Revista Mensaje N° 705. «Nicaragua: Dictaduras, violencia y clamor por los derechos humanos»

Diversas experiencias señalan la ruta que ha vivido Nicaragua desde hace décadas, en un devenir altamente convulsionado. En 1936 comenzó la era de los Somoza, con Anastasio Somoza García, seguido de su hijo Luis, era que se prolongó por 43 años hasta que el tercero de los Somoza, Anastasio Somoza Debayle, fue desplazado del poder mediante la revolución sandinista de 1979. Esta fue provocada por el movimiento que lleva ese nombre en homenaje al general Augusto César Sandino, quien encabezó la reacción contra la intervención que aplicó Estados Unidos en Nicaragua hasta 1933.

La dictadura de los Somoza trajo consigo la violación sistemática de los derechos humanos y una secuela de corrupción que tuvo su culminación con Somoza Debayle, conocido también con el apodo de “Tachito”, para individualizarlo y distinguirlo de su padre. Los abusos y atropellos, con numerosas víctimas, fueron provocando la reacción de la población nicaragüense, motivando un transversal movimiento de rechazo que sumó a gremios profesionales, organizaciones de trabajadores urbanos y rurales, profesionales, intelectuales y sectores empresariales. En paralelo, se desarrollaba un proceso de organización armada, que había comenzado a fraguarse en 1960 y que después de varias derrotas comenzó a mostrar capacidades de acción efectiva a partir de 1977, aunque imposibilitadas de derribar por la vía armada a la dictadura.

La causa democrática de Nicaragua también motivó la solidaridad internacional en diversos países y concitó la atención de organizaciones internacionales, que se pronunciaron por el cese de las violaciones a los derechos fundamentales.

La pobreza extrema de un amplio sector de los habitantes quedó más en evidencia y agudizó la tensión y descontento a causa del terremoto de 1972, que afectó particularmente a la ciudad capital Managua. Entre los derechos reclamados, estuvo la libertad de expresión e información a raíz de la persecución y censura imperantes. En este ámbito un hecho a tener como referente se encuentra el asesinado del periodista estadounidense Bill Stewart, atribuido a la Guardia Nacional, organismo encargado de las mayores acciones de represión del gobierno nicaragüense. Este asesinato motivó la película Under Fire y tuvo efectos políticos de tal envergadura que influyó en la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Jimmy Carter, de abandonar su apoyo al dictador.

Por su parte, el asesinato en enero de 1978 del director del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro —medio de comunicación opositor a Somoza— trajo consigo el aglutinamiento de un movimiento político transversal. Chamorro, integrante de una influyente familia en el país centroamericano, se transformó en un símbolo de la oposición y resistencia, sumando a grupos de personas que, aun cuando eran contrarias al régimen imperante, hasta el momento de la muerte de Chamorro estaban pasivas y miraban con recelo las acciones sandinistas.

LA JUNTA DE DANIEL ORTEGA Y GUERRA CIVIL

Es un punto común en el análisis estimar muy difícil que el solo movimiento armado de resistencia hubiese podido lograr el éxito de desplazar del poder a la dictadura. Se requería la acción transversal de la oposición, cuestión que finalmente se dio para que el 29 de julio de 1979 se consolidara el desplome de la era somocista, dos días después de que Anastasio Somoza abandonara el país y, así, en consecuencia, se disolviera la Guardia Nacional.

La confluencia de diversos sectores permitió la configuración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional con integrantes de variados orígenes. Se incluyeron dos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega y Moisés Hassan; la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Violeta Barrios de Chamorro; el empresario Alfonso Robelo y el escritor Sergio Ramírez, que luego ingresó al FSLN.

Las discrepancias producidas al interior de la Junta de Gobierno motivaron la renuncia de Violeta Barrios y de Alfonso Robelo, quienes fueron reemplazados por integrantes del Frente Sandinista. Esto hizo que finalmente la fuerza militar y política dominante quedara solo en manos del FNLN. La Junta de Gobierno la presidió Daniel Ortega y surgió el Ejército Popular Sandinista (EPS), cuya jefatura quedó en manos de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente de la Junta.

