El Poder Judicial de Costa Rica pone límites a la reforma fiscal

Mientras la huelga llega casi a los 40 días desde que comenzó, la Suprema Corte considera que el proyecto del Gobierno afecta la independencia del Poder Judicial.

Ciudad Nueva

19 octubre, 2018, 12:59 pm
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La Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, también denominada Corte Plena, rechazó el martes 16 de octubre el proyecto de reforma fiscal que impulsa el Gobierno y que es motivo de un conflicto con numerosas organizaciones sindicales desde hace más de un mes. Los jueces sostienen que el proyecto solo podría ser aprobado por los diputados en segundo debate si eliminan cuatro aspectos que atañen a los intereses de los funcionarios judiciales.

Los magistrados decidieron, en una votación de 11 contra 4, que el proyecto afecta la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial. Concretamente, piden que los funcionarios judiciales no sean afectados por las medidas de contención del gasto que incluye el plan fiscal, como la transformación de la anualidad en un monto fijo del salario, así como la reducción de los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición del ejercicio privado de la profesión.

La Corte Plena también rechaza la rectoría del Ministerio de Planificación sobre el Poder Judicial en materia de empleo público; el acatamiento a los lineamientos técnicos del Servicio Civil; y disposiciones de la regla fiscal que puedan afectar el presupuesto asignado a la institución por la Constitución o leyes específicas.

Si se introducen dichos cambios, la Corte daría el visto bueno al proyecto. De lo contrario, el Gobierno debería reunir 38 votos en la Asamblea Legislativa para poder apartarse del criterio de la Corte Plena. El presidente Carlos Alvarado expresó su convicción de que la reforma fiscal no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pero dijo estar dispuesto a alcanzar consensos para continuar el trámite de la iniciativa, porque el país lo requiere con urgencia. El presidente sostuvo que el proyecto fiscal se ha desarrollado mediante la construcción de acuerdos con diferentes sectores del país y con la meta de buscar siempre la satisfacción del interés general. “El Gobierno continuará apoyando el avance de la iniciativa en la Asamblea Legislativa con el fin de contar con los votos necesarios que permitan su aprobación en segundo debate”, agregó.

La decisión de los magistrados obvió una comunicación escrita de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en la que ofrecía una serie de garantías de que el Poder Judicial no perdería su independencia en materia salarial. “En cuanto a la posibilidad de que el proyecto afecte la independencia del Poder Judicial al regular la aplicación de determinados plus, quisiera señalar de manera respetuosa que el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios base”, garantizó la ministra. Aguilar dijo que ante la regulación de algunos plus como la dedicación exclusiva o las anualidades, las autoridades del Poder Judicial podrían sin ningún problema efectuar aumentos salariales. También dijo estar dispuesta a promover una interpretación auténtica del artículo que le otorga al Mideplan la rectoría en materia de evaluación del empleo público, “que garantice absoluta independencia del Poder Judicial en materia de evaluación de desempeño”.

La decisión de los magistrados pone las finanzas públicas en una situación crítica. De no fracasar una vez más la aprobación de una reforma tributaria, el déficit fiscal llegaría en los próximos cuatro años al punto en que el 70% del presupuesto tendría que financiarse con créditos, según ha asegurado la ministra de Hacienda. Ya para 2019, el pago de la deuda representa el 42,6% del total del presupuesto, porcentaje que se divide en un 15,3% para el pago de intereses y un 26,3% para amortización. Para el 2019 el pago de la deuda representa el 41,6% del total del presupuesto. Un 15,3% se va en el pago de intereses y apenas un 26,3% en amortización.

La opción ante este panorama sería un drástico recorte del gasto que podría afectar el empleo público y los programas sociales.

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Fuente: http://ciudadnueva.com.ar

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