Revista Mensaje N° 699. «El paro en Colombia: Estallido social y represión estatal»

La aparente estabilidad de Colombia se ha visto afectada por una explosión social sin precedentes en su historia. Y es “aparente estabilidad”, porque durante años fue el conflicto con las guerrillas y el narcotráfico lo que ocupó casi por completo los medios de comunicación internacionales, ocultando así la degradación social, ambiental y la violencia sistemática contra la población. El país más desigual de América Latina(1) encubría sus problemas bajo la supuesta estabilidad de sus instituciones, vanagloriándose de ser la democracia más sólida de la región y promoviendo constantemente encuestas internas donde siempre los colombianos aparecen como los más felices del mundo.

La política sistemática de la mentira, el hambre y la miseria, la violencia constante del Estado contra los pobres, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, la desesperanza de miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación ni al trabajo, la destrucción rápida y desmesurada de los ecosistemas, el refuerzo de las políticas neoliberales en medio de la pandemia, en diversos sectores de la población fueron generando un malestar que en algún momento debía estallar, aunque pocos pensaron que sería de tan grandes proporciones.

Durante varios días, en unos seiscientos municipios de Colombia —existen 1.103 en el país—, pese a estar la pandemia en su punto más alto, miles de personas han salido a las calles. Al momento de escribir este artículo, han transcurrido veintitrés días de paro y la represión estatal ha sido tan desmesurada que las garantías a la protesta pacífica y la reforma de la policía se han ido convirtiendo en uno de los clamores principales. Al 18 de mayo se registraban 2.387 casos de violencia policial: 43 manifestantes, en su mayoría menores de 20 años, asesinados presuntamente por la policía, 384 víctimas de violencia física, 1.139 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 472 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 33 víctimas de agresiones oculares,146 casos de disparo de arma de fuego, 18 víctimas de violencia sexual(2).

Más allá de las cifras, preocupan los patrones de comportamiento de la fuerza pública: uso indiscriminado de armas de fuego, acopio de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal contra los manifestantes, lanzamiento de gases lacrimógenos a las viviendas, utilización de gases lacrimógenos vencidos, allanamientos sin orden judicial, disparos al cuerpo y a la cara de los manifestantes, retenciones ilegales bajo la figura de traslado por protección, prácticas de tortura, presencia de agentes de la fuerza pública sin identificación o vestidos de civil en medio de las protestas, cortes del servicio de luz y ráfagas de disparo, censura en las redes sociales, entre otros(3), que revelan una política donde el papel de la fuerza pública es impedir la manifestación. El hecho mismo de protestar parece ser visto como un crimen por parte del actual partido de gobierno, Centro Democrático, en el que milita el presidente Iván Duque.

PROTAGONISTAS Y MOVILIZACIONES

En las protestas estudiantiles, muy inspiradas por la experiencia chilena, que en los últimos años antecedieron a esta gran explosión social, ya se había manifestado este modus operandi del aparato militar del Estado. Pero no han sido solo los estudiantes.

Este gran paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021 no está dirigido por sector alguno. Confluyen diversos actores y una gran pluralidad de demandas. A los estudiantes hay que sumar a jóvenes de sectores populares de distintas ciudades, quienes han salido a la protesta, ocupando el espacio público de sus barrios como centros de resistencia.

Además de los sindicatos de trabajadores y maestros, y del movimiento de mujeres cada vez más organizado, el papel de los indígenas ha sido muy importante. Desde 1991, con la nueva Constitución Política, el movimiento indígena comenzó a organizarse, formando una guardia de unas trece mil personas sin armas, y haciendo movilizaciones para exigir sus derechos. Este sector convocó a otros grupos, como los campesinos, consolidando, a partir de 2001, la “Minga de resistencia”, a la que se fueron uniendo sectores populares y afrodescendientes. Junto a la Minga, está la “Cumbre Agraria étnica y popular”, que surgió desde 2003, como alternativa de defensa de la vida digna en los territorios. La constante del Estado ha sido el incumplimiento de los acuerdos y la degradación de las condiciones de vida.

La defensa de la paz, tras un acuerdo frustrado después de cinco años de negociaciones con las FARC-EP, y luego del triunfo del “no al acuerdo” en un plebiscito manipulado con mentiras por los medios y las élites, generó en 2016 un proceso de movilización de diversos sectores para defender lo acordado. Después de varias modificaciones, la implementación de lo acordado fue muy difícil. La frustración social por este proceso fallido aumentó al llegar al poder, en el 2018, el Centro Democrático, partido que ha logrado que hasta el momento se cumpla muy poco de lo pactado. En lugar de la paz anhelada, hay un retorno a la guerra en los territorios y una normalización de la violencia, fomentada por el mismo Estado. Cada dos días se asesina a un líder social, y durante lo corrido del 2021 van veinticinco masacres, que el Gobierno cínicamente llama “homicidios colectivos”.

Otro acontecimiento que anticipó lo que ha sido este paro fue la protesta en el puerto de Buenaventura en 2017, que durante veintiún días paralizó gran parte del litoral pacífico colombiano y visibilizó, en todo el país, las problemáticas de las comunidades negras, no atendidas por el Gobierno (2010-2018) de Juan Manuel Santos.

Las diversas protestas entre el 21 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2020 justo antes de la pandemia, nos indican que los grandes problemas sociales no vinieron con esta. Todos los reclamos de estas protestas fueron prácticamente iguales a los actuales, y nos muestran ya el vigor y la pluralidad de los actores implicados. A pesar de los reclamos, el Gobierno no cambió sus políticas, sino que abrió una gran mesa de diálogo nacional que no pasó a ser más que un nombre rimbombante.

