Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular

El Pacto Global, de carácter intergubernamental, supone un avance importante en la construcción de un marco que permitirá el desarrollo de políticas públicas y prácticas de gestión de la migración en condiciones de articulación hasta ahora desconocidas, estimulando la cooperación internacional, si bien lamentamos que se trate de un pacto no vinculante.

Valoramos la presencia masiva de países como un signo esperanzador, pero como red Latinoamericana y Caribeña, queremos manifestar nuestra especial preocupación por la ausencia de Chile, República Dominicana y EE.UU. y por el anuncio del gobierno electo de Brasil de retirar el apoyo del pacto[2], lo cual muestra el desinterés de estos Estados por respaldar políticas públicas que favorezcan los derechos de los migrantes y refugiados, así como el desconocimiento de su propia historia y proceso de construcción de identidades nacionales, en los que la movilidad humana ha sido determinante.

Incidimos en algunos elementos que creemos que responden a un enfoque positivo para el futuro de la migración.

— Ha existido un valor en el propio proceso de negociación, que ubicó a la migración en el centro de la agenda internacional, no solo para influir en las políticas públicas, sino para generar espacios de intercambios entre los Estados, los Organismos Internacionales y la Sociedad Civil, incluida la Iglesia católica.
— Es la primera vez que una mayoría de Estados deciden dotarse de un marco con objetivos comunes que aborde la migración de un modo multidimensional, reconociendo la complejidad y globalidad del fenómeno, y asumiéndola como un potencial y un enriquecimiento, a la vez que se pronuncia por evitar discursos negativos, estigmatizadores o criminalizadores. Señala la necesidad de los Estados de entenderse y actuar como países de origen, tránsito y destino.
— Advierte sobre la necesidad de dotar a las personas migrantes de la mayor información posible tanto sobre las alternativas migratorias como sobre los riesgos en el tránsito y en el destino. Si bien lo propone como una responsabilidad del migrante, nosotros entendemos que es un derecho.
— Menciona a algunos de los grupos especialmente vulnerables, las situaciones de menores no acompañados, la separación familiar, incorpora la desigualdad e inequidad de género, la discriminación de minorías étnicas o de grupos afectados por su diversidad sexual e incluye el interés superior del menor.
— Hace referencia a las causas que generan la migración y define como uno de sus objetivos la lucha contra ellas. Incluyendo una referencia expresa a la lucha contra el cambio climático.

Si bien celebramos estos avances, creemos que existen lagunas y enfoques contradictorios:

— Reafirma la soberanía nacional como ente regulador de la migración, no obstante haber reconocido que la materia migratoria no puede ser abordada unilateralmente por ningún Estado[3].
— Prevalece la perspectiva de la seguridad nacional sobre la de derechos humanos[4] al entender la migración principalmente como un problema de seguridad (seguridades nacionales) en lugar de priorizar la propia seguridad de las personas migrantes.
— Establece una “frontera” entre migración y refugio demasiado pronunciada, que cada día calza menos con nuestra realidad compleja y de zonas grises entre refugio y migración, que requieren —como evidenciamos en la región desde hace años y de manera creciente— comprender en el ámbito de la migración forzada un diálogo necesario entre las causas y circunstancias de personas con necesidad de protección internacional y aquellas otras causas y causantes de la migración forzada, que aun estando fuera de los marcos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o la Declaración de Cartagena se mueven por razones de vulnerabilidad extrema.
— No da un reconocimiento mayor a la hospitalidad como cultura y como valor necesario para abordar los fenómenos migratorios.[5] — No conecta la migración irregular con el establecimiento de políticas restrictivas y de prácticas criminalizadoras, ni señala a los propios Estados como operadores de las causas que llevan a las personas a intentar migrar, y hacerlo de “cualquier manera” ante la limitación o ausencia de canales regulares.

Consideramos el Derecho a Migrar como un Derecho Humano que debe ser garantizado por Estados y organismos internacionales a través de políticas efectivas y centradas en las personas. La RJM entiende que el Pacto Global es, con sus limitaciones, un paso significativo que nos sitúa en un nuevo escenario para el reconocimiento del derecho a migrar como derecho habilitante de otros derechos humanos, los de personas que sienten amenazada su vida, o a las que se les imposibilita desarrollarla en condiciones dignas y justas en sus países de origen. Incidiremos tanto en el fortalecimiento y mejora del mismo como en la exigencia de su desarrollo, más allá de su carácter no vinculante.

NOTAS
[1] La RJM LAC, presente en 19 países, es una expresión de la prioridad de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) en torno a la Migración, está integrada por Servicios Jesuitas a Migrantes (SJM) y a Refugiados (JRS), por Centros y Obras sociales, por Universidades y por otras redes educativas, por Medios de Comunicación, Parroquias y por una diversidad de actores comprometidos con las dinámicas vinculadas a la persona migrante y a las comunidades y defensores que los acompañan en el origen, en el tránsito y en el destino de sus caminos de dignidad.
[2] Junto a la desvinculación de un número significativo de países del Pacto: Hungría, Polonia, Austria, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Italia, Suiza y Croacia, Australia e Israel.
[3] Declaración de NY 2016 y en el mismo texto del Pacto.
[4] A pesar de las referencias a los instrumentos internacionales más relevantes en materia de DD.HH.
[5] Si bien los objetivos 16 y 17 asumen tangencialmente este postulado, no se estimulan estrategias ni acciones concretas que lo fomenten desde procesos sociales y educativos.

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Fuente: https://jesuitas.lat