Tanto o más grave que la violencia política desencadenada a partir de 2019, la de la Araucanía y la de los viernes en la Plaza Baquedano u otros lugares, es la distancia epistemológica de la Cota Mil con el resto del país.
El debate sobre el tipo de Estado tiene referencias históricas y éticas que nos debieran llevar a que este priorice el bien común y sea custodio de la función social del derecho de propiedad, de la garantía general sobre los derechos sociales y su satisfacción progresiva.
Es obvio que estos pueblos no comenzarán a existir desde ahora, pero el reconocimiento de su realidad y dignidad hará posible el despliegue de una riqueza negada.
El primer sentido del proceso de la nueva Constitución es su dimensión histórica o, dicho de otra manera, la respuesta a una situación de crisis histórico estructural de sociedad chilena.
El proceso constituyente no debiera priorizar el establecimiento de un catálogo de derechos, sino más bien remover los obstáculos institucionales que han impedido reformas sociales y diseñar procesos políticos más eficaces.
El texto resultante de la Convención tendrá mayor fortaleza si sabe conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país.
El 11 de abril los chilenos votarán para elegir a los integrantes de la Convención Constitucional que, en el curso de nueve a doce meses, participarán en la redacción de una nueva Constitución para Chile.