Revista Mensaje N° 694: «La Constitución como pacto intergeneracional»

Nuestra relación con el pasado requiere lealtad crítica con nuestros esenciales constitucionales. Además, la nueva Constitución debe ser un punto de partida, otro hito en nuestra evolución constitucional, abierta al cambio y perfeccionamiento futuro.

Las constituciones son esencialmente el conjunto de instituciones que posibilitan la convivencia democrática, habilitando a los poderes públicos, sus límites, y reconociendo nuestros derechos. Pueden ser pensadas como pactos intergeneracionales entre los vivos, los muertos y los que están por venir. Así, no son la imposición de la voluntad de los muertos, como tampoco pura contingencia o presentismo; cada generación recibe una herencia, que debe preservar y acrecentar, repudiar lo que ha sido alcanzado por el tiempo o la injusticia, para entregarla en mejores condiciones a la siguiente. Es la construcción de una catedral a lo largo de varios siglos, como diría Nino. O, siguiendo a Dworkin, una novela en cadena, escrita en varios capítulos sucesivos, conectados entre sí, pero dejando abierta la trama, para el desarrollo de la historia y sus protagonistas, en los capítulos siguientes. Así, se trata de una constitución de muchas mentes en el tiempo, de los compromisos, voluntades (y miserias) de muchas generaciones de chilenas y chilenos desde los comienzos de la república.

En este sentido, nuestra relación con el pasado requiere lealtad crítica con nuestros esenciales constitucionales, nuestra “meta-Constitución”, que ha evolucionado en dos siglos de vida republicana: una Constitución escrita, los principios de soberanía popular y el sistema representativo, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la división de poderes, y la independencia judicial. A ello le he llamado escribir desde una hoja en blanco con tinta de doscientos años. Con el futuro, debemos tener una aproximación especialmente sobria; la nueva Constitución debe ser un punto de partida, otro hito en nuestra evolución constitucional, abierta al cambio y perfeccionamiento futuro, y, al igual que ahora, a un procedimiento de reemplazo o revisión total, si la futura generación así lo estima en veinte o treinta años más.

LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE (Y LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS)

Con todo, si es cierto que la evolución constitucional se parece a la redacción de una novela en cadena, en la que cada generación va redactando un nuevo capítulo, sobre la base de los capítulos anteriores, pero incluyendo nuevos protagonistas e historias —y dejando abierta la trama para los capítulos siguientes, como hemos advertido antes, en cuya redacción no participará—, en los próximos dos años deberemos poner especial atención a los desafíos del presente. Quisiera proponer cinco.

En primer lugar, una nueva interpretación, más exigente, de la igual dignidad de cada miembro de la comunidad. Ello apunta especialmente al trato que recíprocamente nos damos como ciudadanos, el rechazo ante la injusticia, los privilegios, la falta de oportunidades y la realización efectiva y permanente de los ideales de la meritocracia y la movilidad social. Es también una demanda por formar parte de una comunidad política de iguales. La búsqueda de una sociedad en la que a cada miembro se le reconozca el legítimo derecho de participar de manera efectiva en la determinación del rumbo común, mediante mecanismos institucionales que incentiven esta participación, en un marco de una sociedad democrática dinámica, que cuente con representantes que actúen de manera eficaz, transparente, responsable y rindan cuenta ante los ciudadanos.

Segundo, la igual consideración y respeto por los más diversos proyectos de vida, con una especial preocupación por la equidad de género. Ello es reflejo de la riqueza y el pluralismo que encontramos al interior de nuestra comunidad, y que tales proyectos de vida tengan la posibilidad de desarrollarse en los más diversos puntos del territorio y no como un proyecto asociado únicamente a centros urbanos limitados y específicos.

En tercer lugar, los imperativos de una sociedad plural, intercultural, abierta al mundo. En los últimos años, nuestra comunidad política ha transitado hacia una sociedad plural desde las más diversas perspectivas; una que reconoce y abraza con respeto a sus pueblos indígenas, sus tradiciones, su cultura y a participar en nuestra vida política de manera activa. Es también una sociedad abierta a la inmigración, al potencial que genera que personas de los más diversos puntos del globo, pero especialmente de nuestro continente, hayan abandonado sus fronteras de origen para integrarse a nuestra comunidad política, trayendo consigo su cultura y costumbres, y su idioma, todo lo cual está llamado a enriquecer nuestra vida colectiva.

