Sr. Director:
Constituye un hito, después de tantos años de recuperación democrática, que exista una política de Estado referida a las deudas que como sociedad tenemos con las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados cuyo paradero se desconoce. En ese sentido, tiene inmenso valor el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PNB) impulsado por el Gobierno.
En segundo lugar, que al interior de esta instancia se haya constituido un Comité de Seguimiento conformado por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados y de organizaciones de derechos humanos, como de los sitios de memoria, permite la participación directa de quienes desde 1973 han llevado un trabajo incansable para obtener información y ubicar los restos de sus familiares y justicia. Se suma la participación de otras personas con vinculación con el tema de los derechos humanos. Esto permite que haya un proceso de rendición de cuenta sobre la rapidez, eficacia y eficiencia que puede tener el trabajo de búsqueda, el cual no es fácil, precisamente, considerando los años transcurridos.
Existe un llamado —que se hizo en la última reunión que sostuvimos— en el que se insta al Poder Judicial a que cada vez que haya diligencias en terreno, los miembros del Comité podamos participar en las mismas. Es importante porque, tal como se ha dicho, quienes más conocen de las causas y han levantado información en cada una de las localidades son los propios familiares. Asimismo, esta razón ha hecho que se haya habilitado que desde el Comité se hagan peticiones concretas hacia otros poderes del Estado.
Como se ha recordado ya en ese mismo Comité, algunas de las confianzas se han quebrado entre las organizaciones y algunas instituciones del Estado, como el Servicio Médico Legal. Entonces, es muy valioso este esfuerzo, en la perspectiva de recuperarlas. Fundamentalmente, hacerlo en pro de la tarea de identificar los restos óseos, en donde ha habido importantes equivocaciones, o bien pérdidas de algunos de éstos o revelaciones de que algunos no estaban debidamente resguardados.
Los familiares tienen dudas razonables acerca de si se ha estado haciendo un buen trabajo en la identificación correspondiente. Todo esto hace que sea absolutamente imprescindible que exista una política de Estado.
Todo este proceso es lento. Puede generar frustración, pero, como han dicho varias de las compañeras que participan en el Comité, ellas aún mantienen la esperanza. Llevan años luchando por saber. Y algunas de ellas han dicho que morirán buscando.
Lidia Casas
Abogada, integrante del Comité de Seguimiento del PNB
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