El obispo Chomali inicia recordando palabras de los obispos el año 1925: “El Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender al bien del pueblo; a procurar el orden social; a acudir en la ayuda de todos, sin exceptuar a sus adversarios, en los momentos de angustia en que todos suelen, durante las grandes perturbaciones, acordarse de ella y pedirle auxilio”, agregando que ello sigue igual de vigente y “representa en profundidad lo que anima a la Iglesia y el modo como ha de relacionarse con el Estado”.
Recuerda también que la Iglesia reconoce que la autoridad política y el Estado son fundamentales en la sociedad “dado que el hombre, la familia y las organizaciones por sí mismas no pueden lograr su plena realización”, añadiendo que cuando habla del bien del pueblo se refiere al bien común entendido como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección”.
“Si bien es cierto que todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, así como creyentes de diversas religiones han de promover el bien común, y nadie puede abstraerse de ello, es menester reconocer que es la tarea prioritaria del Estado y la razón de ser de la autoridad política”, expresa el arzobispo, resaltando que a quienes ostentan el poder político les corresponde promover y garantizar una organización adecuada de la sociedad y fomentar la unidad de esta. “El bien común exige garantizar algunos aspectos esenciales en la vida de las personas y la sociedad”.
“El primero es el respeto de la persona en cuanto tal, es decir, custodiar su dignidad, asegurarle la protección de su vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural, así como de su vida privada y de su justa libertad, así como del derecho de profesar su fe religiosa”, sostiene Fernando Chomali.
Agrega que también le corresponde garantizar la posibilidad de desarrollarse “de tal forma de mejorar sus condiciones de vida para llevar una vida verdaderamente humana, lo que significa poder formar una familia, disponer de alimento, vestido, salud, educación, trabajo y cultura”. También debería garantizar el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos y el rol fundamental que en esta materia tiene la Iglesia. Finalmente, el obispo señala que sería tarea del Estado el procurar estabilidad y seguridad a la población, así como un orden justo que garantice la paz: “Ello implica velar para que los intereses de cada grupo, que a veces son antagónicos entre sí, se armonicen en justicia y verdad. Tarea no siempre fácil y a la cual no puede abdicar si quiere preservar la paz y el orden social”.
El pastor releva que la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II recuerda que “el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas… y no al contrario”, tiene como base la verdad, se edifica en la justicia y se vivifica en el amor. “Es evidente que lograr el bien común es arduo y requiere del trabajo y del sacrificio de todos. En ese sentido, si bien es cierto que la Iglesia no se identifica con el Estado ni con programa político alguno, coopera en la construcción de una sociedad más fraterna y justa a través de su misión evangelizadora”, afirma el obispo, agregando que en la labor de la Iglesia “es anunciar el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y proclamar la verdad acerca del hombre”, la que realiza a través de su acción pastoral qua abarca su presencia en las parroquias, la educación y en sus múltiples obras sociales. “La Iglesia promueve un mensaje de amor y pretende que los hombres, conociendo a Jesucristo, tengan, mediante la fe en Él, una vida según sus enseñanzas y preceptos”.
Tarea fundamental de la Iglesia en la sociedad sería ayudar a encontrar el sentido de vida, que “al proclamar la verdad acerca del hombre revelada por Jesucristo, Verbo del Dios hecho carne, promueve valores inherentes a tal dignidad, como lo es el respeto por la vida humana, la promoción del matrimonio como fundamento de la familia y el derecho de cada ser humano a ser concebido y llevado en las entrañas por su madre y educado por sus padres”.
También promueve un orden social justo en virtud de la dignidad de la persona humana, afirmando que “desde ese punto de vista está llamada a alertar con claridad y sin ambigüedades de los peligros de una sociedad materialista que pierde el sentido trascendente de la vida del hombre y lo reduce a su condición biológica o a un mero engranaje de la sociedad del que puede disponer sin restricción alguna. La Iglesia no pretende poder político alguno y está más allá de la contingencia. Sin embargo, reconociendo que la sociedad tiene el derecho y el deber de organizarse por sí misma, así como la legítima autonomía del orden temporal, la Iglesia faltaría gravemente a su misión si es indiferente a todo aquello que atenta en contra del hombre. Su voz la alza en cuanto colabora a que en todos los campos de la vida social se tenga presente al hombre y la dignidad que lleva grabada en cuanto imagen y semejanza de Dios”.
Si bien reconoce que la Iglesia promoviendo el Evangelio no se inmiscuye en las labores del Estado “ofrece un precioso servicio a la humanidad dado que está convencida que para conocer al hombre integral hay que conocer a Dios y que Jesucristo le revela al hombre el propio hombre y le hace descubrir la sublimidad de su vocación”.
“Por último, es innegable que la credibilidad del mensaje evangélico es inseparable del testimonio de cada uno de los católicos en sus ámbitos de competencias y seremos los obispos quienes tenemos la mayor responsabilidad en cuanto sucesores de los apóstoles, primeros testigos del Señor y a quienes le dejó la responsabilidad de ser los primeros en anunciar la Buena Nueva hasta el fin de los tiempos”, expresa el Arzobispo de Concepción.
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Fuente: Comunicaciones Concepción, www.iglesia.cl
