1
Step 1
La nueva formulación contiene aspectos positivos, pero también deudas respecto de las tareas pendientes. Y hay aquí una oportunidad de que seamos solidarios con quienes han llegado hasta nuestro país en busca de protección, esperanza y futuro.
El 6 de julio se dio a conocer la Política Nacional de Migraciones, anhelo pendiente desde la entrada en vigencia de la nueva Ley n°21325 de Migración y Extranjería en febrero de 2022. Este hito es coherente con la urgencia de gestionar flujos migratorios que en la última década han tenido un importante aumento, el que no solo nos tomó por sorpresa como país, sino que se ha instalado como una de las mayores preocupaciones ciudadanas.
La Política Nacional de Migraciones contempla distintos objetivos y enfoques, siendo difícil identificar en su texto un principio claro que se proponga al país en materia de movilidad humana. En su lanzamiento, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la necesidad de lograr una migración ordenada, segura y regular. Sin perjuicio de la importancia de tal objetivo, y faltando aún la posibilidad de acceder en detalle al contenido de la política (ya que se encuentra aún en Contraloría a la espera de la toma de razón) en el resumen ejecutivo que el Gobierno ha difundido se observan ideas que permiten sostener que, si bien hay avances, estos son tímidos en el reconocimiento de la importancia de la regularidad como orientación de la gestión migratoria.
Ofrecemos a continuación una visión a algunos de sus contenidos.
Una medida anunciada, muy positiva, es el refuerzo en la tramitación de solicitudes de permisos de residencia pendientes, pues el rezago de tales solicitudes ha tenido consecuencias dramáticas en los proyectos personales de personas migrantes y refugiadas. La excesiva dilación en la tramitación de visas ha causado un progresivo aumento de acciones judiciales, frente a lo que las Cortes del país han manifestado preocupación. La apuesta por disminuir los tiempos de tramitación, y así dar certeza a miles de ciudadanos extranjeros en su anhelo de regularización, es también el reconocimiento de una sentida deuda en gestión migratoria para con miles de personas que han puesto en Chile su esperanza de construir un mejor futuro.
El proyecto «Plataforma de Empleabilidad para Migrantes» busca vincular la Bolsa Nacional de Empleo, perteneciente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el sistema de solicitud de permisos de residencias (SIMPLE), perteneciente al Servicio Nacional de Migraciones. Las personas con ánimo de residencia en Chile podrán solicitar un permiso de residencia desde el extranjero y, a su vez, por medio del sistema SIMPLE, tendrán la posibilidad de postular a una oferta de empleo formal que haya sido previamente publicada en la Bolsa Nacional de Empleo. El desarrollo buscará priorizar aquellas ofertas no cubiertas por trabajadores nacionales y que son consideradas de difícil cobertura.
La falta de trabajadores ha sido visibilizada por distintos gremios, y si bien este proyecto busca apoyar la atención a esa necesidad, cabe preguntarse por qué no considerar a aquellos trabajadores migrantes que llevan ya un tiempo en Chile y que han estado cubriendo esa brecha en un contexto de altísima vulnerabilidad. Nos referimos a todos aquellos trabajadores en situación migratoria irregular, ya sea por la condición de su ingreso al país o por sanciones vinculadas al hecho de haberse quedado más allá del tiempo que les señala su permiso de residencia. En otras palabras, es necesario que la política logre incluir en su diseño a quienes se encuentran de forma irregular ya viviendo en el país. De no incorporarse a ese grupo de personas y trabajadores, cuesta apreciar un avance contundente en materia de regularización.
También en materia de irregularidad migratoria, se anuncia algo que ya se ha comenzado a implementar: un sistema de empadronamiento biométrico de personas que han ingresado por pasos no habilitados, sistema que a la fecha cuenta con 25.000 personas empadronadas y más de 100.000 registradas para participar del proceso. La ministra Tohá indicó enfáticamente que el empadronamiento no se encuentra vinculado a una futura regularización; sin embargo, de haber cualquier posibilidad de regularización, el empadronamiento será un requisito sine qua non. Saber quiénes son las personas que viven en nuestro país resulta fundamental para el diseño de buenas políticas públicas. Por otra parte, también se trata de una preocupación transversal a nivel país, a raíz de la ocurrencia de varios delitos de connotación pública en las que extranjeros indocumentados han estado involucrados. Es de esperar que una mayor claridad sobre las implicancias del proceso de empadronamiento pueda incentivar una participación masiva que haga realmente efectivo este esfuerzo en pro del cumplimiento de los objetivos enunciados.
