Revista Mensaje N° 699: «Aristas de un estallido electoral»

El estallido social no fue realmente comprendido por el Gobierno ni la Oposición. Le siguió un estallido institucional alentado por la inacción gubernamental, y ahora vivimos un estallido electoral con vastas implicancias.

Pepe Auth

02 junio, 2021, 4:21 pm
38 mins

Cerramos los ojos y nos resistimos a creer que ocurriría, pero finalmente tuvo lugar el tsunami electoral que ya se había anunciado en octubre pasado con el categórico triunfo del Apruebo y de la Convención íntegramente electa. Al estallido social de octubre de 2019 le siguió el estallido institucional de 2020 y ahora el estallido electoral de 2021, cuyas aristas y eventuales consecuencias intentaremos aquilatar.

Sabíamos que el de la elección de constituyentes sería el peor resultado de la derecha de las últimas tres décadas, pero nos resistimos a creer que podría ponerse tan por debajo del 30% de los votos, aunque el Rechazo en el plebiscito no había llegado siquiera al 22%. La razón fundamental de su resultado está en el error estratégico de haberse autoimpuesto un plebiscito previo, en lugar de acordar directamente la elección de una instancia constituyente para proponerle al país una nueva constitución. Allí fue cuando el Gobierno perdió totalmente el control de la agenda, imponiéndose a sí mismo una derrota estrepitosa previa a la elección más importante de las últimas décadas, que era la elección de convencionales constituyentes. Porque, aunque parte no despreciable de la derecha estuvo por el Apruebo, nadie dudaba que el corazón del Gobierno y de su coalición buscaban la frustración de lo que se había convertido en sentido común nacional: Chile necesita un nuevo texto constitucional para ingresar a una nueva etapa de su desarrollo democrático. Las candidaturas de la derecha entraron a esta elección del 15 y 16 de mayo en la incómoda posición de quienes se jugaron por bloquear el proceso constituyente y ahora pedían el voto para participar de este.

Agréguese a lo anterior que la lista era identificada como la del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que en todas las encuestas tiene el rechazo de más del 75% de las personas y cuenta con menos del 20% de respaldo. Algunos atribuyen relevancia a las decisiones inmediatamente previas a la elección, como el reclamo al Tribunal Constitucional por el tercer retiro previsional. Soy de los que creen más en los efectos acumulados, que terminan decantando desde la incomprensión inicial del fenómeno social iniciado el 18 de octubre en el país a la tardía e insuficiente reacción para abordar la crisis de buena parte de las familias chilenas producida por la pandemia del Covid.

Y, como si lo anterior no bastara, Chile Vamos decidió unirse a los Republicanos en una sola lista, convirtiéndose así de manera inequívoca en la lista del Rechazo. Pensaron que la ventaja en ingeniería electoral de ir unidos era más importante que el abandono de la disputa por el voto del Apruebo que esa decisión implicaba, identidad fortalecida por la obsesión de conseguir un tercio de la Convención y con ello el derecho a veto. Es evidente que el país votó masivamente para que el proceso constituyente no tenga minorías que puedan bloquear los grandes acuerdos nacionales.

Todo indicaba que el Waterloo del Gobierno sería la elección de gobernadores regionales y efectivamente lo fue, pero la de constituyentes tuvo aún un resultado peor y la elección de alcaldes fue inesperadamente catastrófica, pasando a gobernar localmente cincuenta comunas menos y solo a la cuarta parte de los chilenos, en circunstancias de que, en el periodo 2016-2021, Chile Vamos gobernó a más de la mitad de la población.

LOS INDEPENDIENTES Y LA LEGITIMIDAD

Junto a este resultado históricamente bajo de la derecha, el hecho mayor de esta elección es que cuatro de cada diez electores que concurrieron a las urnas votaron por listas de independientes o personas que compitieron como independientes fuera de pacto. Todos los sondeos de opinión entregaban antecedentes de una disposición mayoritaria de la gente a no votar por los partidos políticos. Tanto fue así, que estos habían hecho ingentes esfuerzos por incorporar a sus listas a un contingente numeroso de figuras independientes.