En un cuadro de alta confrontación, la Junta de Gobierno convocó a elecciones generales para el 4 de noviembre de 1984. Triunfó Daniel Ortega con el 63% de los votos, lo cual, unido al control del aparato militar, le generó a este un poder suficiente como para buscar un programa inspirado en un modelo de base marxista, teniendo como referente el cubano.

La confrontación política y armada llegó a niveles de guerra civil, agudizada por la conducta de Estados Unidos, que destinó recursos para fortalecer los cuadros armados opositores, conocidos como “Contra”. La actuación estadounidense motivó, incluso, una demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con desenlace negativo para el Estado norteamericano.

La situación de Nicaragua era parte de la convulsa realidad de Centroamérica. En ese marco surgió el proceso que culminó con la firma en agosto de 1987 de Esquipulas II, Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica. El histórico acuerdo lo suscribieron los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias; de El Salvador, José Napoleón Duarte; de Guatemala, Vinicio Cerezo Arévalo; de Honduras, José Azcona Hoyo y de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra. Como consecuencia de este consenso, el mismo año 1987, se otorgó el Premio Nobel de la Paz al presidente Arias, en reconocimiento a su rol en ese proceso. El documento, celebrado como un todo armónico e indivisible, aborda cuestiones como la reconciliación nacional, un proceso democratizador, procesos de desarme, y acuerdos humanitarios y de desarrollo (1).

LAS ELECCIONES DE 1990

Un escenario influido por ese llamado a la paz en la región, el cambio producido a partir de la caída del Muro de Berlín y la tensión interna, incidió en el llamado efectuado por Daniel Ortega a elecciones generales, que tuvieron lugar el 25 de febrero de 1990.

El resultado electoral favoreció a Violeta Barrios de Chamorro, que se impuso a Daniel Ortega, marcando una alternancia que diversos analistas observaron como una nueva transición a la democracia en Nicaragua. Sin embargo, coincidimos con el análisis de Daniel Zovatto, Director Regional de Idea Internacional, en el sentido de que los tres gobiernos que sucedieron a Ortega después de 1990 —además de Violeta Barrios (1990-1997), los de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007)— no lograron consolidar una democracia estable y de calidad.

Luego estos mandatarios, los cuales vencieron en sus respectivas elecciones a Daniel Ortega, este logró ser electo como Jefe de Estado para el periodo 2007-2012, iniciando una era de permanencia en el poder prolongada hasta lograr un cuarto periodo presidencial consecutivo, a través de las cuestionadas elecciones pasadas del domingo 7 de noviembre de este año. A esos periodos, habría que sumar un quinto, que corresponde al ejercido entre 1985 y 1990, con lo cual completaría veinticinco años de Presidente de la República; esto, sin contar los años que presidió la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985.

Para concretar sus objetivos de permanencia en el poder. Ortega ha debido forzar las normas jurídicas del país o modificarlas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con su reelección en el año 2012, que significaba su tercera presidencia. La Constitución vigente en esa época señalaba en su artículo 147, inciso tercero letra a), que no podía ser candidato a Presidente ni Vice-Presidente de la República “el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”. Sin embargo, con el apoyo de otros órganos de la institucionalidad nicaragüense que han aceptaron claudicar ante la figura presidencial, como es el caso de la judicatura, la norma transcrita fue incumplida. Para la reelección del 2017, aprovechando el control del parlamento, esta norma que impedía la reelección había sido derogada.

La cuarta reelección consecutiva, recientemente ocurrida, se da en un contexto de descontento ciudadano incubado gradualmente, por los abusos cometidos, que incluyen reiteradas violaciones a los derechos humanos, el control sin contrapesos de los otros poderes del Estado y el uso desmedido de la fuerza armada contra la población. La concentración del poder alcanza incluso ribetes familiares, toda vez que la Vicepresidenta del último periodo ha sido Rosario Murillo, cónyuge de Daniel Ortega.