También en materia de irregularidad migratoria, se anuncia algo que ya se ha comenzado a implementar: un sistema de empadronamiento biométrico de personas que han ingresado por pasos no habilitados…
Otra de las medidas anunciadas es la firma de un convenio con «InvestChile» que apunta a lograr un canal más expedito para tramitar las residencias de inversionistas y personas altamente calificadas que llegan a Chile por períodos acotados a realizar inversiones o a labores de alta productividad y nivel de calificación. Si bien la búsqueda de capital humano que venga a fomentar el desarrollo es un objetivo plausible, es imposible no vincular las medidas antes mencionadas con esta, en cuanto a que esta iniciativa específica representa un esfuerzo normativo con insuficientes consideraciones humanitarias hacia grupos de migrantes y refugiados más vulnerables.
En relación con la seguridad y el control de fronteras, se contempla ampliar las causales de expulsión y las prohibiciones de ingreso. Un ejemplo concreto de este enfoque es una medida que, si bien no se anuncia en el acápite explícitamente dedicado a esta materia, sí se explica en medidas relativas a la integración (lo que no deja de ser paradójico): se incluyen nuevas sanciones migratorias a faltas y a prácticas que perjudiquen la convivencia. Se crea una nueva causal de rechazo y revocación facultativa de los permisos de residencia temporal, asociada a condenas reiteradas por faltas reguladas en el Código Penal o materias de competencia de los juzgados de policía local. Se indica que el objetivo sería promover el respeto y observancia de estas normas por parte de la población migrante, lo que facilitaría su mejor recepción por parte de las comunidades locales, así como una mejor integración a ellas.
Para todas las organizaciones pro-migrantes y migrantes no es novedad que, tal vez, el mayor desafío en estos tiempos es la de una convivencia armónica entre la que debiera ser la sociedad de acogida (chilenos/as) y los nuevos vecinos y colegas, quienes han traído nuevas costumbres e historias de dolor y esperanza. Es aquí donde nos falta comprender lo que significa la construcción de una sociedad intercultural, donde es deseable un diálogo abierto en el que aprendamos a conocernos y entendernos. Lo anterior implica generar espacios de encuentro, no idear nuevas razones para la expulsión.
Cuestiones destacables dentro de las medidas anunciadas hay muchas. Entre ellas, un especial enfoque a grupos especialmente vulnerables en contextos de movilidad humana, mujeres, niños, niñas, adolescentes y víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes. Las mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar ahora podrán solicitar la visa en tal contexto con una certificación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, sin dejar dicha certificación exclusivamente en competencia de los tribunales y el Ministerio Público. Esto es algo que desde la sociedad civil se ha solicitado, ya que a la fecha la visa de víctimas de violencia intrafamiliar ha tenido un impacto muy acotado, sin servir de forma importante para proteger a la mujer migrante. Es necesario considerar las específicas dinámicas de violencia que ella sufre, debido a que carece de redes específicas y a que muchas veces profundiza su dependencia del agresor porque depende de él para su status migratorio.
Incluir en el futuro protocolo de filiación la realidad de niños, niñas y adolescentes venezolanos y haitianos que no han logrado acceder a documentos de identidad es una buena noticia. Una herramienta de regularización y protección a la infancia ha sido la visa para niños, niñas y adolescentes de la Ley Nº 21.325, pero muchos niños y niñas de dichas nacionalidades se han visto marginados pese a compartir la condición fundamental (ser niños y niñas) dado que los consulados de sus países de nacimiento no dan respuesta a la necesidad de contar con documentación básica y la legalización de tal documentación.
Que se incluya la migración climática da cuenta de una vocación de incluir cuestiones relevantes, que suelen vincularse con el futuro, pero que también se revela como necesidades urgentes.
La ministra del Interior indicaba en el lanzamiento de la política que era su anhelo que las personas migrantes y refugiadas supieran que Chile era un país decente. Hay en la Política Nacional de Migraciones expresiones de esa decencia. Pero en la forma en que esta política se implemente existe una oportunidad de que no solo seamos decentes, sino también solidarios con quienes han llegado hasta nuestro país en busca de protección, esperanza y futuro.
En el Mes de la Solidaridad nos hemos podido preguntar si estamos haciendo lo suficiente en un contexto de profunda crisis humanitaria a nivel regional. Uno nunca sabe si en un futuro puede necesitar de esa misma solidaridad, como la que hace ya cinco décadas varios chilenos experimentaron en países como Venezuela. Sin embargo, más allá de eso, hay en la solidaridad un valor fundamental que, como sociedad, debemos incluir en cómo pensamos y gestionamos la migración y el refugio.
