México: M.I.E.D.O. Medios / Impunidad / Estado / Democracia / Opacidad

Entredicho, miedo, crisis, incertidumbre, muerte, impunidad. Uno, dos, tres, cuatro… la cuenta de periodistas asesinados no se detiene. Se incrementa. Las agresiones no se contienen, menos se disminuyen, aumentan y diversifican en formas, modos y estilos. La incertidumbre campea y se alimenta de una crisis. La impunidad lo oxigena todo. La libertad de expresión en México se tiñe de rojo, pero es combatida con miedo, en medio de amenazas y ataques directos. No se renuncia a ella.

ATAQUES QUE NO CESAN

En su Oficina para México y Centroamérica, la organización de Derechos Humanos “Artículo 19” dio a conocer su informe 2015, que tituló “M.I.E.D.O. Medios / Impunidad / Estado / Democracia / Opacidad”, sobre la violencia contra la prensa en México.

Al presentar su informe en 2016, Darío Ramírez, director de “Artículo 19”, resaltó que “en México el miedo está instalado, en mayor o menor medida, en todas las redacciones de prensa. Y es imposible hacer periodismo responsable, diligente y de interés público con miedo. La impunidad, su aliada férrea, nos recuerda que en México el miedo está fundado en la realidad que vive la prensa en el país y que busca aterrorizar a cualquiera que pretenda ejercer la libertad de expresión”.

A principios de marzo de 2017, “Artículo 19” presentó el informe 2016 “Libertades en Resistencia”, en el que muestra que la situación de la libertad de expresión, los ataques en contra de periodistas no mengua, sino que se incrementa. Coinciden sus afirmaciones con todas las de organizaciones independientes y observadores de la libertad de expresión en México y en el campo internacional, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Reporteros sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House, y la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

MANUEL BUENDÍA: EL PRIMER REFERENTE

En la memoria sobre libertad de expresión y ataques a la prensa, el referente es Manuel Buendía Tellezgirón (1926-1984), periodista y columnista, asesinado el 30 de mayo de 1984. En su libro póstumo Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México, Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011) recuperó la trama del homicidio del autor de la columna “Red Privada”, en la que documentaba sus investigaciones periodísticas y desnudaba las entrañas del poder público. Esa columna era referente obligado no solo en la ciudad de México, sino en todo el país, donde se publicaba en diversos medios locales.

Manuel Buendía no vio los cambios que comenzaron a fraguarse en 1988. Tampoco vio en 2000 la alternancia política, con la derrota del PRI y el ascenso del PAN a la Presidencia de la República. No vio el surgimiento de una izquierda aglutinada en torno al PRD, los triunfos de la oposición en los estados de México, el surgimiento de comisiones de Derechos Humanos ni la transformación de las instituciones electorales. Aunque no vio nada de eso, sí observó y documentó el germen del contubernio del narcotráfico con la política, el que, con la alternancia a comienzos del siglo 21, llevó al Estado mexicano a una “guerra contra el narcotráfico” y al crecimiento exponencial de la violencia, de los asesinatos, de los desaparecidos, del Ejército en las calles de todo el país.

A comienzos de la alternancia, el asesinato de Buendía fue un caso “aislado”, aunque referente de todos los atentados contra la libertad de expresión que siguieron. Hoy es el punto de arranque de la creciente violencia contra periodistas y comunicadores.

EMPRESAS RICAS CON PERIODISTAS POBRES

Como en todos los ámbitos, las tecnologías de la información y la comunicación han incidido y puesto en crisis de cambio al periodismo. La incorporación de tecnologías como Internet y sus diversas aplicaciones, inciden en la producción, distribución y consumo de información periodística. Cambios paradigmáticos en los medios de comunicación, y en la misma comunicación, atraviesan las empresas de comunicación, que para reducir costos optan por “periodistas baratos”, contratando con bajos sueldos a jóvenes egresados de las carreras de periodismo y comunicación, desechan a los periodistas profesionales y experimentados y reducen sus plantillas.

Los gobiernos, el federal y los locales, incrementan sus inversiones en publicidad y generación de contenidos, sin reglas claras, en particular en empresas de televisión y radio. Tan solo en 2015, el gobierno federal gastó más de 9 mil millones de pesos en publicidad gubernamental. En conjunto, las entidades federativas, más de 5 mil millones de pesos en 2013. Empresas ricas y periodistas pobres hacen de los periodistas personas vulnerables.

2017 COMENZÓ SANGRIENTO

El año 2017 arrancó sangriento, confirmando que México se sitúa entre los países de más alto riesgo para periodistas y luchadores sociales. El 2 de marzo de 2017 se confirmó que Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador de El Universal, en Ciudad Altamirano, Guerrero, casi en los límites de Michoacán, fue asesinado mientras esperaba que terminaran de lavar su camioneta. El 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera, director del diario El Político y columnista en el Diario de Xalapa, en el centro de Veracruz, fue asesinado por la mañana en el municipio de Yanga. Cuatro días después, el 23 de marzo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada Miroslava Breach Velducea, colaboradora del diario El Norte de esa ciudad y de La Jornada.

