Revista Mensaje N° 701. «La lucha contra la pobreza: Un quiebre en la tendencia»

Por primera vez en décadas, en Chile dejó de reducirse la pobreza. Por el contrario, aumentó dos puntos en tres años, evidenciando mayores carencias en educación, salud, trabajo y vivienda.

Andrea Repetto

10 agosto, 2021, 12:51 pm

Catalina Littin

10 agosto, 2021, 12:51 pm
21 mins

Hace pocas semanas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) entregó algunos de los resultados de la 15ª encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN-Pandemia 2020. Por primera vez después de décadas, la medición de la pobreza material en nuestro país muestra un quiebre en su tendencia a la baja. La proporción de quienes están bajo la línea de la pobreza subió del 8,6% en 2017 al 10,8% en 2020. Es decir, son más de dos millones las personas que no cuentan con ingresos mensuales suficientes para adquirir una canasta básica. A su vez, la desigualdad de ingresos se acrecentó, entre el 10% más rico y el 10% más pobre, de una manera nunca antes registrada. Actualmente, estos dos extremos están separados por una brecha de 416 veces en sus ingresos provenientes del trabajo. Aunque este valor disminuye bastante cuando se suman los subsidios y transferencias monetarias del Estado, la desigualdad representada por este indicador, denominado 10/10, alcanzó niveles sin precedentes.

Cabe destacar, además, que los efectos de esta crisis no se han registrado de manera homogénea a lo largo y ancho del país. Sobresale el caso de Tarapacá, que incrementó su tasa de pobreza en 7,6 puntos porcentuales (pp) respecto a 2017, abarcando a un preocupante 14% del total de sus habitantes. Le siguen las regiones de Antofagasta y Valparaíso, que marcaron alzas de 4,2 pp. Por su parte, Magallanes, R. Metropolitana y Arica y Parinacota experimentaron aumentos de 3,5 pp. Nueve regiones registraron incidencias de pobreza por sobre el promedio nacional de 10,8%.

Al mismo tiempo, se observan algunas constantes en la serie CASEN de los últimos años que se repiten en esta entrega: entre ellas, que la pobreza es mayor en hogares monoparentales con jefatura femenina. En esta ocasión, hay una diferencia de 4 pp entre la pobreza de los hogares con jefatura femenina en relación a los hogares con jefatura masculina (11,4% versus 7,6%). En consecuencia, la pobreza es más aguda en familias donde hay niñas, niños y adolescentes, quienes en su mayoría viven al cuidado de jefas de hogar.

Otro aspecto que sobresale de esta CASEN Pandemia 2020 se relaciona con la población migrante. Hasta 2017, la pobreza por ingresos era más baja entre las personas de nacionalidad extranjera. Sin embargo, en el 2020 la pobreza por ingresos entre migrantes registró un aumento del 10,8% al 17%. Sin lugar a dudas, la pérdida de empleos ha golpeado más fuertemente a este grupo, lo que explicaría en buena parte este resultado. A esta situación se suma un proceso frágil o incompleto de integración e inserción en la sociedad chilena, que los dejó más expuestos a caer en pobreza debido a las trabas administrativas, culturales e institucionales que afectan con mayor rigor a los migrantes. Es posible que quienes llegaron hace poco se estén llevando la peor parte, por ejemplo, la población venezolana, ya que al momento del inicio de la crisis muchos no contaban con buenas redes ni empleos formales.

MÁS ALLÁ DE LO MATERIAL

Si a lo anterior le sumamos otras dimensiones del bienestar humano, como la salud, la vivienda y la educación, la situación se vuelve más angustiante. Debido a que esta encuesta tuvo que adaptarse a las restricciones de movilidad y a los resguardos sanitarios, parte del cuestionario se aplicó telefónicamente y varias de las preguntas que se realizaban regularmente tuvieron que ser ajustadas o simplemente eliminadas. Ello impidió contar con una medición de la pobreza multidimensional comparable en el tiempo. Este indicador, complementario a la medición por ingresos y muy relevante para la toma de decisiones de política, incluye un análisis de carencias en educación, salud, trabajo, vivienda y entorno, y redes y participación. Con todo, el MDSF realizó un gran esfuerzo para entregar algunos resultados parciales en cuatro de las cinco dimensiones del indicador.

