Sr. Director:
En la edición N° 688 de Mensaje se ofrecieron interesantes ex-posiciones de Paulina Vodanovic y Franz Vanderschueren sobre las consecuencias del estallido social en lo referido a seguridad pública y defensa. Esos artículos abordaron riesgos que se verán acrecentados si no son abordados en el corto plazo, en el contexto pandémico, por parte de las autoridades políticas.
Me gustaría señalar dos de ellos. Primero, la grave crisis institucional y de legitimidad de Carabineros, que le dificulta cumplir sus mandatos constitucionales, la que debe ser abordada coherente y urgentemente. Resulta fundamental un acuerdo transversal por medio de un agenda de reformas consensuada, ante la posibilidad de reiterar los problemas derivados en la conservación y mantenimiento del orden público, en un complejo panorama económico nacional como el que se vislumbra.
Segundo, el uso abusivo del lenguaje amigo/enemigo y la militarización del orden público. Este riesgo implica mayor desunión entre los actores políticos y la sociedad civil, lo que dificulta enfrentar adecuadamente el fenómeno pandémico actual y posterior, a la vez que significa el fracaso de la ins- titución policial en esta materia y la instrumentalización de la Fuerzas Armadas en labores ajenas a sus procesos de formación y acción. Esto se grafica en los discursos de diversas autoridades de gobierno y en la persistencia en tramitar una serie de proyectos de ley, como el que implementa un nuevo sistema de inteligencia y emplea a efectivos militares en el resguardo de infraestructura crítica.
A su vez, también son dos los desafíos que se deben abordar en este contexto con miras al proceso constituyente en marcha. En primer lugar, la reforma a Carabineros implica reflexionar sobre la existencia de los actuales niveles de autonomía normativa político institucional y operativa funcional que cuenta este organismo en sus labores cotidianas, para así fortalecer y asegurar el necesario control de las autoridades civiles electas sobre esta. En segundo lugar, se hace necesario transitar desde una conceptualización del orden público y la seguridad sostenida sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional hacia una noción de seguridad pública que se centre en el respeto de los derechos humanos, como elementos fundamentales para reconstruir una comunidad que rechace la violencia y la anomia, y genere condiciones adecuadas para su desarrollo. Estos son los riesgos que se avecinan en un escenario complejo y lleno de incertidumbres en materia de seguridad pública y defensa. Esperemos contar con la voluntad y estatura suficiente para abordar esta sensible crisis institucional.
Sebastián Salazar Pizarro
Profesor de Derecho Público
U. Alberto Hurtado
