costes de tolerar la oposición y favorecer aperturas y liberalizaciones son relativamente más bajos que los de oprimir.

Para logar ambas cosas (aprovechar fracturas y generar confianza en al menos un sector de la coalición dominante) la oposición requiere unidad. Difícilmente podrá hacerlo una oposición fracturada, que gasta sus escasos recursos (activistas, acceso limitado a medios, espacios en las redes sociales, dinero y tiempo) frecuentemente en conflictos entre sus distintas fracciones por el liderazgo. Además, en el caso venezolano, tales fracturas se deben a diferencias de fondo sobre temas como el tipo de modelo político y económico que desea implementar, el nivel de tolerancia o represión que se ejercería contra los miembros del gobierno en la hipótesis de que hubiese una transición, el papel que juegan los EE.UU. y los militares extranjeros en la democratización del país. Si aparecen oportunidades, como en Venezuela han aparecido, para aprovechar fracturas del gobierno, la falta de unidad impide que la oposición actúe a tiempo y coherentemente. Y, peor aun, no estando claro cuál de los distintos líderes realmente dirige la oposición, de existir un sector del gobierno abierto a permitir liberalizaciones y cambios políticos, no puede haber seguridad acerca de con quién negociar ni, mucho menos, de que si toda la oposición cumpliría los términos de un eventual acuerdo.

¿POR QUÉ HA FALLADO LA UNIDAD DE LA OPOSICIÓN?

Las diferencias y divisiones entre los distintos grupos y partidos de la oposición venezolanos son profundas, y no existe ningún partido que pueda imponerse sobre el resto, pues las preferencias de la población opositora también están fragmentadas. Partidos y electores se dividen entre quienes prefieren una economía de mercado y los que apoyan un Estado regulador; quienes prefieren soluciones políticas y los que esperan soluciones de fuerza; quienes creen en la posibilidad de un golpe militar como el del 23 de enero de 1958 y los que pretenden que fuerzas multilaterales (con base en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR) o el ejército de los EE.UU. intervengan a su favor.

Tales divisiones no son nuevas, pero se han agravado desde 2017, cuando la oposición se enfrentó entre sí (como también lo hizo en 2014) y dispersó sus esfuerzos en la búsqueda, por parte de algunos, de activar el referéndum revocatorio del presidente, previsto en la Constitución. Tampoco ha sido capaz de coordinar una protesta masiva destinada a fracturar al gobierno por la expectativa de que los costos de la represión fuesen impagables para los militares, como tampoco lo fue en una política electoral dirigida a ganar la mayor cantidad de cargos en elecciones subnacionales para eventualmente derrotar a Maduro en las elecciones de 2018.

Desde 1999, la unidad de la oposición venezolana ha sido frágil y temporal. Una de las razones de ello es que ninguno de los partidos que la integra es suficientemente poderoso y grande como para reclamar hegemonía ni por el número de votos ni por la distribución de sus votos en el territorio nacional. Por ello, la oposición has estado forzada a crear coaliciones electorales para intentar resolver controversias internas. De las coaliciones electorales han resultado organizaciones que, sin mucho éxito, han pretendido que distintos partidos y organizaciones sociales heterogéneas se coordinen entre sí. Ha sido este el caso de la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Frente Amplio y, más recientemente, el gobierno interino de Juan Guaidó y el llamado G4 (que reúne a los cuatro partidos más votados en 2015).

No obstante, entre 2006 y 2015 la oposición logró reducir los problemas de coordinación entre partidos y candidatos, poniendo la solución a los problemas de distribución de poder de decisión en manos de los resultados de las distintas elecciones en las que participó. Todas estas elecciones fueron injustas y no totalmente libres. El gobierno fue capaz de manipular los calendarios electorales, controlar la autoridad electoral, hacer campañas muy desiguales en términos de los recursos financieros y el acceso a los medios privados y públicos. Peor aún, desde 2008 el gobierno despojó sistemáticamente de poder, recursos financieros y hasta de oficinas a los políticos opositores electos como gobernadores y alcaldes, e incluso como integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015. Los gobiernos de Chávez y Maduro crearon sistemáticamente autoridades paralelas a las controladas por la oposición, autoridades paralelas a las que se le asignaron de facto los recursos y atribuciones de las autoridades electas.

