Revista Mensaje N° 701. «El voto obligatorio es una necesidad imperiosa»

En las recientes primarias presidenciales del 18 de julio, participaron 3.143.000 ciudadanos, lo que constituyó el volumen histórico más alto en una elección de ese tipo en nuestro país. Superó en 140 mil votantes a la primaria de junio de 2013, que hasta ahora había sido la más concurrida. Sin embargo, aun con ese antecedente, la ida a las urnas se mantuvo en un nivel bajo —20% del electorado—, ratificándose la necesidad de impulsar una mayor participación.

Esto debe hacerse, pues la participación política tiene una serie de efectos virtuosos que favorecen el fortalecimiento y la profundización de la democracia. Por un lado, incentiva un mayor interés y disposición a intervenir en asuntos de interés público. Por otro, refuerza los vínculos asociativos, contribuyendo además a la ampliación de los espacios de deliberación e intervención en la toma de decisiones. De ahí que altas tasas de participación política, convencional y no convencional, refuerzan la legitimidad y el reconocimiento de las instituciones democráticas.

Por encima de estos beneficiosos efectos, diversos factores determinan los grados de participación, así como la disposición individual a intervenir en la esfera pública. Obedecen a situaciones inherentes a la complejidad de las sociedades contemporáneas, como la reducción del tiempo libre, o la sobrecarga de compromisos y obligaciones, junto al exacerbado individualismo arraigado en amplios sectores de la población. A ello se agrega una serie de otros aspectos que derivan de ciertos patrones culturales, como aquellos que tienden a la discriminación y la valoración de soluciones de tipo autoritario.

En el caso particular de la sociedad chilena, los aspectos mencionados se entremezclan con las limitaciones presentadas desde el inicio de la democratización, siendo notorio el debilitamiento de las instituciones representativas, el que se ha agudizado en las dos últimas décadas. Además de generar inestabilidad, la falta de solidez institucional ha reforzado muchos de los comportamientos de desafección y retraimiento de parte importante de la población.

EL DECLIVE

El descenso de la participación electoral ha sido una constante en el transcurso de los últimos trece años, llegando a ser uno de los problemas más severos que enfrenta el sistema democrático chileno. Dicho descenso se ha podido reconocer en sucesivos eventos orientados a la elección de representantes para ambas cámaras del Congreso Nacional, así como de las autoridades del gobierno local, regional y central. En comparación con lo ocurrido entre 1946 y 1973, en donde la tendencia fue hacia el incremento de la participación y del padrón electoral, desde 1988 a la actualidad ha venido ocurriendo el efecto inverso. Tras el plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989 el descenso se expresó en términos de menor inscripción y renovación del padrón electoral, debido al escaso interés que comenzaron a manifestar las generaciones más jóvenes. En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, votó el 84,2% de la población en edad de hacerlo. Veinte años después, en las elecciones de 2009, esa cifra había descendido al 59,2%.

Con la reforma electoral aprobada en enero de 2012, en la que se estableció la inscripción automática y el voto obligatorio, la caída de la participación se hizo estrepitosa. En la elección presidencial y parlamentaria de 2013, había descendido al 49,36%, y en la segunda vuelta de diciembre de ese año, fue de solo 41,9%. En el intertanto, en las elecciones municipales de 2012 y 2016, los niveles de abstención fueron del 60% y 65%, respectivamente. Durante el presente año 2021, en la megaelección de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, realizadas los días 15 y 16 de mayo, la concurrencia fue de 41,5%, casi nueve puntos menos que los resultados del plebiscito del 25 de octubre de 2020 que dio inicio al proceso constituyente. La situación más crítica se produjo el 13 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, realizadas en trece regiones del país, dado que el promedio general de participación llegó solo al 19,6%. Como se puede apreciar, la variación no ha dependido del tipo de elección y ha generado un cuadro de inestabilidad, con aumentos y descensos, independientemente de si se trata de escoger autoridades municipales, parlamentarias o presidenciales.

