El 6 de enero comenzarán los debates en las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional. Tras más de cinco meses de funcionamiento —se inició el pasado 4 de julio—, ya se observan con claridad varios de los nudos de las discusiones dirigidas a redactar las propuestas, según el cronograma aprobado. Este ya fue definido, etapa tras etapa, ajustado a las exigencias de los plazos constitucionales. La calendarización de las tareas, según ratificó públicamente su presidenta, Elisa Loncon, apunta a que el 5 de julio de 2022 se presentará al país el texto final de la nueva constitución.

Así, desde comienzos del próximo mes, los 154 constituyentes deberán principalmente abordar los puntos señalados de manera específica en el reglamento de la Convención para cada una de las comisiones. En ese temario se puntualiza más de un centenar de temas a tratar, en los que se detectan los ítems críticos del debate. Estos podrán adquirir mayor o menor realce, según sean abordados para obtener los acuerdos de dos tercios que se exigen para el articulado constitucional.

Todavía no se han iniciado los intercambios formales de opinión, pues las sesiones se han destinado básicamente a escuchar a centenares de personas y organizaciones que han pedido audiencia: de hecho, solo la comisión sobre sistema político ha destinado tiempo oficial a que cada integrante dé a conocer sus opiniones sobre los temas. Sin embargo, las veinte semanas de interacción han permitido a los convencionales confirmar o modificar sus percepciones acerca de si los conocidos posicionamientos políticos o doctrinarios representan cercanía, distancia, acuerdo o confrontación en las posturas. Todo esto, por cierto, es aún un terreno en exploración, en un escenario de infinidad de materias.

Sobre los derechos y su resguardo

Una temática que ha tenido relevancia desde el inicio del debate constitucional es la de los derechos sociales. Está radicada en la Comisión sobre Derechos Fundamentales, en la cual se espera que los debates más complejos se den en el derecho a la “Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales”, los “derechos sexuales y reproductivos”, el “derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio” o el derecho a la propiedad, entre otros.

A juicio de Benito Baranda (Independientes No Neutrales), en el centro se encuentra la discusión sobre el rol del Estado, respecto del cual una mayoría de la Convención “espera un rol no subsidiario, sino que más activo”. Cuestión central es cómo puede plantearse su exigibilidad, es decir, cómo pueden ser garantizados en la práctica. Para esto se visualizan distintos mecanismos, que han sido esbozados durante la treintena de audiencias que ha habido: se puede habilitar vías para que se recurra a la justicia, o bien se puede establecer un “Defensor del Pueblo” como intermediario que accione ante el poder público o la justicia y fije plazo de cumplimiento. “Implica que el Estado debe contar con recursos y capacidad para organizar manera gradual el acceso a esos derechos”, indica Baranda, quien advierte que se debe tener a la vista casos como el de Colombia, “donde específicamente el derecho a la salud no ha funcionado adecuadamente, pues principalmente lo han aprovechado personas con recursos suficientes para acceder a abogados y eso está reventando el sistema de salud”

Derecho de propiedad

La convencional Rocío Cantuarias (independiente, Evópoli) agrega que “será problemática la consagración del derecho de propiedad, en la forma como se haga su redacción. Están el tema del límite de la función social y el de cómo se establece la expropiación. Otro es el derecho preferente de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos: hemos tenido una frustración porque se rechazó nuestra propuesta de establecerlo dentro de los derechos básicos”. La misma convencional señala que en la base de estos debates están las opciones de poner en el centro al individuo o de priorizar el Estado. “En el debate se verá que quienes tienen una concepción socialista propondrán habilitar que el Estado planifique y tenga medios de producción, y así me parece que el derecho a propiedad, en esa perspectiva, se va a relativizar en la Constitución”, apunta.

En ese marco, mientras algunos pedirán que la posibilidad de la expropiación quede normada en la Constitución, otros buscarán que la expropiación no sea una norma constitucional, sino que sea materia de una legislación posterior. Adicionalmente, en la comisión hay posturas diferentes acerca de cuántos derechos deben consagrarse constitucionalmente, existiendo posturas en favor de una nómina extensa y otras en pro de otra más restrictiva. La mayoría de los convencionales adscribe a las primeras.

Autonomía de organismos

Donde se reconoce un buen nivel de acuerdo es en las materias de la Comisión sobre Sistemas de Justicia y Órganos autónomos. A juicio tanto de Christian Viera (Lista del Apruebo) como de Luis Mayol (RN), hay transformaciones en la orgánica constitucional con alto consenso, pues se afirma la función jurisdiccional de los órganos y, si hay modificaciones importantes, serán para afirmar la independencia y/o autonomía de algunos órganos, como la Corte Suprema, el Banco Central, etc., y para fortalecer las del Ministerio Público, Servicio Electoral, Defensoría Penal Pública.

Poder Judicial

Existe también alto nivel de acogida a la idea de resguardar la independencia de la organización interna de las instituciones relevantes y de los organismos de control. Igualmente, se apoya la idea de un autónomo Consejo Nacional de la Magistratura, para el nombramiento y remoción de jueces y fiscales, en línea con lo que han planteado tanto el presidente de la Corte Suprema como la Asociación de Magistrados.

Mayol recuerda que desde los pueblos originarios se ha expresado con cierta fuerza la aspiración a contar con una jurisdicción paralela a la del Estado de Chile, “lo que será un nudo complicado de abordar porque es extraordinariamente difícil de implementar”.

