Revista Mensaje N° 699. Andrei Gómez Suárez: «Colombia se ha vuelto un país muchísimo más autoritario»

Una cierta señal de esperanza generaba a mediados de mayo la apertura a un diálogo por parte del presidente Iván Duque y de los representantes del Comité Nacional del Paro. Este apuntaría a responder a demandas ciudadanas e incorporar a representantes de la oposición a cargos de responsabilidad en el Estado. Para varios analistas, habría así cierta expectativa de que la tensión acumulada desde el inicio de las protestas de fines de abril podría ir desembocando en una salida.

Un observador calificado de todo este proceso ha sido el académico colombiano Andrei Gómez Suárez, actualmente profesor de la Universidad de Winchester e integrante del Centro de Religiones para la Reconciliación y la Paz. Por su historia personal, es un analista con nexos con el quehacer político-social de su país. Durante una década hizo carrera académica en Inglaterra y obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas, hasta que el 2014 retornó temporalmente, por cuatro años, a Colombia, donde siguió de cerca el proceso de negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Asimismo, integra desde hace años la red internacional “Rodeemos el diálogo”, que tuvo participación en las iniciativas de cese del conflicto armado en su país y que hoy busca contribuir a una mejor convivencia entre los colombianos.

Actualmente, su mayor crítica apunta a la acción del Gobierno del presidente Iván Duque, del partido Centro Democrático.

—Para explicar las protestas de este momento en Colombia, hay que aludir, por cierto, a la reforma fiscal que propuso el Gobierno en abril. Esa alza de impuestos golpeaba a las clases medias. Sin embargo, esa decisión no es la única causa, pues desde hace años se habían producido movilizaciones de jóvenes para favorecer el Acuerdo de Paz, el que finalmente se firmó el 2016. Luego las hubo para protestar por el rechazo que este sufrió un mes después en el plebiscito, lo cual derivó en su renegociación. El 2019 comenzó una nueva ola de manifestaciones, finalmente bloqueada por la epidemia del Covid. Hoy reemergen preocupaciones permanentes, como la necesidad de hacer transformaciones estructurales para cerrar la brecha entre ricos y pobres, y para implementar cambios señalados en el Acuerdo de Paz que son necesarios para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Respecto de esto último, un factor importante que no ha asumido adecuadamente el Gobierno es el problema del narcotráfico y sus consecuencias en sectores campesinos que —viviendo cerca de grandes extensiones de coca— no encuentran formas legales para sostener una calidad de vida básica. Es decir, el que no se hayan cerrado los términos de implementación de los acuerdos con las FARC es un factor importante en las protestas de hoy.

—¿Qué explica que el sistema político no haya logrado dar cauce a esas protestas?

El problema es que no hay voluntad política ni un liderazgo adecuado. Tanto las elecciones del año 2018 como el plebiscito por la paz estuvieron marcados por la posverdad y hubo una estrategia de manipulación emocional a los electores, que se enfocó en promover agendas basadas en el miedo. Se ha hecho ver el miedo al castro-chavismo, miedo que impregnó el imaginario colectivo colombiano. Así, la ultraderecha ganó las elecciones de 2018, tanto la Presidencia como las mayorías del Congreso de la República, convirtiéndose en el partido mayoritario. Debido a eso, la agenda legislativa ha sido impulsada para desmontar elementos importantes del Acuerdo de Paz y no avanzar en las transformaciones estructurales necesarias. Quizás en las elecciones parlamentarias del 2022 pueda darse que la sociedad colombiana elija un nuevo liderazgo político en línea con esa tarea.

DEMANDA DE REFORMAS MÍNIMAS

—En ese sentido, Ud. considera que la salida de la crisis pasa por una decisión política del Gobierno.

Sí, en gran medida, pero acá hay también una profunda crisis de gobernabilidad porque las mayorías que eligieron a este gobierno ya no lo respaldan al ver que muchas de las cosas que anunció no las ha hecho. Por ejemplo, prometió que no iba a poner impuestos, pero la reforma tributaria significaba poner impuestos. Así, perdió apoyo de sus bases.

