Licencias médicas: Prevención, control, sanción

Sr. Director:

Como consecuencia del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre funcionarios públicos con licencias médicas que viajaron fuera del país, cada repartición pública en que estos funcionarios trabajan iniciaron y/o deberán iniciar los sumarios administrativos respectivos para determinar su responsabilidad y eventualmente sancionar (incluso con la destitución, si se considera que faltaron gravemente a la probidad).

Además, la CGR instruyó sumarios administrativos contra la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a fin de investigar y determinar si dichas entidades fallaron o incumplieron sus deberes institucionales en lo relativo al control que debían ejercer.

Asimismo, los antecedentes del informe fueron derivados al Ministerio Público, para que investigue e inicie los procedimientos penales que estime procedentes si considera que hay hechos que revisten carácter de delito, ya sea de los médicos o los funcionarios públicos; así como también fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que inicie ante los tribunales civiles las acciones que estime procedentes para obtener la devolución de los dineros públicos que se destinaron al pago de licencias irregulares.

Todo esto da cuenta de una institucionalidad que ex post está funcionando y cuyo accionar debe seguirse con atención, con el objeto de cerciorarse de que estos procedimientos se resuelvan ágilmente, tanto en su arista administrativa como en la civil y la penal.

De verificarse infracciones una vez culminados estos procedimientos, quedaría de manifiesto que hay un importante espacio de mejora en el control ex ante en materia de fiscalizaciones de las licencias, tanto respecto de los médicos que las emiten como de los funcionarios públicos que son beneficiarios de estas. Será responsabilidad de las tres entidades de fiscalización dar cuenta de qué sacaron en limpio luego de este escándalo y qué acciones de mejora están emprendiendo para que no se vuelva a repetir lo ocurrido. Desde el exterior, parecería del todo recomendable implementar herramientas de inteligencia artificial que permitan hacer cruzamientos masivos de datos y simplificar las tareas de fiscalización.

En el actual escenario, es posible aumentar los estándares de transparencia y probidad del país. Para ello, se requiere iniciativa interna de cada servicio y una acción decidida y constante de los órganos de control.

Cada servicio debe promover una cultura de probidad y transparencia dentro de su propia organización, tarea que parte desde el énfasis que pone cada jefe de servicio hacia abajo, con señales, una cultura de cumplimiento y la realización constante de acciones de capacitación y sensibilización que pueden incluso solicitarse a órganos de control, como el CPLT (en materia de transparencia).

Desde el punto de vista de la fiscalización y el control, en Chile el sistema de promoción de la integridad y prevención de la corrupción comprende múltiples instituciones, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio Civil y la Unidad de Análisis Financiero, las Policías, entre otros. No existe una Agencia Nacional de Corrupción que coordine a todas estas instituciones. Por lo tanto, el acento para generar una cultura de integridad en el sector público está dado por mejorar la coordinación entre estas instituciones. Además, por supuesto, que cada una cumpla con su rol de manera activa, constante y decidida.

Natalia González
Presidenta del Consejo para la Transparencia



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