La encuesta del Centro de Estudios Públicos, aplicada en abril y mayo de este año, revela que la principal preocupación, a la cual el Gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo, es «la delincuencia, los asaltos y los robos». Es una preocupación creciente, al menos desde diciembre de 2019. Sin ser equivalente, se ve también un aumento consistente de inquietud por el narcotráfico y, por primera vez, una preocupación por la violencia. Todos ellos son aspectos relacionados que probablemente se potencian unos a otros provocando esta percepción de inseguridad. Para recurrir a información más objetiva, un indicador clásico de violencia interpersonal en un país es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes (pcmh). En este aspecto, comparado con el resto de América Latina, nuestro país presenta cifras bajísimas, del orden de diez o hasta trece veces menor que Honduras, Jamaica o Venezuela. De hecho, Chile es el más bajo del continente con 3,7 homicidios pcmh. América, eso muestra el dato, sería el continente más violento de todos (1).

Cuando se examina desde 2011, se aprecia una tendencia leve al alza. Aunque durante 2020 se incrementó este indicador entre un 20-30% respecto del año anterior, y en 2021 se retomaron los niveles habituales, un alza leve no se debe minimizar. Localmente, también preocupa mucho el incremento puntual de 2021 en Arica y Tarapacá.

Se trata de un desafío mayor proteger a las personas tanto en espacios públicos como en privados. La seguridad es una necesidad básica para el desarrollo de cualquier ser humano y es condición para el ejercicio de la libertad en la medida en que la inseguridad restringe las alternativas de acción. La vida en sociedad solo es posible si existe un nivel de seguridad básico. Es, por lo mismo, una responsabilidad primordial de todo Estado garantizar ese derecho a los habitantes de su territorio. Para ello se constituye como el único que puede hacer un uso legítimo de la fuerza, precisamente porque ese uso no es uso arbitrario, sino que está regulado y sometido a la ley.

En este contexto, el control de armas que ha propuesto el gobierno parece ser una medida acertada para disminuir las posibilidades de violencia social más grave. Sin embargo, el combate contra la delincuencia y la inseguridad requieren una agenda mucho más compleja y con medidas de plazos y profundidades diversos.

ALGUNAS DIFICULTADES PARA LA SEGURIDAD 

La policía es un instrumento de control del delito. Aumentar su presencia es un elemento disuasivo importante porque disminuye los tiempos de respuesta y aumenta la probabilidad de detención del delincuente. Sin embargo, la institución policial en Chile últimamente ha sido víctima del desprestigio, principalmente por culpa de las acciones de sus propios miembros: corrupción interna, excesos en el uso de la fuerza y abusos a los detenidos. Socialmente, son una fuerza que ha perdido validación y apoyo. El descrédito ha llevado al maltrato y últimamente algunos de sus miembros han sido víctima de violencia. Como institución requiere con urgencia hacer un camino para recuperar autoridad. Para ello es esencial la coherencia entre su comportamiento y misión, y que actúen conforme a lo que se espera de ellos. Pero también hay que sumarle consistencia, es decir un comportamiento sostenido en el tiempo. Así, recuperar la confianza va a demorar mucho tiempo.

Las cárceles son un punto importante en el sistema. En las condiciones actuales, con los niveles de hacinamiento que presentan, es muy difícil que la experiencia de privación de libertad sea reeducativa en sentido positivo. Efectivamente, la privación de libertad es una sanción concreta, en la cual se paga el delito, pero no está resultando una experiencia de rehabilitación social, salvo excepciones muy destacables. Actualmente, la cárcel es un lugar de aprendizaje delictual, donde se fomenta la cohesión criminal, alimentando bandas en su interior que también controlan actividades delictuales fuera de ella. En este punto, el sistema carcelario sigue al debe.

El Poder Judicial presenta deficiencias. Por una parte, está la lentitud para procesar los casos, pero también la elevada tasa de reincidencia delictual que tiene el sistema. Algunos estudios muestran que la mitad de quienes han salido de la cárcel reinciden en un lapso de 3 años. Es necesario revisar los criterios para dar libertades, aprendiendo de los errores que ya son de conocimiento público. Y, por último, recordar que ni los fiscales ni los jueces han estado exentos de la peste de la corrupción.