No obstante, la oposición sistemáticamente participó en elecciones de forma unitaria hasta 2015. La razón es sencilla: estas elecciones injustas le permitían resolver problemas internos de coordinación, asignación de cargos y liderazgos y distribución de los pocos o muchos recursos que pudieran obtener, como donaciones privadas o concesiones por parte del ejecutivo nacional. Especialmente durante la vigencia de la MUD, la oposición construyó mecanismos, aunque no siempre eficaces, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre partidos. Las elecciones en sí mismas fueron el principal mecanismo de distribución de cuotas de candidaturas.

Así, los partidos tuvieron incentivos para intentar incrementar su votación en las regiones donde cada cual tenía más posibilidades a la hora de negociar la conformación de listas a los cuerpos deliberantes y las candidaturas de alcaldes y gobernadores. Las elecciones fueron también un mecanismo de promoción de los líderes nacionales. Por ejemplo, las primarias presidenciales de 2012 dieron lugar a la emergencia de nuevo liderazgo, representado por los candidatos más votados y principalmente por el ganador de estas, Henrique Capriles. Pero incluso dos de los precandidatos que no obtuvieron un respaldo importante (señaladamente, Leopoldo López y María Corina Machado) se dieron a conocer nacionalmente y con posterioridad han jugado papeles importantes que no tenían hasta ese momento.

Sin embargo, desde el año 2017 las elecciones han dejado de cumplir esa función coordinadora de la oposición debido a las manipulaciones electorales del gobierno, que impidieron el referéndum presidencial y la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia y por la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución. Como resultado, la mayor parte de los partidos miembros de la coalición opositora han optado una vez más por boicotear los procesos electorales que se han deteriorado en términos de competitividad, según estándares internacionales de integridad electoral.

El boicot a las elecciones no ha sido una estrategia unánimemente aceptada. La ausencia de la oposición mayoritaria abrió una posibilidad para el surgimiento de una oposición que juega la baza de la lealtad en torno al partido Avanzada Progresista, encabezado, como ya señalamos, por Henri Falcón. No obstante, las manipulaciones en las elecciones presidenciales de 2018 fueron tan severas que a Falcón y a su partido no les quedó otra que denunciarlas. Aun así, desde ese momento, se han agudizado las diferencias de estrategias entre esa oposición que busca convertirse en leal y la oposición que, queriendo ser autónoma del ejecutivo y sacar a Maduro del poder por cualquier medio, ha privilegiado hasta ahora el boicot electoral combinado con un repertorio de acciones que van desde las protestas de calle hasta acciones insurreccionales (intento de golpe de Estado el 30 de abril de 2019), pasando por sanciones y amenazas de intervención internacional.

EL EXPERIMENTO DEL GOBIERNO INTERINO

La estrategia opositora luego del boicot de las presidenciales del 2018 fue erigirse en gobierno paralelo y designar al presidente del legislativo como presidente interino de la república. La misión que se asignó a sí mismo el interinato fue generar las condiciones para que el gobierno de Maduro, considerado usurpador, cesara en sus funciones; designar, luego de ello, un gobierno de transición, esperando que incluso algunos líderes del chavismo participaran del mismo, y finalmente lograr que todo ello llevara a la elección libre de un nuevo presidente. Para implementar este plan, el gobierno interino de Guaidó intentó apoyarse en una coalición internacional de países democráticos que favorecieran la transición, poniendo “todas las opciones sobre la mesa”, como reiteradamente dijeron Donald Trump, diversos funcionarios del gobierno estadounidense y el propio presidente interino.

El plan fracasó. El lapso constitucional del legislativo electo en 2015 se venció en diciembre del 2020. El gobierno de Maduro realizó nuevas elecciones legislativas que la mayoría opositora boicoteó. Como resultado, el partido de gobierno controla la Asamblea Nacional electa sin oposición, salvo pequeños grupos que adoptaron los nombres de algunas de las organizaciones opositoras más importantes tras decisiones judiciales a su favor.

