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La migración nos enfrenta finalmente a una pregunta más profunda que una discusión administrativa. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser.
La migración acompaña la historia humana desde sus orígenes. Los pueblos se desplazan buscando oportunidades, huyendo de guerras, persecuciones, hambre, violencia o crisis institucionales. América Latina misma nació de grandes movimientos humanos: pueblos originarios desplazados violentamente, colonización europea, migraciones sucesivas y múltiples procesos de movilidad que terminaron configurando nuestras identidades nacionales.
Chile no constituye una excepción. Durante la última década nuestro país ha experimentado una transformación demográfica y cultural significativa. Miles de personas provenientes de distintos lugares de América Latina —especialmente de Venezuela, pero también de otros países de la región— han llegado buscando condiciones de vida más dignas, seguridad, estabilidad y futuro. Muchos de ellos han contribuido silenciosamente al desarrollo del país: profesionales de la salud, técnicos, trabajadores, estudiantes, emprendedores, familias completas que intentan reconstruir su vida lejos de su tierra. Basta recordar que una figura tan decisiva para la consolidación intelectual y republicana de Chile como Andrés Bello provino de Venezuela.
Nuestra propia historia debería ayudarnos a mirar este fenómeno con mayor profundidad. Miles de chilenos encontraron acogida en otros países —Venezuela, entre ellos— en tiempos en que la hospitalidad de nuestra patria se había vuelto imposible. La memoria histórica no resuelve automáticamente los problemas actuales, pero sí puede ayudarnos a evitar simplificaciones.
La migración pone hoy a prueba la capacidad de la democracia chilena para sostener, al mismo tiempo, realismo institucional y firmeza ética. Sin lo primero, no se gobierna. Sin lo segundo, la democracia se desfigura. La cuestión no es elegir entre una y otra, sino saber cómo articularlas.
Sería ingenuo desconocer que la migración reciente también ha traído desafíos reales. La expansión del crimen organizado transnacional, la acción de bandas violentas, el ingreso irregular por pasos no habilitados y el aumento de ciertas formas de violencia han generado una legítima preocupación ciudadana.
La seguridad pública constituye una responsabilidad esencial del Estado. Toda sociedad tiene derecho —y deber— de regular adecuadamente sus fronteras, exigir el cumplimiento de la ley y perseguir decididamente a quienes delinquen. No existe contradicción entre defender la dignidad humana y combatir el crimen organizado. Pero, precisamente porque se trata de un asunto complejo, exige evitar respuestas simplificadoras.
Uno de los riesgos más graves aparece cuando comenzamos a identificar automáticamente «migración» con «delincuencia». Cuando la ansiedad social reemplaza la deliberación democrática. Cuando la política comienza a ofrecer soluciones fáciles para problemas difíciles.
La realidad muestra algo más complejo: la inmensa mayoría de quienes migran no llega para delinquir. Llega para trabajar, estudiar, cuidar a sus hijos o, simplemente, intentar vivir con dignidad.
Confundir categorías no solo produce injusticia. También conduce a malas políticas públicas.
La inmensa mayoría de quienes migran no llega para delinquir. Llega para trabajar, estudiar, cuidar a sus hijos o, simplemente, intentar vivir con dignidad.
La discusión migratoria ha mostrado además algo preocupante respecto del estado de nuestra conversación pública.
En los últimos meses hemos visto promesas de gran impacto comunicacional, que luego encuentran enormes dificultades para concretarse. Cuando esas dificultades aparecen, a veces se intenta relativizar lo dicho: hablar de «metáfora» o de «hipérbole» para reinterpretar lo prometido en campaña revela un problema más profundo. Las democracias necesitan palabras responsables.
Cuando el lenguaje político pierde precisión, cuando las propuestas se construyen principalmente sobre emociones o frustraciones ciudadanas legítimas, pero insuficientemente elaboradas, la confianza pública se erosiona. Y cuando la confianza se deteriora, la democracia misma comienza a resentirse.
Los problemas complejos requieren liderazgos políticos serios. Exigen reconocer límites institucionales, capacidades reales del Estado, restricciones jurídicas internacionales y evaluar los costos humanos de las decisiones.