Las manifestaciones ocurridas en el país del 9 al 21 de septiembre de 2020, y la Minga del Sur Occidente, desplazada a Bogotá y despreciada por el Gobierno, que no quiso recibirla, retomaron el grito contenido por los clamores prepandemia, que ya anticipaban lo que sería este nuevo paro.

Incumplimientos, frustraciones, hambre, desesperanza, en el marco de una pandemia muy mal manejada, produjeron el estallido social, con reclamos y necesidades particulares en cada territorio. El Gobierno se ha preocupado básicamente de estigmatizar la protesta, tratando de reducirla a actos “vandálicos”, lo que ha exacerbado los ánimos y aumentado la violencia.

El contexto de pandemia acentuó y dejó en evidencia los problemas sociales y la violencia política en el país. El Gobierno, en lugar de solventar la precariedad de la ciudadanía, optó por apoyar a bancos y a empresarios. Por otra parte, ha recrudecido el asesinato sistemático de líderes sociales, así como también han aumentado otras acciones de guerra: masacres, desplazamientos y disputas territoriales entre grupos armados.

En definitiva, la profundización de las políticas neoliberales y la política de guerra, que degradan más la poca calidad de vida de la mayoría de los colombianos, son las causas de fondo de las manifestaciones actuales.

PROVOCACIONES

Una serie de provocaciones, resultantes de un gobierno desconectado completamente de las realidades del pueblo, conllevó la salida masiva de colombianos a las calles. La principal provocación fue el proyecto de una nueva reforma tributaria, que pretendía gravar con impuestos la canasta familiar. Lo que en Chile fue el aumento del precio del tiquete del metro, fue en Colombia la reforma tributaria. A esta reforma hay que sumar otros proyectos: reforma a la salud, a las pensiones y al trabajo, que agudizan el modelo neoliberal.

El anuncio de reiniciar la fumigación con glifosato en los campos, la descarada usurpación por parte del ejecutivo de los otros poderes del Estado (el nombramiento de un Fiscal General de bolsillo, la cooptación de todas las dependencias de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría del pueblo), el anuncio de una compra de aviones de guerra por catorce billones de pesos colombianos, entre otras, fueron algunas de las tantas provocaciones que incentivaron las protestas.

POSIBLES DESENLACES

El Gobierno ha conducido al país a una situación límite. Mientras en Chile, después de varios días de protestas, Piñera pidió perdón y las manifestaciones desembocaron en un acuerdo para hacer una nueva Constitución, en Colombia el negacionismo gubernamental y su sordera al clamor popular han exacerbado las luchas.

El estallido social es tan grande y variado que implica concertaciones no solo a nivel nacional, sino sobre todo en cada región. Frente a un Estado siempre centralista, el paro pone sobre el tapete la necesidad de un sistema verdaderamente democrático donde las regiones tengan más autonomía.

El Gobierno, erráticamente, parece promover el caos para tener así un escenario donde su autoritarismo tenga legitimidad, haciendo que las protestas se vayan dilatando, para que en Colombia, como siempre, no ocurra nada, es decir, no haya ningún cambio.

Sin embargo, esta vez, sobre todo los jóvenes, parecen no estar dispuestos a claudicar, y es posible que las élites entiendan que el país es inviable si no se hacen cambios de fondo.

Es probable que este proceso del paro continúe durante todo el mandato de Iván Duque, porque, por primera vez en mucho tiempo, está en juego la posibilidad de abrir el debate de otro modelo de desarrollo para el país.

La fuerza de las manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas, acompañadas de una inmensa creatividad de los jóvenes, que hacen de cada marcha un verdadero carnaval, y de otros espacios como velatones, conciertos, asambleas, derribamiento de estatuas, nuevas maneras de ritualizar y exorcizar las violencias, auguran el surgimiento de un nuevo país, que se irá abriendo paso, a pesar de las reticencias de las élites del poder.

Una nueva ciudadanía activa, no manipulada por grupos armados, ni por movimientos políticos o sindicales, ha despertado en Colombia. Nuevas solidaridades entre los diversos grupos sociales abren paso a una lucha en la que ya no son las demandas particulares las que priman, sino la necesidad de cambiar el modelo.

Crece una consciencia de que la paz y la vida digna son posibles, consciencia popular que necesita, para salir de la crisis actual, de políticos y empresarios que, con generosidad y efectividad, comiencen a escuchar las demandas populares y a resolverlas. MSJ

(1) Según el informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam) de noviembre de 2020, analizando ocho variables (educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género), Colombia es el país de la región con las mayores desigualdades entre sus territorios. Por otro lado, el coeficiente de Gini para Colombia desmejoró, o sea, aumentó la desigualdad, al pasar a 0,517 en 2018 y 0,526 en 2019. Cfr, Boletín técnico pobreza monetaria en Colombia año 2019, Dane, Bogotá, 13 de octubre de 2020. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-monetaria_2019.pdf
(2)Cfr., Informe parcial de Temblores ONG e Indepaz, del 18 de mayo de 2018, no oficial. Hay 152 agresiones denunciadas que no aparecen clasificadas en este informe.
(3) Cfr., informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021, p. 3-4. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-CIDH-VIOLENCIA-POLICIAL-PROTESTA-SOCIAL.pdf

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Fuente: Comentario internacional publicado en Revista Mensaje N° 699, junio de 2021.