Cuando fue elegido Presidente, Iván Duque no era visto como un hombre tan de derecha, sino como uno más bien moderado. Hoy predomina la sensación de que él no gobernó para la gente de centro, pues quedó atrapado en la ultraderecha.

Por otra parte, los asesinatos de líderes sociales o de excombatientes de FARC, así como los ataques a la jurisdicción especial para la paz —que es el Tribunal de Justicia creado para juzgar a los máximos responsables de los crímenes— o a la Comisión de la Verdad, o bien el no dar espacios a la oposición para que se incorpore a la conducción del país, son elementos que demuestran la incapacidad del mandatario. Otra señal es la falta de voluntad política para dar espacio en el Congreso a las víctimas de la violencia armada. La gente está sintiéndose profundamente indignada.

EL PROBLEMA NO ES LA INSTITUCIONALIDAD

—¿Considera que la Constitución colombiana, promulgada en 1991, carece de suficientes vías institucionales para canalizar estas demandas?

La institucionalidad no es el problema. La Constitución colombiana es quizás una de las más garantistas del mundo. Si estuviera funcionando plenamente, mi país sería una de las democracias más avanzadas. Lo que ocurre es que desde sectores de gobierno se la quiere desmontar: la ven como un texto liberal que ha dado espacio excesivo a los indígenas, a los gays, a las mujeres o a grupos que ellos consideran cuestionadores de la identidad nacional, la Iglesia católica, la tradición o la familia. Mi opinión es que la Constitución que tenemos ha garantizado que las cosas no vayan más mal. Afortunadamente el Acuerdo de Paz del 2016 –que es parte de la institucionalidad colombiana– complementa aspectos que la Constitución del 91 no había podido plasmar, pues debido a que se concentró en lo multiétnico o lo multicultural, o en las deudas con indígenas y afrocolombianos, no se ocupó suficientemente de los campesinos o de otros sectores en situación de vulnerabilidad. El Acuerdo pone en primer plano la necesidad de una reforma agraria que otorgue al campesinado más garantías. Y la Constitución del 91 creó la Defensoría del Pueblo, pero no creó instituciones públicas que se ocupen de las tareas de reparación ante el dolor causado a los nueve millones de víctimas del conflicto armado (equivalente al 20% de la población). El citado Acuerdo dio curso a una “Comisión de la Verdad” que tiene que entregar un informe a fines de este año. También crea un “Tribunal especial de Paz” que regirá por veinte años que debe aplicar sancionar a los máximos responsables y creará un programa de restauración que reconstruya el tejido social en las regiones donde se produjeron los crímenes.

El problema no es la institucionalidad, sino que es un problema de falta de voluntad política por parte de un gobierno hiper ideologizado, en la línea de Donald Trump, que ve como una amenaza las reivindicaciones de los derechos minorías, y que tiene una profunda preocupación ante el Tribunal de Paz y la Comisión de Verdad. En el fondo, los sectores de gobierno temen que se reescriba la historia y ellos puedan no aparecer como los salvadores y las FARC como la gran amenaza.

Hay tratativas con el opositor Partido Liberal, en busca de lograr cierto grado de gobernabilidad, apuntando a tener elecciones democráticas normales el próximo año, que, desde mi lectura, quizás sea la mejor opción que tenemos enfrente, o “la menos peor”, por decirlo de algún modo.

ALTERNATIVAS A FUTURO

—Ud., entonces, no observa indicios de calma antes de las elecciones del próximo año.

Es muy difícil especular. Hay una expresión muy fuerte en las calles de gente que clama por un gobierno de transición. Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, pero hoy existe la figura del senador Gustavo Petro —rival de Duque en la segunda vuelta de 2018—, que podría liderar una opción. En las elecciones de 2018 Petro obtuvo ocho millones y medio de votos (Duque ganó con diez millones) y tiene capital político para ser el nuevo Presidente. Sin embargo, ha sido estigmatizado como “el nuevo Chávez”. Cuando fue alcalde, ganó enemigos porque demostró un estilo un tanto caudillista que generó muchísimo miedo en parte de la sociedad colombiana. Tanto es así, que, si se enfrentara a un candidato del continuismo, probablemente perdería la elección, pues hay muchos que temen que podría hacer que Colombia se transforme en la próxima Venezuela.

