Antonia Urrejola Noguera (53 años, casada, cuatro hijos), tiene un leve acento inglés al hablar y es porque vivió el exilio junto a sus padres en el Reino Unido. La actual canciller es abogada de la Universidad de Chile, especialista en derechos humanos y justicia transicional. Durante su carrera ha asesorado al ministerio del interior, al ministerio secretaría general de la presidencia y a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de derechos humanos; además fue parte de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y, desde 2018 a 2021 encabezó la primera directiva integrada completamente por mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde llegó a ser la primera presidenta de esa instancia que lideró una Junta Directiva integrada sólo de mujeres en toda la historia de la CIDH.

—¿Por qué se interesó en la temática de derechos humanos al punto de dedicarle casi toda su trayectoria?

Mi papá estuvo detenido en Tejas Verdes (primer centro de detención de la Dina, ubicado en San Antonio) cuando yo era muy pequeña, posteriormente salimos al exilio. Crecí rodeada de adultos exiliados que habían estado presos, de viudas cuyos maridos estaban desaparecidos o habían sido ejecutados. Volví a Chile en la adolescencia, en los inicios de las protestas y me marcaron mucho las graves violaciones a los derechos humanos. Empecé a mirar a determinadas personas con una admiración profunda, ellas eran las abogadas y abogados de la Vicaría de la Solidaridad. Cuando uno es pequeña tiene sus héroes y heroínas, que para mí eran ellos. Luego decidí estudiar Derecho en la Universidad de Chile y me tocó justo el paro de Federici, el plebiscito del Sí y el No, entonces era imposible no involucrarse. En la carrera no quise procurar en una oficina de abogados y se me dio la oportunidad maravillosa de participar en la comisión especial de pueblos indígenas, presidida por Pepe Bengoa, justo cuando se estaba discutiendo la primera ley indígena en Chile. Mi historia personal y las oportunidades que se me fueron dando crearon este camino.

Desde su rol de asesora de José Miguel Insulza como Secretario General de la OEA se fue interesando por el sistema interamericano de DDHH y luego por la Comisión Interamericana de DDHH. Recuerda que su elección como comisionada primero por parte de la Asamblea General de la OEA en junio del 2017 fue muy emocionante y su posterior elección como Presidenta de la CIDH, votada por sus pares, “fue un momento histórico, porque fue la primera vez que una junta directiva, en más de 60 años, era compuesta solo por mujeres. Para mí ha sido no solo un honor, sino también un hito que traté de impregnar en mi gestión”. En términos personales y, sin caer en estereotipos, cree que “las mujeres, sobre todo cuando estamos en ámbitos como el de la comisión, tenemos mayor capacidad para empatizar. Ahí la relación con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos es dar espacios de escucha”. De hecho, dice, “con lo que más me quedo es con ser ese espacio de escucha para los silencios que se quieren hacer oír”. Ese protagonismo lo ha visto en organizaciones de DDHH en toda la región. “Me impacta la capacidad de las mujeres de nuestro continente que son víctimas y que, a la vez se han puesto de pie habiendo perdido a un hijo, hija, al esposo, a la hermana, sea por desaparición forzada o por ejecuciones extrajudiciales. Son mujeres las que levantan la voz y se organizan para exigir justicia. Lo veo en las buscadoras de los desaparecidos y desaparecidas, lo veo en las indígenas en Guatemala, en la Asociación Madres de Abril en Nicaragua… también lo veo en hombres, pero la mayoría son mujeres”.

Con cuatro años de enfoque en la región, reconoce que existió una etapa de consolidación de las sociedades democráticas a través de los procesos de transición post dictadura y conflictos armados en Centroamérica y Colombia. “Hubo un fortalecimiento importante de la institucionalidad democrática y de derechos humanos; por ejemplo, la creación de las Defensorías del Pueblo o Instituciones nacionales de derechos humanos, distintas leyes relativas a mecanismos de prevención de la tortura, de matrimonio igualitario, contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia sexual. Pero en los últimos años todos esos avances empezaron a ser cuestionados en distintas partes y la pandemia exacerbó aquello”.

EFECTOS DE LA PANDEMIA

—¿Cuál es su balance general de la situación hoy?

Lo primero son los efectos de la pandemia: el aumento de la desigualdad y la discriminación estructural en la región. Posteriormente vinieron los abusos de los estados de excepción y las distintas medidas que se tomaron. Entiendo que eran necesarias porque había que adoptar medidas para evitar contagios, pero vimos casos donde se abusó de aquello para restringir derechos. Lo que constatamos desde la CIDH son los efectos en relación a la garantía y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; todo el tema relacionado con la migración y los desplazamientos internos, la xenofobia y las restricciones al derecho a la protesta. Lamentablemente, durante los periodos de confinamiento se vio en la mayoría de los países un aumento en la violencia intrafamiliar y de género. Claramente la violencia sexual en la región sigue siendo un tema estructural gravísimo. Si tuviera que hablar de los desafíos en este contexto me parece que hay que enfrentar los atentados a la libertad de expresión y al periodismo independiente porque eso da cuenta del deterioro de la democracia. El acceso a las redes sociales ha sido fundamental para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo las noticias falsas contribuyen a un deterioro del debate público. Ahí hay un desafío para que las autoridades, los periodistas, los agentes públicos y la sociedad entera entienda que el debate se ha trasladado a las redes y cómo debemos cuidarlo, porque su deterioro tiene efectos para la democracia.

—¿De qué manera se menoscaba la democracia?