La migración es precisamente uno de esos temas donde la política debe resistir la tentación de la consigna.
No se puede prometer expulsiones masivas si luego existen obstáculos diplomáticos, legales o prácticos que las vuelven inviables. Tampoco basta con discursos exclusivamente humanitarios que ignoren los problemas reales de seguridad y convivencia social.
Gobernar exige algo más difícil: conciliar humanidad y responsabilidad.
La tradición humanista cristiana y la doctrina social de la Iglesia ofrecen aquí un criterio particularmente relevante: la dignidad humana constituye un principio irrenunciable. Toda persona posee una dignidad que no depende de su nacionalidad, de su condición económica, ni de su situación migratoria. Ninguna irregularidad administrativa elimina esa dignidad.
Eso no significa desconocer el legítimo derecho de los Estados a ordenar los flujos migratorios. Tampoco implica desconocer que una comunidad política debe discernir razonablemente a cuántas personas puede integrar, mediante qué mecanismos institucionales y bajo qué condiciones. Esas son preguntas legítimamente políticas.
Pero existen ciertos límites éticos que una democracia no debería traspasar: el respeto irrestricto de los derechos humanos, la protección especial de niños y personas vulnerables, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y el rechazo a toda forma de discriminación arbitraria.
León XIV lo ha recordado, con renovado vigor, en su recién publicada encíclica Magnifica Humanitas: la forma en que una sociedad trata a sus migrantes es un «examen decisivo» que muestra si su idea de justicia se rige por el miedo o por la fraternidad.
La preocupación por la seguridad no puede transformarse en sospecha generalizada. Tampoco la necesaria regulación puede conducir a formas de exclusión incompatibles con una sociedad democrática.
Más que centrar toda la discusión en expulsiones o controles, necesitamos fortalecer caminos razonables de regularización, integración y responsabilidad compartida.
Una política migratoria seria exige control fronterizo eficaz, instituciones robustas, coordinación internacional y combate decidido contra el crimen organizado. Pero exige también integración social, acceso ordenado a derechos básicos y reconocimiento de las trayectorias humanas concretas que existen detrás de cada cifra.
La Iglesia tiene aquí una responsabilidad que no puede abandonar.
No le corresponde ofrecer soluciones técnicas acabadas ni transformarse en actor partidista; pero tampoco debe desconocer los problemas reales que viven las comunidades más expuestas a la inseguridad.
Le corresponde, sí, recordar algo fundamental: ninguna sociedad puede protegerse perdiendo su humanidad.
La tradición cristiana ha insistido persistentemente en la acogida, la hospitalidad y el reconocimiento del extranjero. No como ingenuidad política, sino como exigencia ética.
La Iglesia puede contribuir creando espacios de encuentro, acompañando a personas migrantes vulnerables, promoviendo una conversación pública más serena y recordando que detrás de las categorías políticas hay rostros concretos.
Muchas comunidades cristianas ya realizan silenciosamente esa tarea. También instituciones de inspiración eclesial han desarrollado un trabajo significativo de acompañamiento, orientación jurídica y apoyo social. Ese esfuerzo merece fortalecerse.
Pero la responsabilidad no recae únicamente sobre las iglesias. Las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las autoridades públicas tienen igualmente una tarea decisiva.
El modo en que hablamos configura también el país que construimos.
La migración nos enfrenta finalmente a una pregunta más profunda que una discusión administrativa. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Cómo protegemos la seguridad pública, sin renunciar a principios fundamentales. Cómo construimos cohesión social sin excluir arbitrariamente. Cómo fortalecemos la democracia en tiempos marcados por la polarización, la fragmentación y el miedo.
Nuestro himno nacional conserva una expresión que mantiene toda su fuerza ética: que Chile sea verdaderamente «asilo contra la opresión».
No como consigna ingenua. No ignorando los desafíos reales. No renunciando al orden institucional que toda democracia necesita. Sino como una orientación moral exigente: la de un país capaz de proteger, ordenar, integrar y cuidar sin perder aquello que constituye su mayor riqueza. Porque la manera de tratar a quienes llegan también revela quiénes queremos llegar a ser.