Muchos pensábamos que la legitimidad del proceso constituyente exigía, además de la paridad de género y los escaños reservados para pueblos indígenas, que los partidos políticos no coparan la Convención. Por eso impulsamos —con resistencia de muchos— el cambio de las reglas del juego habitual de las elecciones, permitiendo que personas independientes pudieran unirse en una lista para sumar sus votos y competir así en igualdad de condiciones con las listas de partidos políticos. Sin embargo, como se presentaron 88 listas independientes y 28 candidaturas independientes fuera de pacto, pensábamos que la excesiva dispersión haría que, a pesar de una alta votación en favor de independientes, estos ingresaran en número muy pequeño a la Convención, dañando desde el inicio la legitimidad del proceso.

Sin embargo, la votación independiente superó con creces lo que preveíamos y la dispersión de votos fue mucho menor de lo esperado, por la modificación legislativa que permitió a las listas independientes organizadas nacionalmente (la Lista del Pueblo y la lista de Independientes por la Nueva Constitución) desarrollar una identidad corporativa, indispensable en una elección con tantas personas compitiendo, de manera que mayoritariamente los electores votaran a la lista. Más de la mitad de los votos independientes (57%) se concentró en estas dos listas, que eligieron el 72% de los convencionales independientes. Eso fue clave para conjurar el riesgo de dispersión derivado de la existencia de muchas listas independientes y de partidos pequeños, opciones que se reclamaban, todas, del mundo del Apruebo. En particular, la Lista del Pueblo transmitió un mensaje simple que conectó con el sentido común frente a la elección de constituyentes: la nueva constitución debía ser escrita por el pueblo, no por la élite ni por los partidos que son parte de ella.

La paradoja es que ahora todos estamos sorprendidos del resultado. En todo caso, si nos hubiéramos tomado en serio nuestras propias decisiones, debiéramos haberlo previsto, porque sabíamos que el proceso constituyente no podían hacerlo los partidos en el estado actual de legitimidad y confianza en que se encuentran, y que era indispensable la participación del mundo independiente. Esa fue la razón que nos llevó a cambiar la ley electoral para que excepcionalmente las candidaturas independientes pudieran asociarse y que tuvieran espacio para proyectar su identidad a través de la franja de televisión.

Se buscaba un proceso constituyente de máxima legitimidad con un sistema político que está en el mínimo de confianza y legitimidad ciudadana. La elección de convencionales constituyentes es una buena noticia.

CHILE REPRESENTADO

Contra la crítica interesada de algunos y la desconfianza de otros, la Convención está constituida por igual número de hombres y mujeres, casi sin aplicar el ajuste de paridad posterior a los votos, porque los electores se comportaron de manera paritaria. Para la anécdota, los beneficiados y perjudicados por ese ajuste son tantos hombres como mujeres. Se eligieron once escaños reservados con la participación de más de 280 mil personas de los diversos pueblos indígenas, también con ajuste de paridad, que compensó la falta de hombres entre los elegidos. Y, si consideramos todos los miembros de la Convención, solo un tercio milita en partidos políticos y son muy pocos los que provienen de la política como profesión.

La Convención es un reflejo mucho más representativo del Chile real. Los representantes de regiones son efectivamente personas con raigambre regional y no trasplantadas desde las comunas donde vive la élite santiaguina. Aunque más de un tercio está vinculado al mundo del derecho, hay una variedad de profesiones y oficios representados. Parte importante de los escaños está ocupado por personas con trayectoria en el trabajo territorial en los distintos ámbitos de la vida asociativa, así como la ciencia, la salud y la academia. En fin, la distribución por tramos de edad es también mucho más semejante a la del país, para no hablar del origen educacional o la presencia de activistas de la comunidad LGTB. Cuando muchos esperaban una instancia constituyente muy semejante en todas sus dimensiones al Congreso Nacional, nos encontramos con que la Convención difiere de este en sus principales características. En términos simples, podría decirse que esta elección señala un camino de democratización de la democracia, de ruptura de la ley de hierro de las oligarquías, de irrupción de los de abajo, de los invisibles, de los que nunca más habrá que dejar de tomar en cuenta.