A través de los discursos de estigmatización donde se ve al otro como un contradictor a quien hay que eliminar, sea sacándolo del debate público o, incluso a través de su eliminación física. Esto impide los consensos, que son fundamentales para avanzar en las democracias. Me preocupan los discursos estigmatizantes en torno a figuras defensoras de DDHH, líderes o lideresas indígenas o medioambientales; cuando las autoridades estigmatizan a esa persona están justificando ataques e incluso sus asesinatos, por eso el cuidado que tienen que tener respecto a su discurso. El negacionismo respecto del Covid-19 y en relación a las violaciones a los derechos humanos son muy graves. Eso lo uno con la criminalización de la protesta y cómo garantizar su derecho sabiendo que tiene límites. Finalmente me preocupa la falta de independencia judicial. Si la pandemia algo nos enseñó es que en los países donde hay independencia judicial, donde hay contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, la democracia es más fuerte. No es una frase cliché decir que el sistema democrático es el único que da garantía a los derechos humanos y eso es esencial para una convivencia diversa, pacífica y en libertad. Diría que son los principales desafíos y preocupaciones además de la desigualdad estructural y la corrupción que hay en el continente.

—A su juicio, ¿la justicia está desacreditada?

Es una pregunta bien compleja. Creo que más allá de la impunidad y el descrédito de los sistemas de justicia en algunos países, la respuesta es precisamente trabajar en fortalecer los sistemas judiciales, hacerlos más eficientes y transparentes para que la gente logre encontrar justicia en procesos que sean diligentes, en tiempos razonables, con debidos procesos, etc. Es fundamental fortalecer el rol de los jueces y los mecanismos que garanticen que hagan su labor de manera independiente. Pero el hecho de que la justicia a veces no llega, no puede justificar la funa. Lo peor que le puede pasar a cualquier país democrático es aceptar o justificar la justicia en mano propia.

VALORACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Desde el extranjero, Antonia siguió el proceso constituyente y, lejos del lugar común, destaca que la Convención Constitucional sea paritaria, tenga escaños reservados para los pueblos indígenas y también para líderes sociales y territoriales. «Más allá de todos los problemas y críticas que pueda haber, es algo que uno tiene que valorar como un ejemplo y así lo ha visto la comunidad internacional, como un país que ha sido muy elitista en materia de representación política y por primera vez, a través de este proceso, se dio espacio a voces que antes no eran escuchadas o que lo eran en término de denuncias y no de construcción de una nueva sociedad». Agrega: «Me parece que no ver este proceso como un espacio de democratización es ser ciego».

Sobre el fruto de este proceso, una nueva Constitución para nuestro país, dice que no ha estado en el detalle los debates, pero que «cualquier Constitución en estos tiempos debe tener un enfoque de DDHH y ese es transversal (…) Estoy de acuerdo con que Chile sea un Estado plurinacional. Eso tiene muchos desafíos y entiendo a los que les da temor, pero un Estado moderno, compuesto de pueblos indígenas, requiere reconocerse como plurinacional para avanzar hacia un Estado más democrático que reconozca su diversidad. Si me preguntan si estoy de acuerdo con una constitución maximalista, súper detallada, no me parece. Tiene que tener los principios fundamentales respecto de la supremacía de los tratados internacionales de DDHH».

—¿Cuál es su opinión respecto al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche?

En los últimos cuatro años no he seguido de manera directa lo ocurrido en la Araucanía, más allá de las noticias, y quisiera retomar el tema antes de dar una opinión al respecto. Creo firmemente en la necesidad del diálogo con todos los actores y sin condiciones. Es un diálogo intercultural, lo que requiere un esfuerzo de parte de los interlocutores. Entender ese punto es esencial. Eso es bien difícil, sobre todo cuando vemos un conflicto desde nuestra propia historia. Creo que ha faltado una política de Estado que convoque a los distintos poderes. (Además) como la situación está muy compleja, creo que es importante tener agentes externos en este diálogo. Requerimos órganos que ayuden en este proceso para una mirada política global, tomando en consideración otros ejemplos, otros procesos y un enfoque intercultural, histórico y de derechos humanos que no termine, como siempre, enfocado sólo en el tema de las tierras o en la seguridad ciudadana.

SECRETO VERSUS JUSTICIA

—El Informe Valech, referido a la prisión política y tortura ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet, estableció un periodo de 50 años de secreto para nombres de víctimas, victimarios y testigos. Hay actores de nuestra sociedad que están de acuerdo con esta determinación y otros que buscan levantarla ¿Cuál es su opinión?

Existe un principio fundamental, sobre todo en materia de graves crímenes de derechos humanos, como fue la prisión política y la tortura, que es el acceso a los archivos. Desde esa perspectiva, estoy de acuerdo en establecer normas que permitan acceso tanto para las víctimas como para los tribunales que están investigando las distintas denuncias. Ahora, si esos archivos deben ser públicos, para conocimiento de toda la población, me parece súper importante en la perspectiva de los procesos de memoria y verdad, pero también uno debe resguardar la identidad de las víctimas. Hay muchas fórmulas al respecto que deben ser discutidas. Lo digo, sobre todo, por las mujeres víctimas de violencia sexual. Ellas hablan cuando pueden y nadie debe imponerles dejar de lado los silencios. Son procesos muy íntimos que el Estado debe respetar y acompañar. MSJ

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Fuente: Entrevista publicada en Revista Mensaje N° 707, marzo-abril de 2022.