En el caso del indicador de trabajo, los hogares que presentan carencias subieron del 9,8% en 2017 al 13,8% en 2020. En la dimensión vivienda y entorno, el allegamiento interno (presencia de varias familias o núcleos dentro de una misma vivienda) aumentó, pasando del 15,8% el 2017 al 19,2% en 2020. En la subdimensión “servicios básicos”, también se registró un aumento en los hogares que presentan carencias, pasando del 6,6% en 2017 a 7,8% en 2020. La variable de este subíndice que presenta un mayor deterioro es el acceso al agua potable. Los hogares con problemas de acceso a agua se elevaron de 0,5% a 1,6%. Cuando se realiza un zoom a zonas rurales, el aumento fue aún mayor, pasando de 0,7% a 3,9%. Cabe señalar que la CASEN no incorpora en su muestra a las familias que habitan en campamentos, por lo que podemos intuir que el problema del acceso al agua potable, entre muchos otros, es aún más agudo en el país.

Por su parte, en la dimensión salud, los hogares que presentan carencias aumentaron del 4% al 5,9%, Estas cifras se relacionan con las restricciones a la movilidad, el cierre parcial de establecimientos de salud y los re-agendamientos de prestaciones. Los profesionales de la salud se han visto obligados a priorizar la atención de pacientes Covid-19, lo que ha repercutido en la disponibilidad de atenciones relacionadas con otras patologías.

ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS

Diversas fuentes de información muestran datos que complementan el doloroso panorama que describe la CASEN 2020.

Por ejemplo, el MDSF, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), levantó en dos ocasiones la Encuesta Social Covid-19 (julio y octubre de 2020) con el fin de comprender las estrategias utilizadas por los hogares para enfrentar la crisis.

Sus resultados mostraron que, en el mes de julio de 2020, un 59,4% de los hogares declaró haber sufrido una disminución de sus ingresos. Un 75% de ellos registró una caída igual o superior al 50% en relación a sus ingresos previos. Para enfrentar esta caída, un 54,6% disminuyó sus gastos en alimentos y un 44,1% en servicios básicos (las dos estrategias de más alta incidencia). También un 68,2% de los hogares redujo activos: por ejemplo, vendió bienes, se endeudó o movilizó una nueva fuente de ingresos, siendo las dos primeras las alternativas más utilizadas (53,7% y 40% respectivamente). Un 42% señaló haber recibido ayudas estatales.

La misma encuesta revela que a mediados del año pasado casi un 30% de los hogares de los dos primeros quintiles de ingreso sufrió episodios de inseguridad alimentaria y tuvo que comprometer la calidad de los alimentos consumidos. En ocasiones, algunos de sus integrantes tuvieron incluso que saltarse comidas y pasar hambre. Si bien la mayoría de estos indicadores presentó mejoras, al mes de octubre la cifra de inseguridad alimentaria entre estos hogares permanecía en un preocupante 18%.

En tanto, el Catastro Nacional de Campamentos de Techo-Chile y Fundación Vivienda, indicó que en 2020 hubo más de 80 mil familias viviendo en campamentos, lo que representa una dramática alza de 74% en un año.

Por su parte, la Encuesta de Empleo del INE mostró caídas del empleo en una magnitud que no se había visto en las crisis más recientes. En el peor momento de la crisis asiática, por ejemplo, el empleo se contrajo en un 3% anual, mientras que en el de la crisis subprime de 2008-2009, cayó en un 1,5%. En cambio, a mediados del 2020 la caída fue del 20%. Estas cifras implican que se perdieron cerca de dos millones de empleos. A la fecha, las estimaciones indican que se ha recuperado cerca de la mitad.