En cuarto lugar, un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable, que reconozca un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida y bienestar de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medioambiente, para así no comprometer las expectativas de las generaciones futuras, promoviendo un desarrollo económico y social respetuoso del medioambiente. La investigación y la innovación científica y tecnológica deben aportar a la preservación y mejoramiento de nuestro entorno.

Finalmente, rehabilitar lo político, la política, el concepto mismo de representación, y darle la regla de mayoría. La democracia liberal vive momentos complejos en el mundo. El deterioro de las instituciones fundamentales de la democracia representativa en nuestro país, como el Congreso nacional o los partidos políticos, es un proceso global, aunque, por supuesto, con causas y desafíos de naturaleza interna. Y es que se trata de un supuesto fundamental para legitimar una nueva cultura y práctica política. Como ha sido sostenido entre nosotros el profesor Rodrigo Correa, el verdadero desafío constitucional consistiría en identificar, primero, las prácticas políticas que obstaculizan la legitimación de la política y, segundo, la relación de dichas prácticas con la Constitución. La solución a la crisis, por tanto, más que en la legitimidad del procedimiento de establecimiento de la Nueva Constitución, residiría en adoptar instituciones capaces de engendrar una política legítima. Con todo, este esfuerzo legitimador debe ir acompañado, de manera inteligente y equilibrada, con la incorporación de instituciones y mecanismos de democracia directa que, promoviendo la participación ciudadana en definiciones centrales de la polis, y sin afectar esencialmente el modelo de democracia representativa, potencie este esfuerzo rehabilitador.

NUEVA CONSTITUCIÓN = NUEVO ESTADO

Una nueva Constitución no podrá, por sí sola, enfrentar los múltiples desafíos y necesidades que demanda hoy nuestra comunidad política en los más diversos ámbitos. Ello requerirá de leyes, medidas administrativas, políticas públicas, pero muy especialmente de un Nuevo Estado, uno a la altura de estos desafíos y necesidades de una democracia legitimada.

Se trata de concebir un Estado moderno, eficaz y eficiente, al servicio de las personas, que garantiza mínimos sociales exigentes, y hace uso de la ciencia y tecnología para elevar los estándares de los servicios públicos. Se trata de un Estado comprometido con la justicia social y con la consecución de garantías mínimas sociales exigentes en los más diversos ámbitos del bienestar humano, incluyendo un trato preferente con los más vulnerables, especialmente con nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Se trata, en fin, de un nuevo Estado que utiliza las soluciones tecnológicas y la evidencia científica para mejorar la calidad y excelencia de los servicios públicos.

Este Nuevo Estado debe comenzar en la Nueva Constitución. Las promesas de que en el algún vago futuro retomaremos el proceso de modernización del Estado es un llamado a la pasividad, a la inacción.

Es por eso que, la nueva Constitución, debe incorporar reglas y estándares exigentes a la administración pública en materia de eficacia, eficiencia, coordinación, transparencia, responsabilidad, probidad, entre otros; consagrar el derecho a la buena administración pública; el debido proceso administrativo y todas sus garantías; un principio de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y privado; estándares más exigentes en el ingreso a la función pública, incluyendo la autorización del legislador al Ejecutivo para realizar concursos internacionales para designar autoridades superiores de los servicios públicos; entre otros.

Un nuevo Estado no es una cuestión de eficacia o eficiencia, es un imperativo de equidad, un compromiso real con los más frágiles al interior de nuestra comunidad política. Un compromiso con la justicia. MSJ

_________________________
Fuente: Este artículo es uno de los tres comentarios nacionales de Revista Mensaje de noviembre de 2020.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

logo

Suscríbete a Revista Mensaje y accede a todos nuestros contenidos

Shopping cart
Aún no agregaste productos.
Seguir viendo
0