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Se estima que se deberán exhumar unos 200 mil cuerpos. El caso más reciente es una fosa común con 50 cuerpos. Entre las víctimas habría también personas con discapacidad.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está permitiendo superar la cortina de silencio sobre las ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante el conflicto. En el marco de los Acuerdos de Paz entre el Estado y la ex guerrilla de las FARC, los militares que se acogen a la JEP pueden tener penas alternativas por los crímenes cometidos, pero deben colaborar en esclarecer los hechos. Desde junio, unos 160 uniformados han colaborado en acreditar cerca de 400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Eso está permitiendo descubrir decenas de fosas comunes donde se han sepultado víctimas de esos delitos. El sábado pasado pudo conocerse el caso de una fosa común en el municipio de Dabeiba, entre Medellín y la costa Caribe. Allí se están buscando los cuerpos de al menos 50 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares entre 2005 y 2007. El Instituto de Medicina Legal recibió de momento información sobre 17 casos. Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, entre ellos habría restos de personas discapacitadas.
Cuando se proyecta a nivel nacional la labor a realizar, según estimaciones de este organismo público, habrá que exhumar alrededor de 200 mil cuerpos sin identificar. Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal, expresó: “En los últimos años hemos hecho una prospección en todos los cementerios legales, digámoslo de alguna manera, y en las inhumaciones que no son legales en estas fosas clandestinas, y creemos que el reto al que nos estamos enfrentando es de más o menos de 200 mil cuerpos, en donde tenemos que buscar los desaparecidos del país”, señaló en Caracol Radio. “El reto es muy grande y tendremos trabajo para muchos años desde el punto de vista científico”, continuó García, quien incidió en la importancia de la implicación del Gobierno para llevar a cabo esa tarea. Para realizar un trabajo tan grande, es clave el aporte de la JEP y la Unidad de Búsqueda, pues eso puede permitir a cientos de miles de familias del país cerrar el duelo.
Entre las ejecuciones extrajudiciales, figuran unos 2.200 casos de asesinatos cometidos por las fuerzas armadas y sucesivamente presentados como el resultado de enfrentamientos armados con guerrilleros. Eso permitía a las unidades del Ejército cumplir con “cuotas” asignadas a cambio de incentivos monetarios y otras compensaciones. Estos así llamados “falsos positivos”, según algunas ONG serían en realidad más de 4 mil casos, la inmensa mayoría durante la presidencia de Álvaro Uribe. El actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió garantizar la protección de los exmilitares que colaboraron con la JEP y cuyo testimonio fue determinante para localizar esta fosa común. Por su parte, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, exigió que el tribunal lleve la investigación “hasta sus últimas consecuencias”.
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Fuente: https://ciudadnueva.com.ar