MAYORÍAS DE GEOMETRÍA VARIABLE

Por supuesto, lo anterior genera mucha incertidumbre. Porque el futuro no será simplemente la versión mejorada de nuestro pasado. Seguramente cada representante llega a participar con sus obsesiones y causas predilectas, pero está representada la sociedad entera y nadie tiene por sí solo la posibilidad de bloquear la búsqueda de acuerdos. Imagino que las numerosas disyuntivas del debate constitucional no dividirán a oficialistas y opositores, sino que se configurarán mayorías a geometría variable. Los dos tercios para preservar la autonomía del Banco Central, incorporando seguramente en su estatuto la promoción del crecimiento y el empleo, no estarán conformados por los mismos constituyentes que concurrirán mayoritariamente a establecer el mapudungun como lengua oficial o a establecer en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público.

Las expectativas de un texto constitucional que una a Chile y sea aprobado por amplísima mayoría en el plebiscito de salida son halagüeñas. Lo son, porque los que fueron electos salieron de su zona de confort familiar, laboral o profesional, hicieron campaña durante más de seis meses y se disponen a trabajar durante un año, querrán tener éxito y no volver a sus representados habiendo fracasado en el intento. Tener éxito significa proponer al país un nuevo texto constitucional concordado por, a lo menos, dos tercios de los constituyentes y que tenga opción de ser aprobado por la mayoría del país, en un plebiscito en el que la participación será obligatoria.

LA MENOR VOTACIÓN

La disminución de un millón de votantes desde el plebiscito que abrió paso al proceso constituyente y esta elección requiere un análisis cuidadoso. Con la mitad de la población adulta ya vacunada, las cifras de la pandemia en el momento de esta elección eran muy superiores a las de octubre de 2020, pero difiero en que haya sido el factor principal de la caída de participación. En el plebiscito del 25 de octubre fuimos convocados a optar ente Apruebo/Rechazo iniciar el camino a una nueva constitución y si elegíamos íntegramente la Convención o si la mitad de sus integrantes eran elegidos por el Congreso. Fácil de comunicar y fácil de decidir. El debate se trasladó a todas partes, entró a los hogares y lugares de trabajo, todo el mundo sintió que debía tomar una decisión. En tanto el 15 y 16 de mayo se trataba de cuatro elecciones en una y cada elector debía elegir entre cerca de un centenar de opciones, si consideramos un promedio de más de ochenta candidaturas a concejal y a constituyente, y entre diez a veinte para las alcaldías y gobernaciones regionales. Es cierto que los medios de comunicación jugaron un rol informativo particularmente activo, pero predominó la confusión y la cacofonía de las campañas, limitadas además por las restricciones de la pandemia en lo que se refiere al insustituible contacto directo con las personas. De todos modos, participaron 1,2 millones más de votantes que en las Municipales de 2016, lo que en buena medida explica el gran número de sorpresas en la elección de alcaldes.

A estas alturas, luego de dos elecciones municipales, dos presidenciales/parlamentarias, un plebiscito y esta elección inédita de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, es hora de regresar al carácter obligatorio del acto de votar.

EL IMPACTO DE LAS GOBERNACIONES

La elección de gobernadores regionales tuvo un resultado menos inesperado que la de constituyentes. El Frente Amplio, favorito para llegar primero en la región de Valparaíso, sorprendió superando el 40% requerido para ser electo en primera vuelta, lo que ocurrió también en las regiones de Aysén y Magallanes, donde triunfaron las candidaturas de Unidad Constituyente.

La coalición de centroizquierda, además de elegir dos gobernadores regionales en primera vuelta, competirá el 13 de junio en otras once regiones, en siete de ellas contra la candidatura de Chile Vamos (Arica-Parinacota, Antofagasta, O´Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). En dos competirá con el Frente Amplio (Tarapacá y R.M.). En Atacama lo hará con un exintendente del gobierno de Bachelet, en calidad de independiente, y en la Región del Maule competirá con un candidato independiente, excandidato a diputado en 2017 por el partido Ciudadanos.

Chile Vamos compite solamente en nueve de las dieciséis regiones; en siete con candidaturas de Unidad Constituyente, en la Región de Coquimbo con la única candidata ecologista en competencia y en la Región del Biobío con un independiente que fuera Intendente de Bachelet en el periodo 2014-2018. Sus candidaturas arribaron en primer lugar solo en las regiones de Arica-Parinacota y Los Ríos. En las restantes esa coalición llegó segunda (Coquimbo, O’Higgins, Ñuble) y en algunas bastante lejos de su contendor (Antofagasta, Biobío, Araucanía y Los Lagos).