Banco Central y Tribunal Constitucional

Respecto del Banco Central, si bien hay acuerdo en mantener su autonomía, hay quienes plantean —como Christian Viera o Fernando Atria— que a los integrantes de su Consejo sí se les pudiera acusar constitucionalmente. Se señala que así se podría tener cierto control democrático de esa instancias, mientras otros convencionales —entre ellos, Marcela Cubillos (UDI), Maximiliano Hurtado (PS)— argumentan que eso puede ser una amenaza a la valorada independencia. Ricardo Montero (PS) reconoce que será un debate complejo.

Materias relevantes de debate podrán ser también el Tribunal Constitucional  —al parecer, un número significativo de convencionales quisiera suprimirlo—, cuya tarea de control constitucional podría ser asumida por una sala especializada de la Corte Suprema, o la manera en que se nombran los fiscales del Ministerio Público.

Derechos culturales

La comisión número 7, Sistemas de Conocimiento, Ciencia Tecnología, Cultura y Arte, contempla abordar mecanismos para la aplicabilidad de determinados derechos fundamentales, cuestión respecto de la cual no hay seguridad de que haya consensos. En palabras de Ignacio Achurra (Convergencia Social), “probablemente habrá reticencia de parte de algunos para crear instancias formales que resguarden derechos fundamentales en materia de cultura, que bien podrían estar a cargo de nuevas instituciones públicas, probablemente en los mismos gobiernos regionales”.

El convencional advierte que hay quienes no han manifestado interés en avanzar en esa línea. “Sin embargo, soy gran partidario, por ejemplo, de crear un Instituto de Bioética y además una especie de Defensoría del Pueblo que apunte a resguardar a las personas de los efectos que para sus derechos personales pueda significar el desarrollo tecnológico. Se requiere un catálogo de derechos en referencia al mundo digital, la información, la inteligencia artificial, e incluso las libertades de expresión u opinión”, agrega.

CLAVES PARA EL SISTEMA POLÍTICO

La única comisión que ha abierto un espacio para contrastar opiniones de sus integrantes, acerca de uno de los temas que debe trabajar, ha sido hasta el momento la dedicada al “Sistema político, gobierno, Poder Legislativo y sistema electoral”. Se realizó tras haber tenido setenta audiencias con expertos y personas interesadas en opinar. En ella participaron veinticinco convencionales, verificándose, en juicio transversal, un buen espíritu de diálogo.

Ha habido voces favorables a proponer un presidencialismo atenuado, en el que el Presidente ceda algunas posibilidades de iniciativa legislativa. Así lo plantearon diez de los convencionales de la comisión, en un arco político muy amplio. Otros ocho —también desde la derecha a la izquierda— ya se han manifestado en favor de un sistema parlamentario. Y ha habido un par que han defendido la idea del semipresidencialismo.

En ese marco, sin perjuicio de que hay varios partidarios de un sistema unicameral, se ha hablado de la opción de establecer un sistema bicameral, pero con cámaras asimétricas, con roles diferentes. Tiene aceptación la idea de reforzar un carácter eminentemente político y deliberativo de la Cámara de Diputados, y otorgar al Senado un carácter de mayor identificación con las regiones, al que se le asignarían funciones específicas en la revisión de leyes.

Según el presidente de la Comisión, Ricardo Montero (PS) tendrá importancia involucrarse en una reforma a los partidos políticos, para que estos actúen con mayor transparencia y sean exigidos más en materia de probidad. Se hace posible, en ese sentido, que algún organismo, como el Tribunal Calificador de Elecciones, asuma roles claros en la verificación de los procesos electorales internos de los partidos, así como en la certificación de sus padrones.

Montero expresa que “ha quedado en evidencia nuevamente que la discusión sobre régimen político no es una discusión que se dé en un eje izquierda-derecha. Se pueden encontrar distintas posturas en los distintos sectores políticos. Y diría lo mismo en relación con la opción por tener un Congreso con una o dos cámaras”.

La misma opinión expresa Patricia Politzer (Independientes No Neutrales): “Esta ha sido una comisión con muy buenas condiciones de diálogo y hemos visto que las opiniones sobre sistema político no tienen color político, y en todos los sectores hay partidarios del presidencialismo, el semipresidencialismo o el parlamentarismo; hemos tenido una conversación muy poco cargada políticamente, al menos en esta etapa. El eje de nuestra labor ha sido observar la distribución del poder, buscando asumir las tareas tanto de representación política como de gobernanza, y teniendo a la vista que el multipartidismo no debe representar una fragmentación que impida la gobernabilidad”.

En tanto, Cristián Monckeberg (RN) expresa que en los integrantes de la comisión se ha observado conciencia en cuanto a que la tarea es afrontar el déficit del sistema político actual, déficit que en gran medida radica en su rigidez para responder a las dinámicas exigencias de la sociedad. “Tenemos un Presidente elegido por votación popular que no cuenta con respaldo de un Congreso que está atomizado. Vemos cómo el próximo mandatario no va a tener facilidad para aprobar ni siquiera leyes de quórum simple, al estar empatado el Senado. Queremos lograr que el sistema se flexibilice. Favoreciendo la conformación de mayorías… En este marco, en todo caso, creo que la tradición de nuestro país hace más viable un sistema en el que el Presidente sea elegido directamente por la gente, sin perjuicio de que a este se le otorguen atribuciones distintas a las actuales”. MSJ

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Fuente: Artículo publicado en Revista Mensaje N° 705, diciembre de 2021.