El 14 de abril, por la mañana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció una reunión para los siguientes días con las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión de los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la Subprocuraduría de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR). Sería “un encuentro que permita conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de justicia”. Horas después, al mediodía, acribillaban en La Paz, Baja California Sur, a Maximino Rodríguez Palacios, colaborador del medio Colectivo Pericú. En mes y medio, cuatro periodistas asesinados.

MUERTES Y MÁS MUERTES

“Artículo 19” ha documentado 103 asesinatos de periodistas del año 2000 al 23 de marzo de 2017. Las entidades más “sangrientas” son Veracruz, con 22 homicidios; Tamaulipas y Chihuahua, con 13 cada una; Oaxaca, con 12, y Guerrero, con 10. En Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, dos elementos confluyen: el alto grado de corrupción gubernamental y el narcotráfico. Guerrero y Oaxaca se caracterizan además por luchas sociales magisteriales y por la pobreza.

En años anteriores varios casos resultaron emblemáticos: Regina Martínez, corresponsal de Proceso, fue asesinada el 28 de abril de 2012. Las autoridades atribuyen la causa a un “crimen pasional”. Gregorio Martínez, reportero de Noticias Sur y El Liberal del Sur, fue asesinado el 5 de febrero de 2014, según las autoridades por “diferencias personales”. Rubén Espinosa, fotoperiodista para Proceso, Cuartoscuro y AVC Noticias, fue asesinado en la ciudad de México luego de huir de Veracruz por amenazas gubernamentales. Lo asesinaron junto a tres mujeres el 31 de julio de 2015. Las líneas de investigación de las autoridades vincularon el crimen a robo y consumo de drogas; Anabel Flores, reportera de El Sol de Orizaba, fue asesinada el 9 de febrero de 2016.

Autoridades policiales lo vincularon al crimen organizado. En estos y otros casos investigados por las autoridades judiciales locales y por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, la constante es “desacreditar el vínculo del ejercicio periodístico con el crimen perpetrado en contra de los periodistas”, según “Artículo 19”.

La impunidad en homicidios y en agresiones contra periodistas y medios de comunicación es alarmante. En 2016 la FEADLE inició 129 investigaciones, del total de las 426 agresiones registradas por “Artículo 19” en 2016. Y si se consideran las 2.020 agresiones documentadas contra la prensa entre 2010 y 2016, la FEADLE solo ha iniciado 906 investigaciones, lo que representa el 44,85%, siendo así que en el mismo periodo de seis años, de 798 averiguaciones previas hechas por la FEADLE, solo se dictaron tres sentencias condenatorias contra los agresores.

AUTORIDADES AL MARGEN

Mientras organizaciones civiles, como “Artículo 19”, dan un seguimiento más puntual a la situación de los periodistas y sus medios para ejercer la libertad de expresión, las autoridades permanecen pasivas e ineficaces para conocer lo que sucede y para atenderlo, alimentando más la impunidad. Los registros lo demuestran. Por ejemplo, mientras “Artículo 19” tiene el registro público de 11 asesinatos de periodistas en 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solo tiene dos, y la FEADLE, uno. Y si en 2016 se registraron 426 agresiones en contra de periodistas, la CNDH solo abrió 92 expedientes sobre actos cometidos en perjuicio de comunicadores y comunicadoras, sin que a la fecha se haya emitido alguna recomendación específica sobre esos 92 casos. En años anteriores, la CNDH solo emitió dos “recomendaciones generales”.

¿QUIÉNES? ¿CÓMO? ¿DÓNDE?

De 2013 a 2016 se tienen registradas 1.479 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. El “agresor”, en el 46,9% de los casos son “funcionarios públicos”; en el 21%, “se desconoce”; en el 20%, son “particulares”; en el 6,7%, se identifica al “crimen organizado”, y en el 5,5%, a “partidos políticos”. La situación es más crítica si se observa que en 2016, de las 426 agresiones registradas, el 53,1% correspondió a “servidores públicos”. En 2015 las agresiones de “servidores públicos” en contra de periodistas fueron 165. Un año después, en 2016, esas agresiones se incrementaron en un 37%, para acumular 226.

En cuanto al tipo de “agresiones”, en 2016, las más frecuentes fueron: ataques físicos o materiales (81), intimidación (79), amenazas (76), privación de la libertad (58), hostigamiento y acoso (43). Por tipo de funcionarios públicos agresores, se tiene que de las 226 registradas, 91 fueron servidores del ámbito estatal, 79 de municipios y 56 del gobierno federal. Por tipo de víctima, de las 426 agresiones, 274 fueron hombres y 97 mujeres, y 55 de las agresiones fueron contra algún medio de comunicación o un colectivo social.