Asimismo, a diferencia de las crisis previas, esta vez el trabajo informal y por cuenta propia también retrocedió y, por lo tanto, debido a las restricciones de movilidad, cumplió muy parcialmente su rol amortiguador de la pérdida de ingresos. En vez de elevarse, el empleo por cuenta propia cayó en un 35% anual en el peor momento del año pasado. Así, el ingreso promedio del trabajo de los hogares en el primer decil de ingresos se desplomó en términos nominales de $72 mil a $7 mil. Si los ingresos ya eran bajos, a fines del año pasado fueron casi inexistentes.

Así visto, el aumento de la pobreza monetaria se explica en gran medida por las pérdidas de empleo. Pero también nos muestra su precariedad, lo que es un problema de fondo que no obedece solo a las características particulares de este momento: es un problema estructural que el país no ha sabido subsanar.

LA IMPORTANCIA DE UN ESTADO PRESENTE

Como muestra la CASEN Pandemia 2020, los apoyos estatales jugaron un rol importante para mitigar la caída de ingresos y aliviar el empobrecimiento de quienes recibieron estas ayudas. Sin embargo, fueron insuficientes para hacer frente de manera oportuna al drama que millones de familias estaban padeciendo, a pesar de que el país tenía ventajas importantes para enfrentar la crisis.

Por ejemplo, en marzo de 2020 el país exhibía un nivel de endeudamiento público bajísimo para los estándares internacionales, con ahorros fiscales relevantes y una tasa de interés por los suelos. Además, se contaba con el Registro Social de Hogares, que ofrece información detallada sobre los hogares (aunque muchas veces no del todo actualizada), y millones de Cuentas Rut del Banco Estado para realizar transferencias con agilidad.

Ciertamente, la pandemia puso en tela de juicio la lógica de los esquemas de focalización y entrega de ayudas en Chile. La envergadura del problema provocó un tremendo cuello de botella en un sistema que tiende a privilegiar la precisión por sobre la exhaustividad. El país lleva tres décadas calificando socioeconómicamente a las familias a partir de un conjunto muy acotado de variables y con información que tiene diversos problemas de actualización. En una crisis como la actual, se requería de una respuesta estatal más oportuna.

Además, la política social suele aplicar una serie de filtros sucesivos que van dejando fuera a muchas personas por incumplimiento de condiciones. Estos mecanismos suelen provocar una sensación de injusticia e inequidad horizontal, ya que muchas de las personas que no reciben beneficios sienten que su situación lo amerita y que no es muy distinta a la de quienes sí reciben apoyos. Este fenómeno viene siendo alertado por nuestra Fundación desde 2011 a través de nuestro estudio “Voces de la Pobreza” y otros posteriores, mucho antes del estallido social del 2019 y la pandemia. A pesar de ello, el Estado insistió en los mecanismos de asignación de apoyos y, al final del recorrido, tuvo que levantar muchas de las barreras burocráticas y entregar beneficios con un enfoque de mayor universalidad. Enhorabuena, ya que existen experiencias internacionales que demuestran que estos apoyos monetarios básicos no reducen la oferta laboral de quienes los reciben, entregan tranquilidad a las familias y atenúan la angustia de no saber si se podrá llegar a fin de mes.

Finalmente, el Estado posee herramientas que no ha utilizado y que en otras épocas jugaron un papel relevante en el alivio a la cesantía. En particular, podría volver a echar mano a los programas de empleo de emergencia. Por ejemplo, mediante contraprestaciones laborales se podría contar con trazadores para la contención de contagios y/o con personas dedicadas a brindar cuidado a adultos mayores o a reforzar labores de asistencia en los servicios de educación y salud. Se trata de empleos de alto valor social y que a la vez podrían haber atenuado la incidencia de la pobreza.

