Carta de los Obispos de Canadá sobre las compañías mineras que operan principalmente en América Latina

Misiva del Presidente de la Conferencia de Obispos de Canadá al Primer ministro Justin Trudeau, sobre las prácticas de empresas mineras canadienses en ultramar. “los Obispos católicos de América Latina han traído a nuestra atención y nos han señalado su profunda preocupación con respecto a la presencia de compañías de extracción canadienses con operaciones en el continente”.

Estimado Primer Ministro,

Leí con interés la noticia de su audiencia con el Papa Francisco en Roma en mayo pasado, durante la cual usted discutió muchos asuntos, incluyendo el impacto de la industria sobre la creación y la humanidad misma. Estos efectos están entre las preocupaciones más cercanas al corazón de la Iglesia católica en el Canadá, particularmente cuando involucran a los pueblos Indígenas.

Recientemente, los Obispos católicos de América Latina han traído a nuestra atención y nos han señalado su profunda preocupación con respecto a la presencia de compañías de extracción canadienses con operaciones en América Latina. Muchas de estas empresas son directamente responsables de una grave degradación ambiental y serias violaciones de los derechos humanos. Es particularmente lamentable que los intereses comerciales de dichas empresas tengan adversas consecuencias directas sobre las poblaciones indígenas, cuyas tierras ancestrales están siendo devastadas y agotadas por las formas de explotación no éticas, injustas e irresponsables.

Este flagrante desprecio por la tierra y la gente que la habita no sería tolerado si las voces de los afectados no fueran silenciadas por aquellos con influencia política cuyos intereses financieros están vinculados a estas operaciones. En Honduras, en Brasil y en otras partes de América Latina, se les ha impedido a individuos y comunidades defender sus tierras, sus aguas y sus medios de subsistencia. Es bien sabido que el control, la extracción, el procesamiento y el comercio de estos recursos financian a los grupos armados, cuya explotación del poder le pone trabas u obstaculiza a las poblaciones vulnerables y, por ende, además, las pone en peligro. Hemos escuchado historias de cómo las amenazas, la violencia, la extorsión e incluso el asesinato se han utilizado para hacer avanzar el progreso de los grandes negocios y de los grandes industriales en detrimento, tanto humano como económico, de los pobres.

Nosotros los canadienses somos (y estamos entre los) privilegiados. No podemos permanecer indiferentes al grito de los pobres ni a las repercusiones de la degradación ambiental en nuestro hogar común. No podemos aceptar la forma poco ética o no ética en que las compañías mineras canadienses han estado operando en América Latina o en otras regiones del mundo, aprovechándose de la ausencia de normativas y regímenes regulatorios eficaces como una razón más para eludir sus responsabilidades éticas.

Depende de todos nosotros —el gobierno, las corporaciones, los inversionistas, las autoridades locales, los trabajadores y los consumidores— cambiar nuestras actitudes y prácticas si queremos vivir en un mundo en el que la creación de riqueza a partir de los frutos de la tierra no nos ciegue al origen y propósito de estos bienes, que es avanzar las condiciones de vida para todos. Como ha señalado muy claramente el Papa Francisco, la ecología natural está estrechamente ligada a la ecología humana, de modo que nuestro tratamiento del mundo natural está inextricablemente ligado a cómo veamos a otros seres humanos, cómo concibamos la conformación moral de la sociedad y cómo nos relacionemos con Dios (cf. Carta encíclica Laudato sí, El cuidado de nuestro hogar común, Ciudad del Vaticano, 2015, no 5 ss.).

El reciente interés de su gobierno por revitalizar la política exterior del Canadá fue el objeto principal de una carta que le envié a la Ministra de Relaciones Exteriores el 29 de junio de 2017, en la que le expresé mi consternación por el discurso de ella ante la Cámara de los Comunes el día 9 de junio de 2017. Las respuestas a mi carta en los medios de comunicación, tanto de la ministra como de la honorable Marie-Calude Bibeau, que recientemente se reunió con el Arzobispo de Sherbrooke, el muy reverendo Luc Cyr, han sugerido una voluntad de parte de su gabinete por profundizar en esta importante conversación con los líderes de la fe.

