Sr. Director:
Se inicia el Mes de la Solidaridad y debiéramos poner nuestra mirada en los más abandonados y excluidos de nuestra sociedad, en aquellos que miró a los ojos Alberto Hurtado.
Las personas en situación de calle son una de las expresiones más crueles de la exclusión social. Recae en el Estado la primera responsabilidad de brindar apoyo y lograr que puedan ser sujetos de derecho para vivir con dignidad. En Chile, si bien hemos avanzado en programas sociales, estamos al debe aún en una política social sólida y coherente que favorezca la inclusión. De hecho, este año se cuenta con menos recursos que el año pasado para brindar soluciones de emergencia en el invierno.
Con récords históricos de bajas temperaturas, en lo que va del 2024, ya se han registrado dieciséis muertes por hipotermia —mucho más que las nueve del año pasado—. Esta es una cifra que podría agravarse en las próximas semanas, ya que hay cerca de unas cuarenta mil personas en situación de calle y apenas tres mil camas disponibles para ellas. La mayoría, en alojamientos transitorios que funcionan solo durante el invierno.
La calle mata a las personas; no solo de frío, también mueren asesinadas. Según Corporación Moviliza, el año pasado, del casi centenar de personas muertas en calle, cerca de la mitad fueron asesinadas. Adicionalmente, la evidencia internacional demuestra que quienes tienen más de cinco o seis años en calle pueden vivir hasta treinta años menos que quienes viven en un nivel socioeconómico alto.
No solo falla el gobierno central. También fallan los municipios. Son pocos los que tienen una oficina y programas dirigidos a atender las necesidades de las personas en situación de calle. Muchas veces están más preocupados de desalojarlas de la vía pública que de prestarles soporte, agravando la situación.
Que haya personas en situación de calle —familias, mujeres, niños, adultos mayores— es una de las mayores vulneraciones a los derechos humanos. Una luz de esperanza la ha brindado la reciente encuesta CADEM, que señala que hay mayor conciencia social sobre esta realidad. Probablemente, esta mayor visibilidad se deba a que, en efecto, hay más personas viviendo en plazas y calles y se han hecho más visibles. Abundan rucos y carpas en las ciudades. Eso ha contribuido a una percepción sobre lo que representa esta realidad.
Sin embargo, continúan predominando los prejuicios y la estigmatización. Se piensa que estos hombres y mujeres nunca van a salir adelante; que son delincuentes, drogadictos o culpables de su situación. Estas suposiciones no dan cuenta de las trayectorias de vida de cada una de esas personas marcadas por la pobreza, el abandono y una acumulación de desventajas.
La situación de calle se resuelve con vivienda. No hay otro punto de partida, toda la evidencia internacional apunta a esto. Es por tal motivo que necesitamos fortalecer iniciativas, como Vivienda Primero, programa público en el cual participamos desde el 2019 y que ha permitido a más de setecientas personas salir de la calle.
En esto se requiere un fuerte compromiso del Estado, no solo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino fundamentalmente del de Vivienda. Cuando se cuenta con un espacio habitable seguro y se brindan lo acompañamientos necesarios, más del noventa por ciento de las personas dejan la calle de manera definitiva. Además, aumentan su autoestima, recuperan el control sobre sus vidas, se revinculan con su familia y sus comunidades, mejoran sus tratamientos salud… Toda persona necesita un espacio privado, íntimo, desde donde proyectar su vida, y eso solo lo puede ofrecer una vivienda. Los albergues y alojamientos masivos ayudan a prevenir que las personas no mueran, pero son insuficientes y no solucionan el problema.
El Estado tiene que asegurar el acceso a la vivienda y a la protección de todas las personas, sobre todo de las más vulnerables y excluidas, y esto aún no es una realidad.
Andrés Millar
Dirección Técnica Nacional Hogar de Cristo