El escenario para la derecha en la primera elección de gobernadores regionales de nuestra historia es catastrófico, pues podría quedarse sin gobernar ninguna de las dieciséis regiones o en solo dos a tres de ellas, que representan el 7% de la población.

El Frente Amplio tuvo un resonante triunfo en la Región de Valparaíso y sorpresivamente se instaló en segunda vuelta en las regiones de Tarapacá y la Metropolitana, previéndose en ambas una cerrada competencia electoral con las candidaturas de la centroizquierda.

El resultado en la segunda vuelta de gobernadores regionales, como ocurre en medio de la campaña de primarias presidenciales, tendrá un efecto innegable en la proyección presidencial de los diversos sectores en competencia.

La instalación de gobernaciones regionales conducidas por opositores en su gran mayoría o en su totalidad será un golpe muy fuerte para el gobierno del presidente Piñera y el candidato de la actual coalición de gobierno. Porque estas autoridades, desde la legitimidad de sus votos, pujarán activamente para conseguir un gobierno central con el que tengan mayor sintonía.

ALCALDES: ESCASA REELECCIÓN

La elección de alcaldes era considerada como aquella donde el Gobierno y su coalición podían resistir mejor. Porque habían tenido en 2016 el mejor resultado de su historia, gobernaban localmente a más de la mitad de la población con 146 alcaldes y alcaldesas, muchos de ellos intentando reelegirse. Las circunstancias de la pandemia parecían favorecer la reelección de los incumbentes, pues habían manejado muchos recursos e iniciativas relevantes para la gente, adquirido un protagonismo mediático sin precedentes, y enfrentaban a adversarios múltiples con las restricciones que impone la pandemia a la campaña de quien necesita hacerse conocido y dar a conocer sus propuestas para levantarse como alternativa a quien gobierna la comuna.

Definitivamente, no fue así. La tasa de éxito en la reelección fue incluso menor que la habitual, a pesar del límite a la reelección, que sacó de la carrera justamente a los que se presentaban a la cuarta, quinta, sexta o séptima reelección, cuya tasa de éxito es siempre menor. Como efecto combinado del límite a la reelección y de la derrota de un número mayor de alcaldes y alcaldesas, el 60% de las comunas será dirigida por una persona distinta de la que fue electa en 2016, cifra de recambio muy superior al 40% habitual.

Quizás el factor explicativo principal de esta alta tasa de renovación en la conducción comunal, por lo menos en los grandes centros urbanos, es la enorme diferencia de participación respecto de 2016, particularmente del tramo de 18-39 años, mayoritariamente distante de las redes clientelares de los municipios y fuera del foco de las políticas y programas municipales con mayores recursos y dedicación. Fue este electorado joven el que empujó el cambio en Maipú, Valdivia y Santiago, e impidió que la derecha siguiera gobernando en San Bernardo, San Miguel, Viña del Mar, Chillán o Temuco.

Esta es la elección de consolidación del Frente Amplio, que asomó incipiente en 2016 pero ahora instaló una fuerza municipal considerable, al obtener resonantes triunfos en comunas muy importantes, como Maipú, Ñuñoa, Estación Central, Quilicura, San Miguel, Viña del Mar, Quilpué y Valdivia, pasando a gobernar a más del 13% del electorado.

El Partido Comunista reeligió a su abanderado presidencial con una alta votación y obtuvo un triunfo espectacular e inesperado en la comuna de Santiago y ganó Lo Espejo, pero perdió antiguas alcaldías comunistas en La Ligua, Los Vilos y Diego de Almagro.

Unidad Constituyente resistió bien el avance del FA y de los Independientes, manteniendo 129 alcaldías que gobiernan localmente a poco más de un tercio del electorado. Ganó comunas relevantes, como San Bernardo, Rancagua, Chillán y Temuco, que estaban en manos de la derecha.