Los lugares donde más agreden a periodistas y medios de comunicación fueron: Ciudad de México (71), Oaxaca (60), Veracruz (58), Puebla (28) y Guerrero (26). En las agresiones contra mujeres, se tiene un incremento anual de 2013 a 2016: 59, 63, 84 y 97. En cuanto a la función de los comunicadores agredidos, reporteros y reporteras son el principal foco de ataque, con 184 casos; después los fotoperiodistas (56 casos); siguen los medios de comunicación (46) y directivos (37). Por el tipo de medio de comunicación, quienes trabajan en medios digitales, incluidas las redes sociales, son los más atacados (189 casos en 2016); siguen los medios impresos (103), radioemisoras (54), freelance o independientes (31), televisión (22), agencias informativas (13), periodistas de revistas (10) y “varios o desconocido” el medio donde ejercen su función (4).

El medio de comunicación más agredido en 2016 fue El Piñero de la Cuenca, de Veracruz (15 agresiones). Le sigue Aristegui Noticias (12 agresiones). Destaca después La Jornada (10 casos), Reforma (10), la revista Proceso (7), y el portal Animal Político (6).

Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores, Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, se han convertido en un foco de atención particular, sobre todo desde que por presiones gubernamentales Aristegui fue “rescindida” laboralmente de MVS, cuando con su equipo de colaboradores revelaron en noviembre de 2014 la compra por Angélica Rivera, esposa del Presidente Peña Nieto, de una mansión, la “Casa Blanca”, de 7 millones de dólares, construida a su gusto por el Grupo Giga, vinculado al mandatario desde que este era gobernador en el Estado de México. Desde entonces, Aristegui, ha sido sometida a presiones y acosos judiciales. Ella llevó su caso y el de la situación de la prensa y los periodistas en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el 7 de abril de 2016.

SE DISPARAN LAS AGRESIONES

En los últimos cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación registraron una ligera disminución, año con año: en 2009 (238 agresiones), en 2010 (162), en 2011 (172), y en su último año de gobierno, 207. Con la administración de Enrique Peña Nieto se “dispararon” las agresiones y van en aumento: en 2013, se registraron 330, al año siguiente 326, en 2015 subieron a 397 y en 2016 a 426.

Las agresiones que llegaron al asesinato en 2016 fueron 11: 4 en Oaxaca, 3 en Veracruz, y una en Tabasco, Guerrero, Puebla y Chihuahua. Y 2016 ha sido el año con más asesinatos de periodistas desde el 2000. En 2006, 2008 y 2010 se registraron 10 homicidios cada año.

Teniendo en cuenta cada periodo presidencial, con Vicente Fox (2000-2006) se registraron 22 asesinatos y 5 periodistas desaparecidos. Con Felipe Calderón (2006-2012), 48 asesinatos y 15 desaparecidos. Y con Peña Nieto (2012-2018), en 2016, se registraban ya 27 asesinatos y 3 periodistas desaparecidos.

Y AUMENTA EL ESPIONAJE

A partir de 2015 comenzó en México una nueva modalidad de espionaje: la intervención de medios de comunicación personal. Si en otros tiempos a los periodistas les ponían “cola”, alguien que siguiera sus pasos, el método ahora es “incrustar” sistemas informáticos en sus equipos de comunicación. Uno de los casos más llamativos ha sido el de Rafael Cabrera, del equipo de Aristegui Noticias, a quien han “seguido” para “intervenirlo” digitalmente en sus equipos desde que comenzó el trabajo de investigación de la “Casa Blanca”.

La Red de Defensa de Derechos Digitales, R3D, evidenció que el gobierno federal mexicano y los gobiernos locales del país han adquirido equipos y contratado servicios de espionaje cibernético para intervenir comunicaciones. Con base en documentos filtrados de NSO Group, se evidenció y detalló que el gobierno mexicano gastó más de 15 millones de dólares en software espía. También se comprobó “que de 2013 a 2015 las autoridades facultadas han realizado 3.182 solicitudes de autorización judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. El CISEN, la Policía Federal y la PGR encabezan el número de solicitudes”.

“Libertades en Resistencia”, informe de 2016 de “Artículo 19”, afirma: “Los hallazgos relacionados con el número de averiguaciones previas en las que se haya utilizado una medida de vigilancia y haya derivado en el ejercicio de una acción penal, sugieren que aproximadamente el 90% de las personas que podrían haber sido vigiladas con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez y en una gran mayoría de los casos las autoridades investigadoras utilizan herramientas de vigilancia en contra de personas respecto de las cuales no existe evidencia de que hayan participado en la comisión de un delito”. Todo esto explica el por qué del M.I.E.D.O.

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Fuente: www.envio.org.ni