El resultado práctico es que, aun siendo reconocida por muchos países democráticos, a partir de este 5 de enero en Venezuela hay una oposición que se intenta constituir como un poder de facto, en oposición al poder de facto de Nicolás Maduro. Este último dice, sin embargo, que su poder y el de su legislativo es legítimo porque surgieron de elecciones democráticas, mientras que los partidarios de la prolongación del mandato interino de Guaidó sostienen que el interinato sigue siendo legítimo con base al principio de continuidad administrativa de los funcionarios designados, extrapolado en este caso a un organismo electo.

Dejando de lado el debate jurídico que esta situación puede generar, en los hechos las elecciones recientes no han conducido ni a una solución del conflicto del gobierno y la oposición ni al manejo efectivo de los problemas de coordinación de la fragmentada oposición. Guaidó sigue considerándose el presidente, pero otros grupos opositores hacen política al margen y sin cooperar con su gobierno. Señaladamente, un fragmento de la oposición insiste en hacer posible que el gobierno permita mejores condiciones electorales para los comicios regionales del 2021. Otro sector, representado por María Corina Machado y su partido Vente, insiste en la necesidad de la intervención extranjera o la propiciación de un “quiebre” militar. Finalmente, un sector liderado por el excandidato presidencial Henrique Capriles apuesta a la reorganización de la población opositora sobre la base del trabajo social solidario, en medio de la grave crisis humanitaria agravada por la pandemia, sin tener una posición firme ni a favor ni en contra de participar en venideras elecciones.

EL 2021

Mientras la oposición continúa fragmentada porque el único mecanismo que ha podido emplear para unirse fueron las elecciones en las que ya no participa, los liderazgos se agotan. La popularidad de todas las cabezas visibles de partidos y movimientos, incluyendo al gobierno interino, ha caído sistemáticamente, según las encuestas realizadas en el 2020. La capacidad de articular al resto de las fuerzas opositoras bajo el paraguas del gobierno interino es muy reducida. Lo es, tanto o más que la capacidad que ha tenido este grupo, autoproclamado como gobierno, de lograr la transición democrática o remediar así sea parcialmente las calamitosas condiciones de vida de la inmensa mayoría de los venezolanos.

El mantenimiento del apoyo internacional al interinato está por verse. El traumático cambio de gobierno en los Estados Unidos y los graves problemas de salud y en las economías de otros países, ponen la atención a los problemas sociales y políticos de Venezuela en una prioridad más baja de la que tuvo en 2019 y comienzos del 2020. No se ve que a corto plazo los distintos fragmentos de la oposición logren obtener mejores apoyos, mayores recursos y mejor coordinación de la que en este momento tienen. La probabilidad de una fractura interna de la elite político-militar madurista es muy baja.

Visto todo esto, no son previsibles muchas oportunidades de cambio social ni político en Venezuela en el 2021. El balance del comportamiento de la oposición es negativo. Perdió todas las diversas oportunidades de transformación, negociadas y no negociadas, que se le abrieron. Maduro está demostrando, de facto, que tiene el poder. Como muchos gobernantes autoritarios, no necesita un reconocimiento legal ni interna ni internacionalmente. Solo necesita ir ganando reconocimiento por la vía de los hechos, demostrando en la práctica que tienen el poder indiscutido en el territorio del país, así no lo tenga sobre muchos de los activos de la república en el exterior. Los gobiernos democráticos de otros países pueden caer en la tentación de ser pragmáticos, especialmente aquellos que tengan algún interés económico en Venezuela. Maduro podría convencer a algunos de que es con él con quien tienen que entenderse. Y, si no fuese así, la situación humanitaria, por grave que sea, no es una fuerza política que impida al gobierno de Venezuela seguir haciendo negocios con poderosos socios internacionales en Rusia, China e Irán. MSJ

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Fuente: Comentario Internacional publicado en Revista Mensaje N° 696, enero-febrero de 2021.

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