El principal avance en materia de alcaldes se registró en los Independientes fuera de pacto, que de 60 alcaldías en 2016 pasaron a gobernar 105 comunas, la mayoría de ellas de tamaño intermedio y pequeño. La verdad es que, escudriñando el presente y el pasado reciente de la gran mayoría de estos ediles electos, se constata que solo un puñado podría caracterizarse de veras como independiente sin vínculo con partidos ni bloques políticos. La gran mayoría proviene de partidos de lo que fuera la Concertación, un puñado está vinculado a las nuevas fuerzas de izquierda y poco más de una veintena proviene de los partidos oficialistas. Hubo más de quinientas candidaturas independientes compitiendo por alcaldías, muchas de ellas motivadas por la ausencia de primarias en los bloques políticos, otras por la búsqueda de transversalidad electoral que permite la independencia, y los más, simplemente porque los partidos y bloques ya no representan necesariamente una ventaja de competitividad en la elección.

CONCEJALES: MEDICIÓN DE FUERZAS

La elección de concejales ha sido tradicionalmente aquella donde los partidos políticos miden sus fuerzas, pues es la única en la que compiten todos contra todos, sin restricción y sin hacerse representar por otros en determinados territorios, como ocurre en la de alcaldes y gobernadores. Además, la ausencia casi absoluta de candidaturas independientes permite conocer la conducta de los electores cuando tiene a la vista toda la oferta del sistema político.

Y la verdad es que el resultado difiere con mucho de las otras elecciones, particularmente de la de constituyentes, cuya lectura está enrevesada por el hecho de que cuatro de cada diez votantes prefirieron marcar preferencia fuera de los partidos, para que la Convención no fuera monopolizada por estos.

Aquí el resultado se asemeja mucho más a lo que conocemos. Retrocede la derecha, pero sigue concentrando un tercio de los votos (en 2016 había sumado 39,5% en votos de concejales) con cuatro listas de los partidos de Chile Vamos y la lista del Partido Republicano. Avanza el bloque FA-PC, creciendo el Partido Comunista de 5,5% en 2016 a 9,2% y abriéndose paso el Frente Amplio con una votación casi idéntica. Por su parte, la centroizquierda agrupada en Unidad Constituyente, que presentó tres listas, retrocede de 45% de los votos a un tercio (33,4%), debido a que compiten por su electorado la lista del FA, inexistente en 2016, la de la Federación Regionalista Verde Social (3,3%) y los Ecologistas que, compitiendo solo en el 38% del universo electoral, obtienen 4,2% (11% allí donde compiten).

Aunque parezca inverosímil, el mismo día a la misma hora, con el mismo lápiz en la misma urna, los electores le dieron casi 19 puntos porcentuales más en la elección de concejales que en la de constituyentes a los partidos de centroizquierda agrupados en Unidad Constituyente, 12,5 puntos más a la derecha y 5,7 puntos porcentuales más a la alianza FA-PC-Frevs. Fue así, sin listas independientes y con solo un puñado de candidaturas fuera de pacto, que sumaron solo 1,5% (en la elección de constituyentes concentraron 40% de la votación).

PROYECCIONES ELECTORALES

La elección de alcaldes desde 2004, la primera donde se votó por alcalde y concejal en diferente papeleta de votación, fue un predictor indiscutido del resultado presidencial. Mediaban trece meses entre la elección municipal y la primera vuelta presidencial; ahora solo la separan seis meses. Pero la disputa municipal y presidencial eran binarias: es decir, un bloque político contra otro bloque político, y entonces el que ganaba la elección de alcaldes ganaba luego la elección presidencial, no solo por el efecto de la victoria en el estado de ánimo de las tropas y del electorado, sino también por la instalación de redes locales recién legitimadas por el voto que se constituyen en la fuerza territorial principal de las distintas candidaturas presidenciales. Ello ocurrió en 2004, que anticipó el triunfo de Michelle Bachelet, la elección de alcaldes de 2008 anunció la victoria de Sebastián Piñera en 2009, la de 2012 adelantó el regreso de Bachelet en 2013 y el resonante triunfo de Chile Vamos en 2016 generó las condiciones para el retorno del presidente Piñera y su coalición al poder.

Ahora todo es menos categórico, porque ya no son dos bloques los que compiten, sino más bien cuatro, y quizás cinco si la Lista del Pueblo, animada por su éxito reciente, levanta una candidatura presidencial propia. También, porque la elección de alcaldes no fue la única, pues también está la elección de gobernadores, que en segunda vuelta es de bloque contra bloque, aunque inesperadamente hay cuatro regiones donde la competencia no es entre los que solían disputarse la presidencia de Chile. Y está la elección de constituyentes, que quizás es la que menos claridad nos entrega respecto de la presidencial, porque la lectura se dificulta en vista de que el 40% de los votos prefirió ser representado en la Convención por listas y candidaturas independientes.