DESAFÍO: QUE LAS SECUELAS NO SEAN PERMANENTES

Sabemos que la pobreza no se soluciona solo inyectando subsidios a las familias. Por supuesto que es importante complementar los ingresos de quienes están por debajo de la línea de la pobreza, pues eso permite mitigar los efectos de crisis como la actual y aliviar algunas de las peores formas de pobreza. Pero para superar la precariedad socioeconómica se requiere actuar en distintos ámbitos simultáneamente, con un enfoque de largo plazo centrado en el reforzamiento de las capacidades y con un ecosistema de oportunidades promocional.

Los subsidios rara vez sustituyen el papel que cumple el empleo en la superación de pobreza, más aún si consideramos que el empleo no es solo un medio para conseguir ingresos. También es un espacio de desarrollo personal y social, que permite la cooperación y el desarrollo colectivo, a la vez que refuerza la autonomía. Por ello, es fundamental que las personas vuelvan a reinsertarse en el mundo laboral, en especial las mujeres, para lo cual es insoslayable que niños, niñas y adolescentes regresen a sus escuelas a medida que los riesgos sanitarios estén bajo control.

Sin embargo, sabemos que no todo trabajo supera la pobreza. Es muy importante que el proceso de reactivación económica resguarde que los empleos que se generen sean de mejor calidad.

Chile necesita más empleos protegidos en los quintiles de menores ingresos, por lo que se deben reforzar los instrumentos de intermediación y capacitación, además del apoyo a las MIPYMES, para que logren cumplir con las exigencias de calidad del empleo.

También es muy importante complementar la reactivación económica con políticas sociales que fortalezcan la cohesión social, lo asociativo, lo colaborativo. Al mismo tiempo, se debe promover la equidad territorial. De ahí que es importante reforzar y potenciar todo lo que la pandemia también generó en materia de cooperativismo y asociatividad. Existen procesos muy interesantes a nivel local que muestran el resurgimiento de economías circulares, solidarias y de circuitos cortos que valdría mucho la pena apoyar y potenciar desde ahora.

La solución a los problemas de pobreza no solo pasará por la gran economía, en especial, a nivel local-territorial. La pandemia nos abre también una oportunidad para dibujar un futuro diferente en materia social y económica.

No partimos de cero. Debemos reconocer y potenciar los recursos que las propias personas poseen y han creado a nivel local y territorial. Esto nos obliga a pensar y diseñar una política pública menos estandarizada, más participativa, más permeable a las realidades locales y sus modos de vida. Asimismo, el país debería contar con una Estrategia País que mire el mediano plazo y que traiga transformaciones reales, que trasciendan a los gobiernos de turno y permitan no solo buscar soluciones a las pobrezas actuales, sino también establecer un pilar sostenible en la superación de la pobreza y la desigualdad.

En perspectiva, la pobreza se trata de desventajas inmerecidas que afectan a las personas en múltiples ámbitos de su vida, que se superponen entre ellas y que dependen en gran medida, del contexto. Construir un futuro distinto a partir de la dolorosa crisis que estamos experimentando, nos permite soñar que, desde la acción del Estado en conjunto con otros actores, sí es posible mejorar el contexto en el que se desenvuelven las personas y sí es posible mejorar las oportunidades a las que cada cual tiene acceso.

La Fundación plantea desde su creación, que la pobreza es un desafío de equidad e integración social, y frente a tal desafío, propone el establecimiento de Umbrales Sociales, es decir, un piso de bienestar acordado socialmente, que garantice que nadie en este país, deba sufrir la experiencia de la pobreza. MSJ

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Fuente: Artículo publicado en Revista Mensaje N° 701, agosto de 2021.

Presidenta, Fundación Superación de la Pobreza-SERVICIO PAÍS.
Directora ejecutiva, Fundación Superación de la Pobreza-SERVICIO PAÍS.