Siria y México serían los dos países más violentos

La violencia que se vive en México está llena de historias de inmenso dolor. Como la de la dirigente del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada en su casa en el Estado mexicano de Tamaulipas por un grupo de hombres armados. Rodríguez se convirtió en activista tras el secuestro de su hija en 2012. Había sido amenazada por los criminales organizados y no contaba con protección.

Su activismo comenzó a partir del secuestro de su hija Karen. Miriam Rodríguez se encargó de la investigación que terminó con el hallazgo del cuerpo de la joven en una fosa común. Su acción fue eficaz, pues la información que entregó a la policía permitió arrestar a los responsables del asesinato. Pero la situación carcelaria en México complementa el problema de la seguridad y los arrestados al poco tiempo se fugaron del penal de Ciudad Victoria, junto a 29 reos.

Tamaulipas es el Estado con mayor número de desaparecidos, con 5.558 en el último conteo del Gobierno en enero. Le sigue el Estado de México, con 3.351, y Jalisco, con 2.634 personas. El país arrastra una crisis en materia de derechos humanos que se agravó durante la guerra contra el narco, pero no cuenta con una ley de desaparición de personas que garantice las búsquedas.

Al mismo tiempo, 2017 se perfila como el año más violento de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. En marzo se registraron oficialmente 2.020 homicidios; desde 2011 no se superaba la barrera de los 2.000 asesinatos en un mes. Pero los datos numéricos solo grafican una violencia que hace pensar en un conflicto civil encubierto y, en todo caso, en una situación de emergencia. Durante el mandato del predecesor de Peña Nieto, el expresidente Felipe Calderón, cuando sacó al Ejército a las calles, el enfrentamiento terminó con 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por su sigla en inglés), en su informe anual, sitúa a México como el segundo país más violento del mundo, con 23.000 asesinatos, solo por detrás de Siria, con 50.000, y antes que Afganistán e Irak, con 17.000 y 16.000, respectivamente.

El organismo británico señala un deterioro de la situación al registrar un incremento del 22,8% del crimen en el último año. En su informe, destaca que no fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, una hoja de ruta para la actuación de las fuerzas armadas y federales en el combate al crimen organizado.

El estudio del IISS ha suscitado las protestas del Ejecutivo, que reclaman por el uso de cifras “cuyo origen se desconoce”, y de estimaciones basadas en “metodologías inciertas”, además de recurrir a términos jurídicos de manera equivocada. Desde la Cancillería se considera “irresponsable e incorrecto” el término de conflicto armado con el que el IISS cataloga la violencia en México.

“Tenemos un problema de violencia gravísimo, también de impunidad, pero el estudio se basa en datos absolutos, no tiene sentido”, asegura el analista de seguridad Alejandro Hope, quien reconoce la gravedad de la situación.

Si bien se podrá aclarar cómo el IISS ha llegado a esas conclusiones, es un hecho que la violencia está poniendo al descubierto varias fallas del Estado en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el año pasado, ya había señalado una situación preocupante. En su informe sobre la situación de los derechos humanos, señalaba además que más de 26.000 personas estaban desaparecidas, y que el 98% de los delitos investigados no desembocan en una sentencia condenatoria.

Desde el Ejecutivo se respondió, reduciendo el número de desaparecidos a unos 22.000, pero como en el caso de la polémica con el IISS, es dudoso que el tema pueda centrarse en las estadísticas ante las evidencias que muestran un recrudecimiento de la violencia en el país.

En efecto, pese a los avances conseguidos, la CIDH recogió información amplia y consistente sobre la práctica de desapariciones forzadas a manos de los propios agentes del Estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de los mismos. Una situación inquietante, con una respuesta estatal gravemente deficiente que confirma las falencias notorias a nivel de la justicia y de los cuerpos de seguridad.

La penetración de los carteles del narcotráfico en los aparatos de poder, también políticos, es notoria y profunda, al punto que sectores importantes de la población consideran que los narcotraficantes realizan más obras que el propio Gobierno y que incluso son fuentes de empleo.

Es un cuadro bastante dramático que señala la necesidad de una intervención más profunda, a nivel de política de Estado.

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Fuente: http://ciudadnueva.com.ar