Lo invitamos a que considere la Carta Abierta firmada por cerca de doscientas organizaciones latinoamericanas e internacionales, en la que se plantean importantes preocupaciones sobre el sector minero global del Canadá. Esta carta, fechada el 25 de abril de 2016, fue enviada hace más de un año y todavía está a la espera de una respuesta. Aquellos que la firmaron, incluyendo a los miembros de la Red Ecuménica de Iglesias y Minería (Red Iglesias y Mineria), esperan un cambio basado en el compromiso que usted, como Primer Ministro, y su gobierno han hecho con miras a la adopción de un marco legislativo que responsabilice y obligue a las agencias y a las empresas estatales a responder por (y dar cuenta de) los abusos relacionados con las operaciones mineras de las empresas mineras canadienses. Las sugerencias de dichas organizaciones incluyen:

— La creación de medios objetivos e imparciales (como un ‘ombudsman’ o defensor del pueblo) para monitorear e investigar las denuncias de abusos en relación con las compañías mineras canadienses en el extranjero;
— el acceso a los tribunales canadienses que les permitan demandar y enjuiciar bajo la ley canadiense a las compañías mineras canadienses que, operando en el extranjero, violen las leyes ambientales y aquellas que garantizan los derechos humanos;
— el fin de la acción del gobierno canadiense, ya sea a través de la ayuda económica, el comercio, la asistencia técnica o la diplomacia, que busque influir en la adopción o modificación de normativas o marcos regulatorios para los proyectos extractivos en los países receptores, y
— un cese absoluto de la búsqueda de acuerdos de libre comercio e inversión que favorezcan a las empresas mineras canadienses por sobre y a costa de las personas y el medio ambiente, en particular el fin de los mecanismos de arbitraje internacional (entre los inversionistas y el Estado) que los inversionistas extranjeros usan para proteger sus inversiones y evadir la regulación o normatividad al respecto y la rendición de cuentas por los abusos perpetrados.

Hace más de dos años, mi predecesor como presidente de la Conferencia de Obispos católicos de Canadá, el Muy Reverendo Paul-André Durocher, Arzobispo de Gatineau, le envió una carta de apoyo al entonces presidente del Consejo Episcopal de la Iglesia (CELAM), como expresión de nuestra solidaridad con su decisión de comparecer ante un tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 19 de marzo de 2015, en Washington DC, sobre las implicaciones éticas y morales de los proyectos extractivos en América Latina. Como una expresión adicional de nuestra solidaridad, estuvo presente en la audiencia del tribunal el Muy Reverendo Donald Bolen, entonces Obispo de Saskatoon y quien aún hoy sigue siendo presidente de la Comisión CCCB para la Justicia y la Paz. Una copia de la carta fue enviada al Ministro de Relaciones Exteriores de la época, el Honorable Rob Nicholson, en la cual el Arzobispo Durocher señalaba cómo nuestra Conferencia se ha sentido preocupada durante algunos años por las conexiones canadienses con las industrias extractivas activas en América Latina.

La Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz, Cáritas Canadá, también ha solicitado repetidamente el acceso a la justicia para las comunidades afectadas por las actividades de las compañías mineras canadienses en ultramar, una llamada que ha sido apoyada por los obispos del Canadá y de la cual ellos han hecho eco. Más de 80 mil canadienses se unieron a “Development and Peace” (“Desarrollo y Paz”) en su campaña de 2013 llamada “Voz por Justicia”, solicitando un defensor del pueblo (u ‘ombudsman’) independiente para el sector extractivo en el extranjero.

¿Cuándo responderá el gobierno de Canadá a estos repetidos llamamientos para mejorar la supervisión de las compañías extractivas canadienses que operan en el extranjero? Espero con interés oír de usted, y le agradezco su atención a nuestras preocupaciones constantes y aún en curso.

Sinceramente,

Douglas Crosby, OMI
Obispo de Hamilton
Presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos.

_________________________
Fuente: www.cpalsocial.org

ARTÍCULOS RELACIONADOS

logo

Suscríbete a Revista Mensaje y accede a todos nuestros contenidos

Shopping cart0
Aún no agregaste productos.
Seguir viendo
0