Lo ocurrido con el voto voluntario corrobora una serie de constataciones de estudios comparados efectuados desde la ciencia política. También reafirmó la advertencia de reconocidas figuras de esa disciplina, como el politólogo holandés Arend Lijphart, quien en 1997 sostuvo que uno de los efectos del voto voluntario era el de segmentar socialmente al electorado. Los ciudadanos de bajos ingresos y con menos niveles de escolaridad registran niveles de participación considerablemente más bajos que los restantes sectores. Así, mientras en las comunas de más altos ingresos de la Región Metropolitana de Santiago la participación en promedio sobrepasa el 60%, en las de bajos ingresos no alcanza el 25%.

El descenso de la concurrencia a las urnas en parte se ha atribuido a la baja competencia entre los principales partidos y bloques políticos, derivada de los efectos que trajo consigo la existencia del binominal. Sin embargo, tras el estreno del sistema proporcional, para las elecciones de 2017, la baja participación tendió a persistir. En tal sentido, se debe considerar el efecto que genera la baja valoración y escasa confianza hacia las instituciones de representación, como los partidos y el Congreso. Asimismo, existe una baja confianza hacia ciertas formas asociativas y de acción colectiva, desplegadas al interior de la sociedad civil. En lo que respecta a los partidos, la baja identificación entre la ciudadanía y estos —y los principales bloques políticos— cae de un 73% registrado en 1990 a un 16% en los dos últimos años.

Por otra parte, el descenso también se ha registrado en ámbitos de la sociedad civil y de la representación de intereses, como ha ocurrido en organizaciones sindicales y federaciones estudiantiles. Así, por ejemplo, en agosto del 2020, las elecciones llevadas a cabo para renovar la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), lograron un 14,33% de participación del universo total. Se trató de uno de los eventos con más baja concurrencia desde la crisis y reorganización experimentada por la FECH entre los años 1993 y 1995. Desde 2012 en adelante, ninguna de las elecciones de la FECH había sobrepasado el 50% de la participación. En otro ámbito, a la última elección de la mesa directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), efectuada a fines de mayo del presente año 2021, concurrió solo el 18% del padrón. De acuerdo con la información proporcionada por diferentes medios de prensa, hubo recriminaciones hacia la directiva saliente y muestras de desconfianza en el proceso, según lo reflejaban los argumentos esgrimidos para justificar la baja participación.

Lo anterior pone en evidencia la situación crítica que atraviesan determinadas formas de representación política, que han sido fundamentales para la elección de quienes ocupan los cargos en el Congreso Nacional y a nivel municipal, así como para el necesario funcionamiento de organizaciones gremiales y grupos de interés en general. Por cierto, el fenómeno de la desafección se puede también reconocer en otro tipo de democracias, europeas y latinoamericanas, aunque en Chile aparece en momentos de estabilidad política y de ausencia de crisis económica.

LAS REFORMAS NO CONVENCIONALES DE PARTICIPACIÓN

A partir de los acontecimientos que tuvieron lugar el año 2011, expresados en el aumento de las movilizaciones y protestas, por temas ambientales, demandas educacionales y de carácter regional, se pudo apreciar la aparición de nuevas formas de apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos. No es casual que, como consecuencia de ese conjunto de acontecimientos, comenzaran a aparecer propuestas de realización de plebiscitos, para resolver situaciones de crisis, y de asamblea constituyente para el cambio de la Constitución. Con más intensidad, ese tipo de prácticas se volvieron a registrar tras el desencadenamiento del llamado estallido social, del 18 de octubre de 2019.