La desigualdad social afecta. La comparación del estándar de vida, la dificultad o facilidad para salir adelante, la diferencia de salarios, del contexto habitacional que rodea a las familias, de calidad de los colegios, todos son elementos que generan frustración y rabia en los grupos menos favorecidos. En una sociedad competitiva la gente termina agotada y, sin embargo, con pocas probabilidades de progresar. Todo ello es consecuencia, en gran parte, de la enorme segregación territorial que existe en las grandes ciudades, donde se agrupa a poblaciones similares en ingresos y capital cultural, con lo que se petrifican las carencias de generación en generación, retroalimentadas por el entorno social. Cuando la calidad en la salud, la educación, la vivienda y la cultura están amarradas al ingreso, la desesperanza se refuerza inevitablemente. Desespera ver que hacer el camino institucional no permite surgir y —más bien, al contrario— se advierte la prosperidad impune o débilmente castigada de quienes toman el camino tramposo.

Por lo anterior, también dificulta que crezca el capital social a nivel urbano, ya que crece la conciencia de «ellos» y «nosotros» como distintos y enemigos. Surge la idea de que la vida de los «otros» no vale y se merecen cuanto daño podamos inflingirles. La sensación de haber sido víctimas de los «otros» termina racionalizándose como un derecho a la venganza. Esto se ha traducido en linchamientos o funas, reales o virtuales, pero que en el fondo es tomar la justicia en sus propias manos sin regulación. Esa racionalización termina transformando en justo el delito. Estos mecanismos de autotutela también surgen cuando hay un vacío institucional y los mecanismos de resolución de conflictos no se perciben eficaces.

Es necesario que el gobierno convoque a las instituciones involucradas que puedan aportar a la solución.

En esos ambientes, surgen economías ilegales que mafiosamente se imponen por la fuerza. Hemos visto con preocupación cómo ocurre en el comercio ambulante y, con mayor inquietud, que el narco crece impunemente. Durante la pandemia muchos niños y jóvenes, sin posibilidad de ir a clases, fueron presa fácil de reclutar. Este camino ya era atractivo como medio para surgir económicamente con rapidez. El narco teje sus redes como crimen organizado, imponiendo peajes y cuotas de arriendo, amenazando con su poder de fuego, celebrando con balas y bengalas a vista y paciencia de todo el mundo. Todo ello genera una sensación de impotencia, frustración e impunidad en los vecinos honestos y sacrificados.

LA URGENTE COORDINACIÓN DE LARGO PLAZO

Ante todo, hay que desterrar las interpretaciones de la delincuencia como un fenómeno que tiene una causa única. No es un problema solo de desigualdad, ni solo de educación, ni un tema migratorio, ni un asunto de corrupciones institucionales, ni de suprimir armas o poner más policías.

Para una seguridad sustentable en el largo plazo se requiere incluir en las soluciones aquellos lugares que permitan articular los barrios, tales como parroquias, clubes y escuelas, donde se fortalezca el capital social, la seguridad vecinal y los vínculos comunitarios. Es urgente retomar los colegios como un lugar de desarrollo moral, que permita trascender las motivaciones egocéntricas del ser humano; un lugar de desarrollo de la empatía; un lugar que facilite y promueva el intercambio social en que los «otros» se vuelvan confiables y queribles como «nosotros». Será necesario buscar modos de romper la segregación territorial y desvincular la calidad de la salud, la educación, la vivienda y la seguridad, a los niveles de ingresos de cada familia. Finalmente, la seguridad es un asunto de convivencia social que urge reparar.

Es necesario que el gobierno convoque a las instituciones involucradas que puedan aportar a la solución. Primero, para recopilar datos y experiencias que permitan distinguir qué ha funcionado realmente de aquello que fue efecto comunicacional. Segundo, coordinar los organismos involucrados en acciones de corto y largo plazo. Y, tercero, elaborar un consenso con juntas de vecinos, municipios y actores barriales, como iglesias, clubes y escuelas, para empujar una convivencia más sana y segura.

(1) https://es.insightcrime.org/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2021/