Cuánto de lo que ocurrió en esta elección dominada por el ánimo constituyente se convertirá en dato del futuro que viene es la pregunta principal, y si lo que se avecina se parecerá más a la elección de representantes a la Convención o a la elección de concejales, donde los distintos partidos y bloques compiten entre sí por la adhesión popular. Ello dependerá, por supuesto, de las reglas del juego con que se elegirá el próximo Congreso.

Dependerá de si prospera la iniciativa de extender de manera permanente lo que fue considerado por definición provisorio, apropiado para elegir una asamblea de fin único y limitado en el tiempo. Es cierto que el sistema de partidos requiere una reforma radical, probablemente una reingeniería y una simplificación por la vía de estructurar grandes agrupaciones que reduzcan la fragmentación. El sistema electoral alienta la formación de grandes partidos y quizás habría que hacer algunas modificaciones normativas para reforzar ese camino. Permitir que compitan independientes organizados coyunturalmente en listas para participar de una elección determinada sería un golpe severo a la democracia representativa, su gobernabilidad y sus contrapesos. Porque llevaría la fragmentación al extremo, dificultando los acuerdos y debilitando así al legislativo en su relación con el ejecutivo. Es en la dirección inversa que hay que caminar, la de poner mayores exigencias de funcionamiento democrático a los partidos, de trabajo programático, de paridad, de representación de las bases en toda su diversidad, de uso adecuado de los recursos públicos que se les entregan, de condiciones para seguir existiendo, de obtener un respaldo electoral mínimo, etc. Nada de eso se puede hacer cuando no se trata de agrupaciones duraderas, con programa y liderazgo conocido, con funcionamiento democrático en su interior, con posibilidad de tener que rendir cuentas ante su electorado, so pena de ser castigado con los votos a la siguiente elección.

Los resultados de la elección del 15 y 16 de mayo alejan a la derecha en sus posibilidades de competir con opción por el próximo gobierno, que es justamente el que deberá instar al nuevo pacto social que acompañe la nueva constitución y que tendrá que impulsar la adaptación de las leyes al horizonte de derechos sociales y nuevo equilibrio entre mercado, Estado y sociedad, así como la nueva distribución del poder entre regiones y el Estado central, entre el Ejecutivo y Legislativo, entre los dirigentes y los ciudadanos. Un hecho positivo es que, si Chile Vamos quiere competir de verdad por la conducción del país, su candidato seguramente impedirá todo atrincheramiento de su sector e intentará que su propuesta sintonice con los cambios en curso y el nuevo ciclo de profundización democrática que está por iniciarse.

El resultado presidencial no está escrito en la contabilidad de las cuatro elecciones del 15-16 de mayo pasado. Por supuesto, todo nos dice que está condenado al fracaso quien no comprometa al país con un proyecto de cambios sustantivos en la manera de crecer, de organizarse y de relacionarnos, y que no sintonice con la demanda de democratización política, económica, social y cultural. Pero eso no es condición de éxito. Tendrá opción real de ganar quien consiga proyectar gobernabilidad a ese cambio de dirección y logre articular mayorías para hacerlo.

Hubo un estallido social, incomprendido por el Gobierno: lo enfrentó como si se tratara de una conspiración extranjera. Sin embargo, también hubo incomprensión de parte de la Oposición, que lo leyó como si el blanco exclusivo fueran el presidente Piñera y su Gobierno, no el conjunto de la institucionalidad democrática y la élite dirigente. Le siguió un estallido institucional alentado por la inacción gubernamental. Y ahora vivimos un estallido electoral.

“Más democracia” es la única respuesta posible para evitar que las esquirlas dañen la posibilidad de un futuro mejor. Ése es el camino elegido —algunos ingresaron a la rastra, de espaldas— al abrir paso a un proceso constituyente que renovará las reglas del juego que rigen la vida democrática y posibilitarán un nuevo pacto social que permita abordar los tremendos desafíos que tiene Chile por delante. MSJ

_________________________
Fuente: Comentario Nacional publicado en Revista Mensaje N° 699, junio de 2021.

Diputado.