A lo señalado hay que sumar el debilitamiento de la base de apoyo del FSLN, que en la actualidad está claramente distanciado de lo que fueron los integrantes y planteamientos originales que motivaron la lucha contra la dictadura de Somoza. Solo como ejemplo, destacadas personalidades, como el ya fallecido intelectual y sacerdote Ernesto Cardenal, fueron ácidos críticos de la forma en que se conducía el gobierno de Ortega. Se suman el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura y Vicepresidente en 1985 del primer gobierno sandinista, ahora exiliado en España. Por su parte, Carlos Mejías, junto a otros destacados dirigentes, fundaron el Movimiento Renovador Sandinista. Incluso Humberto Ortega, que estuvo a cargo del Ejército, según la información existente está distanciado y es crítico de la gestión de gobierno de su hermano.

REPRESIÓN TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

Se constata que la reciente elección del 7 de noviembre se produce violando los principios democráticos y sin condiciones de legitimidad. En efecto, la represión desatada desde el estallido social de 2018, cuyo detonante fue una reforma previsional, costó la vida a 328 personas. Se suma a ello el control y censura de medios de comunicación alternativos a los oficiales, y el apresamiento y persecución a líderes opositores, entre ellos, siete postulantes a disputar la presidencia al actual gobernante y que, en virtud de las medidas represivas, no pudieron concretar sus candidaturas. Entre las personas privadas de libertad está quien aparecía como favorita en las elecciones, Cristiana Chamorro Barrios, hija de Pedro Joaquín Chamorro y de la ex presidenta Violeta Barrios. Las personas perseguidas son del ámbito político como social. Además, tres partidos políticos opositores han sido dejados fuera de la ley.

Diversos gobiernos y organizaciones internacionales han reaccionado, denunciando la ilegitimidad de las elecciones y las violaciones a los derechos humanos perpetradas. Desde nuestro punto de vista, esa reacción está avalada por el derecho internacional al consagrar que la comunidad internacional organizada no solo tiene el derecho, sino también el deber de actuar ante situaciones como las que se sufren en Nicaragua.

En los momentos que se escribe este texto, tomamos conocimiento de la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar al país de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando el artículo 143 de la Carta de la Organización. De esta forma, se iniciará un proceso que culminará en dos años, contados desde la fecha de notificación de la denuncia a la Carta y que posibilita el retiro anunciado. En ese lapso continúan siendo plenamente aplicables las normas de la OEA, que son vinculantes para Nicaragua, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, adoptada como resolución de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en Lima, el 11 de septiembre de 2001.

El gobierno de Ortega, ante el pronunciamiento de la organización internacional condenando el proceso electoral y la situación de derechos humanos en Nicaragua, ha catalogado estas resoluciones como “injerencistas”, utilizando un clásico argumento de las dictaduras y los autoritarismos, esto es, que se están vulnerando los principios de no intervención, de autodeterminación y la soberanía nacional.

Los principios señalados no se pueden invocar cuando en un Estado se violan los derechos humanos. Esto está expresamente establecido por el derecho internacional desde que determinó la universalidad de tales derechos. Este ya no es más un tema que quede entregado en exclusiva a los derechos internos de los Estados y a la acción de sus gobernantes, sino que también compete a la comunidad internacional organizada. A ello se debe agregar que si se observan las acciones del gobierno nicaragüense es preciso consignar que se está violando, en su esencia, el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el principio jurídicamente consagrado. En efecto, no existe un derecho de autodeterminación de los gobiernos.

La situación de Nicaragua obliga a desplegar esfuerzos para encontrar una salida política pacífica en pos del establecimiento del anhelado sistema democrático. Para ello, deben quedar en libertad los líderes políticos privados de ella, asegurar el pluralismo político, la libertad de prensa, la independencia de los poderes del Estado, la realización de elecciones con plenas garantías para quienes postulen y la observación internacional de ellas, entre otras medidas urgente. MSJ

(1) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2530.pdf

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Fuente: Comentario internacional publicado en Revista Mensaje N° 705, diciembre de 2021.

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