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Este tiempo plantea múltiples preguntas. Ignorarlas profundizaría la distancia entre las instituciones y la vida real de las personas. Se requiere una mirada capaz de sostener la complejidad sin renunciar a la responsabilidad ética ni a la posibilidad de la esperanza.
Enero y febrero suelen ser, en Chile, meses de tránsito. El ritmo cotidiano se desacelera, muchas actividades concluyen y otras quedan en suspenso. No es solo tiempo de descanso; es también un tiempo propicio para la evaluación serena y para la preparación de lo que vendrá. Este verano coincide, además, con un momento particularmente significativo para la vida política e institucional del país: el cierre de un gobierno, la instalación progresiva de otro y la persistencia de tensiones que interpelan la calidad de nuestra convivencia democrática. No se trata de abordar exhaustivamente todos los asuntos que marcan la actualidad, sino de detenerse en algunos ámbitos —la política, la justicia, la Iglesia y el escenario internacional— que, aun estando atravesados por crisis profundas y problemas graves, dejan entrever también ciertos signos que abren preguntas de esperanza: gestos republicanos en el traspaso del poder, liderazgos que buscan recomponer confianzas y modos renovados de presencia pública en contextos especialmente frágiles.
En los días que han seguido a su elección, el presidente electo José Antonio Kast ha desplegado una agenda intensa de gestos, nombramientos y declaraciones que buscan delinear el tono de su futuro gobierno y, en estos días, el anuncio de los nombres que formarán el futuro gabinete ministerial. Como suele ocurrir en estos períodos, se combinan señales de continuidad institucional con afirmaciones identitarias propias de un proyecto político claramente situado en la derecha. Más allá de afinidades o distancias, este tiempo inicial invita a preguntarse por el tipo de diálogo que será posible entre el gobierno entrante y una sociedad plural, marcada por demandas sociales persistentes y por una profunda desconfianza hacia la política. La respuesta a esta pregunta no dependerá solo de los primeros anuncios, sino de la capacidad efectiva de reconocer la complejidad del país y de gobernar sin reducirla a consignas o diagnósticos simplificadores.
Al mismo tiempo, el gobierno saliente entra en su fase final. En estos meses se multiplican los balances, los esfuerzos por destacar los avances alcanzados y también las tentaciones de cerrar el ciclo con decisiones orientadas a fijar un determinado relato de la gestión realizada. Corresponde, sin duda, reconocer los aspectos positivos que han existido, pero también admitir desaciertos, promesas incumplidas y evaluaciones que permanecen abiertas. Toda acción de gobierno deja luces y sombras que solo el tiempo y el juicio ciudadano podrán ponderar con mayor distancia. Asumir esa ambivalencia es parte de una cultura política madura y de una comprensión menos defensiva del ejercicio del poder.
En este contexto de balances y proyecciones, los recientes resultados de la encuesta CASEN introducen un elemento que merece ser leído con atención y prudencia. La nueva forma de medición —más exigente en sus criterios y más fina en la identificación de carencias— informa una disminución de la pobreza en Chile, lo que constituye sin duda una buena noticia. Sin embargo, estos datos no deberían conducir a una lectura triunfalista. Persisten brechas profundas en acceso a vivienda, salud, educación, seguridad social y trabajo digno, que afectan de manera particularmente dura a los sectores más vulnerables y a amplias capas de la población migrante. Para el nuevo gobierno, la reducción estadística de la pobreza no puede ser un punto de llegada, sino un punto de partida para una política social integral, que sea capaz de combinar crecimiento, protección social y dignidad efectiva para quienes siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad.
Este período ha estado marcado, además, por conflictos graves en el ámbito de la justicia. La revelación de prácticas de corrupción que involucran a miembros relevantes del Poder Judicial ha golpeado uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La justicia no solo debe ser imparcial; debe también parecerlo. Cuando se resquebraja la confianza en quienes están llamados a resguardar la legalidad, se debilita el tejido mismo de la democracia. En este contexto, el nombramiento de Gloria Ana Chevesich como primera presidenta mujer del máximo tribunal del país constituye un hito republicano que merece ser destacado, no como solución en sí misma, sino como signo de una posible recomposición de legitimidad, siempre que vaya acompañada de reformas estructurales y de una exigencia ética sostenida.
También la Iglesia vive su propio tiempo de prueba y reconfiguración. En medio de una crisis prolongada, se habla con frecuencia de signos de reactivación o de recomposición de la vida eclesial. En Chile, estos procesos no parecen avanzar tanto por estrategias institucionales cuanto por la credibilidad de ciertas figuras pastorales. En ese sentido, ha llamado la atención el rol público del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, cuya disposición a dialogar con la prensa y a abordar temas complejos con claridad y sin ambigüedades ha sido leída por muchos como un cambio de tono necesario. No se trata de personalismos, sino de un modo de ejercer el ministerio episcopal que asume el espacio público como lugar de responsabilidad y de servicio, y no solo como un ámbito del que hay que defenderse.
En el plano de la Iglesia universal, el pontificado del papa León XIV se ha ido configurando, hasta ahora, más por líneas de continuidad que por gestos espectaculares. Se advierte una insistencia en ejes que no son nuevos, pero que adquieren especial densidad en el contexto actual: la denuncia de la guerra como fracaso de la política, la crítica a una economía que excluye y la llamada a una Iglesia más sencilla y sinodal. En esa línea, se ha percibido también una voluntad de dar continuidad al camino abierto por su predecesor, sin apresurarse en grandes definiciones programáticas, pero subrayando que no hay paz sin justicia ni fe creíble sin compromiso efectivo con los más pobres.
El escenario internacional sigue siendo fuente de inquietud. Se cumple un año del nuevo mandato de Donald Trump, cuyo estilo de gobierno continúa tensionando las relaciones internacionales y redefiniendo prioridades, entre ellas, la lucha contra el narcotráfico, abordada desde un enfoque marcadamente securitario y geopolítico. América Latina observa con atención estas estrategias, especialmente cuando se traducen en intervenciones unilaterales que relativizan principios básicos del derecho internacional, como la soberanía de los Estados, la proporcionalidad del uso de la fuerza y la centralidad de las instancias multilaterales.
El caso de Venezuela resulta particularmente elocuente. La combinación de presiones externas, amenazas de intervención y acciones que desatienden los marcos jurídicos internacionales no ha contribuido a mejorar la situación de su población, sino que ha tendido a agravar su fragilidad. En este escenario, un chavismo que continúa gobernando sin resolver las profundas carencias democráticas del país encuentra, paradójicamente, nuevos argumentos para atrincherarse en el poder. Defender a Venezuela hoy no significa legitimar un régimen que ha vulnerado derechos y libertades, pero tampoco significa aceptar que la fuerza o la imposición externa sustituyan los caminos del derecho, la diplomacia y la reconstrucción institucional. Cuando se debilita el Estado de derecho —ya sea desde dentro o desde fuera— quienes terminan pagando el costo son siempre las personas, especialmente las más vulnerables.
Este tiempo de verano, atravesado por cierres y comienzos, deja así múltiples preguntas abiertas. No todas encontrarán respuesta inmediata. Pero ignorarlas —en la política, en la justicia, en la Iglesia o en el escenario global— solo profundizaría la distancia entre las instituciones y la vida real de las personas. Pensar el país y el mundo exige hoy una mirada lúcida, capaz de sostener la complejidad sin renunciar a la responsabilidad ética ni a la posibilidad, siempre frágil, de la esperanza.
Este tiempo de verano, atravesado por cierres y comienzos, deja así múltiples preguntas abiertas. No todas encontrarán respuesta inmediata.