Hay analistas que creen que, ante la pérdida de gobernabilidad de las actuales autoridades, sí existen perspectivas de que a la segunda vuelta lleguen dos candidaturas de izquierda o centro izquierda, y así podría elegirse un Presidente de carácter más de avanzada. Tendríamos seguramente un Congreso con dos coaliciones fuertes, de manera de que en cuatro años podría trabajarse para avanzar en las reformas estructurales que están cimentadas desde antes de 2018. Si, por el contrario, a la segunda vuelta llega el candidato de Uribe y, junto con él, llega Petro, eso significaría que no va a haber una renovación en el Congreso de la República. Probablemente, el partido Centro Democrático mantendría un papel muy importante en el Congreso y en la segunda vuelta ganaría alguien del continuismo.

El país entraría en una profunda crisis. Recientemente, el profesor Francisco Gutiérrez Sanin lanzó el libro ¿Un nuevo ciclo de guerra en Colombia?, cuya argumentación es que en Colombia no logramos cerrar conflicto armado el año 2016 y que entre 2018 y 2022 se ha empezado a abrir nuevo ciclo de violencia. Si esa tesis es verdad, un segundo gobierno en la línea de Duque terminaría implicando un nuevo ciclo de violencia. Sería un escenario muy parecido a lo que Colombia vivió en los años ochenta.

—¿Cuál es su evaluación de cómo ha actuado la oposición?

Ha sido muy sensata. La Coalición de la Esperanza ha llamado a la sensatez en las marchas, al uso de la no violencia, a la necesidad de sentarse a dialogar con el Presidente de la República. Por su parte, Petro fue el primero en pedir al Comité del Paro que se bajara el paro después de que el presidente Duque retiró la reforma tributaria. Ha sido conciliador, invitando al diálogo. La Coalición fue de los primeros grupos en reunirse con el mandatario para dar salida a la crisis.

EL FACTOR VENEZUELA

—¿Cómo afecta la gran inmigración procedente de Venezuela?

Actualmente hay un millón y medio de venezolanos viviendo en Colombia, lo cual ha tenido un gran impacto en el empleo —formal e informal— y ha generado malestar y preocupación en muchas personas que sienten amenazadas sus propias perspectivas laborales. De todos modos, este tema es materia de debate y propaganda importante.

—En el fondo, como en otros países latinoamericanos, hay acá una crisis de confianza y legitimidad.

Es que Duque ha sido un Presidente mediocre. Sin carisma, fue puesto en el cargo por Álvaro Uribe, el exmandatario que es figura clave en Centro Democrático. Su intento de reforma tributaria es una muestra de su incompetencia. Ha estado mal al nombrar a gente sin experiencia. Ha estado mal en la forma como se ha referido a la justicia transicional, a la reincorporación de los miembros de las FARC, mientras además se hace parte de un show mediático presentándose en los canales de televisión jugando con una pelota… No encaja con la figura de un mandatario. Todo eso lo tiene debilitado. Incluso desde su mismo sector político se dice que él es el “subpresidente”, porque el que gobierna es Uribe.

Por otra parte, lo que sí ha hecho de manera inteligente es concentrar en su poder los entes de control. Ha elegido al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a la Procuradora General de la Nación, es decir, las instancias de control administrativo están en el bolsillo del Presidente de la República.

Eso implica que Colombia se ha vuelto un país muchísimo más autoritario de lo que era hace tres años, aunque la percepción de la gente sea que el Presidente no tiene autoridad. Es frente a ese autoritarismo que muchos sienten que la Defensoría o la Fiscalía no están actuando, o bien que la Procuraduría está comprada. Dicen que ahora no solo se tiene a un gobernante incompetente, sino también a un Estado capturado por la derecha y que, ante eso, se debe exigir garantías para la protesta social y el respeto a las libertades señaladas en la Constitución. MSJ

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Fuente: Entrevista publicada en Revista Mensaje N° 699, junio de 2021.