Sr. Director:
La oposición ha calificado las medidas del proyecto «Escuelas protegidas» como punitivas. Siendo eso cierto, el problema más profundo es otro: el proyecto no repara en los costos reales del deterioro del bienestar en las comunidades escolares ni orienta ninguna de sus medidas hacia ellos. El 54,2% de los profesores declara que mantener la disciplina le genera estrés y las denuncias por maltrato docente aumentaron un 62% entre 2023 y 2025. Ambos datos exigen fortalecer el liderazgo directivo, construir climas escolares participativos y dotar a los establecimientos de equipos psicosociales. El proyecto, en cambio, usa esa evidencia para justificar la revisión de mochilas, una conclusión que los datos no sostienen.
A ello se suma una pregunta práctica que el proyecto no responde: si un docente revisa una mochila y encuentra un objeto considerado peligroso, ¿qué ocurre después? ¿Se confisca y se expone en una vitrina, como en los aeropuertos? ¿Se impide el ingreso del estudiante al establecimiento? ¿Quién toma esa decisión y con qué respaldo institucional? Convertir a los profesores en agentes de control sin definir el protocolo de lo que sigue no los empodera: los expone.
La seguridad escolar real no se construye controlando objetos, sino cuidando personas.
Carmen Gloria Zúñiga G.
Académica
Facultad de Educación PUC