Entre las movilizaciones del 2011 y octubre de 2019, se produjo una validación y reconocimiento de la protesta, y de otros repertorios de acción colectiva, en tanto mecanismos para visibilizar las demandas sociales, sobre temas relacionados con igualdad de oportunidades en el sistema educacional, protección del medio ambiente, crisis hídrica, derechos reproductivos e igualdad de género. Del mismo modo, antes del estallido de octubre de 2019, ya se habían configurado y madurado formas de participación y asociación motivadas por temas de interés local, en especial relacionados con la defensa de territorios, el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

Dentro de las organizaciones y formas asociativas que forman parte de la sociedad civil en nuestro país, siguen siendo más convocantes las relacionadas con temas habitacionales y vecinales. A estas agrupaciones le siguen las deportivas, de adultos mayores, de mujeres, juveniles, culturales, religiosas y relacionadas con emprendimientos económicos. Por otra parte, un sustituto a la forma tradicional de representación y mediación, de parte de los partidos y otras organizaciones de la sociedad civil, han sido las redes sociales que desde inicios de la década anterior demostraron tener enorme capacidad para movilizar a la población, en acciones de protesta, marchas y manifestaciones públicas en general. Las redes sociales también han sido empleadas con fines de tipo electoral, pero no logran aún ser un mecanismo de consulta y deliberación frecuente en la relación entre la ciudadanía y las autoridades.

¿CÓMO REVERTIT LA BAJA PARTICIPACIÓN?

El establecimiento de la obligatoriedad del voto es, sin duda, una necesidad imperiosa y una solución efectiva para revertir el declive en la participación electoral. Lo es también para revertir el problema de la segmentación social del electorado. En una sociedad con altos niveles de desigualdad, como la chilena, el voto voluntario ha tenido un efecto similar a lo que fue en su momento la vigencia de disposiciones de tipo censitarias. A su vez, dejar la participación electoral en manos de la capacidad de movilización de los partidos ha sido una apuesta riesgosa, tomando en cuenta el debilitamiento de muchos de ellos en términos de fragmentación, desnacionalización y fuerte dependencia de sus parlamentarios. El voto obligatorio no solo debe estar acompañado de sanciones, sino también de incentivos. Después de todo, votar es un derecho conquistado, pero también tendría que ser concebido como un deber. En tal sentido, dentro de los incentivos es posible pensar en la participación electoral como requisito para postular a subsidios, o cualquier beneficio y ayuda por parte del Estado.

La obligatoriedad del voto —que hoy se estudia en el Senado—, junto al sistema proporcional, podría intensificar la competencia electoral entre los partidos. Esto, debido a que dicha combinación genera un margen importante de incertidumbre, lo que se traduce en un estímulo para la participación y también para la competencia. Eso sí, conviene advertir que, así como la democracia requiere de incertidumbre, también requiere de certidumbre garantizada con solidez institucional y mayor arraigo del sistema de partidos.

Primordial resulta la administración y la gestión de los procesos electorales por parte del gobierno central y de los organismos competentes. Es fundamental, frente a cualquier evento electoral, informar con frecuencia y de manera oportuna a los ciudadanos, y no dejar esa responsabilidad solo en manos de los partidos y principales bloques políticos en competencia. Asimismo, ha pasado a ser esencial asegurar conectividad y transporte en los días de las elecciones en las localidades apartadas, zonas rurales y extensas áreas urbanas.

La participación no solo debe estar remitida a la elección de representantes, sino que se debiera combinar con formas de democracia directa, tales como plebiscitos, consultas u otras instancias de deliberación local y territorial. La discusión que llevará a cabo al interior de la Convención Constitucional, con miras a la redacción de una nueva Carta Fundamental, debiera contemplar la posibilidad de fomentar nuevas formas de participación, incluyendo iniciativas ciudadanas de ley, plebiscitos y consultas, que no solo sean convocados por las autoridades para resolver temas de interés público, sino también por la ciudadanía. Asimismo, y tal como ya ocurrió en 2016, el funcionamiento de la Convención debiera servir de estímulo para promover formas de participación en cabildos u otros espacios en los cuales, tanto individuos como grupos organizados, puedan dar a conocer sus puntos de vista. MSJ

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Fuente: Artículo publicado en Revista Mensaje N° 701, agosto de 2021