Colombia: el reto de la construcción de paz

Colombia ha vivido un largo conflicto de más de cincuenta años con grupos insurgentes, un conflicto que prácticamente afectó a todo el país en el momento de mayor intensidad entre 1990 y 2004. En estos años alcanzó un nivel considerado en estándares internacionales como “conflicto armado mayor”, con más de mil combatientes muertos por año, sin contar las víctimas civiles que alcanzaron niveles de más de 5 mil en los peores años. El efecto en la población civil fue muy grande: la población desplazada forzosamente por la violencia superó los 7 millones de personas, y los muertos sumaron más de 230.000 en estos años. Los campesinos, indígenas y afrocolombianos fueron los más afectados por el conflicto armado.

Así como el conflicto fue intenso, también se han dado numerosos esfuerzos de construcción de paz en los últimos treinta años. Estos han implicado una combinación de estrategias de paz como también se ha dado en otros países con conflictos armados persistentes (protacted armed conflicts); dependiendo de las circunstancias, lugares y de la población afectada, se han combinado “peacekeeping (contención), peacemaking (negociación de paz) y peacebuilding (construcción de paz)”. En primer lugar, ha sido necesario contener los efectos devastadores del conflicto sobre la población civil con estrategias de civiles de contención de actores armados y con formas de resistencia civil en medio del conflicto, como fueron las comunidades y territorios de paz. Ejemplos de ello en el Magdalena Medio son el proceso ciudadano por Tiquisio, el acuerdo humanitario de desminado en Micoahumado y otros procesos impulsados por el Programa de Desarrollo y Paz en la zona.

En segundo lugar, también ha sido necesario “hacer la paz” (peacemaking), es decir, promover procesos de negociación que busquen alcanzar acuerdos de paz con los grupos armados. Se han dado varios momentos de negociaciones con grupos alzados en armas: un primer momento, entre 1989 y 1994, que llevó a acuerdos de paz y desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre otros el M-19 y el Ejército de Popular de Liberación (EPL), con alrededor de unos 5 mil guerrilleros desmovilizados. Una segunda fase de negociaciones, que fue fallida, se dio entre 1998 y 2002, durante la administración de Andrés Pastrana, con las FARC y el ELN. Una tercera fase se dio entre 2003 y 2006, con la negociación de la administración Uribe con los grupos paramilitares; sin embargo, parte de estos grupos se reactivaron vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Finalmente, durante la administración del actual presidente Juan Manuel Santos se culminó la negociación con la mayor guerrilla: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, negociación que se extendió entre 2012 y 2016. Recientemente se ha dado inicio a la negociación con el ELN, sin que todavía sean muy claras las perspectivas de la misma.

En tercer lugar, se han dado múltiples iniciativas de lo que tradicionalmente se conoce como construcción de paz (peacebuilding) en los momentos en que se han alcanzado acuerdos de paz con distintos actores armados, lo cual ha implicado no solo procesos de desmovilización, desarme y reintegración de los combatientes, sino también dinámicas de atención a las víctimas del conflicto con estrategias a nivel económico, político y cultural, a lo que se suma la promoción de la reconciliación en una sociedad que ha sufrido profundas heridas y divisiones por la guerra y la violencia.

El acuerdo de paz con las FARC ha tenido dificultades para su aprobación, refrendación e implementación. Luego de una ardua negociación de más de cuatro años, en agosto de 2016 se termina de negociar un acuerdo que incluía temas a nivel de reforma rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas del conflicto y justicia transicional, garantías de seguridad, cese al fuego y de hostilidades y dejación de armas por parte de la guerrilla. Este acuerdo fue refrendado por la X asamblea de la guerrilla en septiembre 2016. Sin embargo, el acuerdo no pasó la votación de la refrendación pública del 2 de octubre, perdiendo por menos de 55.000 votos de un total de 12.800.000 votos. Esto obligó a que el gobierno nacional y la guerrilla renegociaran puntos del acuerdo, buscando integrar puntos planteados por aquellos que se oponían. El 14 de noviembre se firmó un nuevo acuerdo que fue refrendado por el Congreso, donde se están aprobando lentamente las leyes necesarias para su implementación. El cese al fuego se hizo efectivo, con una disminución importante del nivel de violencia, y se avanza en la concentración de las guerrillas para su desmovilización y entrega de armas, que debe culminar hacia agosto de 2017. La polarización del país en torno a la guerra y la paz ha dificultado este proceso de implementación e implica un riesgo, en el sentido que el acuerdo de paz pueda naufragar en medio de un contexto preelectoral muy agitado (hay elecciones de Congreso y Presidente en marzo y mayo de 2018).

La población mira con expectativa y esperanza los avances en la implementación de los acuerdos de paz. Ahora bien, enfrentan muchos retos para alcanzar los beneficios que estos acuerdos les puedan deparar. Por una parte, la persistencia de grupos armados (tanto el ELN que no ha acabado de negociar, como los grupos surgidos de la desmovilización paramilitar) ha implicado una amenaza y presión para las poblaciones rurales ubicadas en los sitios donde estos grupos permanecen, entre otros el Catatumbo, el sur de Bolívar y la costa Pacífica. Por otra parte, todavía hay incertidumbre de cómo operarán los mecanismos para el desarrollo rural, la participación política y los mecanismos de justicia transicional que garanticen el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, incluida la restitución de tierras.

En este contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) trabaja para acompañar a las comunidades que se encuentran en situación vulnerable y con riesgo de ser desplazadas, para fortalecerlas en su capacidad de resiliencia y permanencia en el territorio. Igualmente, apoya a las víctimas del desplazamiento para que tengan claridad de las rutas legales que tienen para el acceso a sus derechos de acuerdo a la política pública existente. Se camina con la gente, buscando que ellos/as puedan empoderarse para que sean actores de construcción de paz en su propio contexto.

* Este artículo fue publicado originalmente por Canadian Jesuit International.

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Fuente: http://es.jrs.net