Pocas veces he visto a tantas tan entusiasmadas con un presidente electo. Una corriente de simpatía y encantamiento recorre a las mujeres jóvenes que ven con el orgullo de un triunfo propio el logro de Gabriel Boric, y depositan en él y en sus colaboradores principales —Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Izkia Siches, Karol Cariola— una esperanza nueva ante la cual es difícil quedar indiferentes.

Su aplastante triunfo electoral el pasado 19 de diciembre ratificó el hecho de que el país quiere entrar de lleno en un nuevo ciclo político. Nuevo, sí, porque se trata de una nueva generación que quiere recuperar un rol del Estado en la provisión de servicios sociales y en la estrategia de desarrollo, profundizar las conquistas culturales de los últimos años, saldar las desigualdades y renovar un sentido de comunidad solidaria que reconozca y aprecie las diferencias regionales, sociales, étnicas, de género y sexuales. Nuevo ciclo también, porque este proceso se da en el contexto del cambio constitucional y, aunque todavía no hay certeza acerca de la dirección que este tomará, lo más probable es que ambas instancias —gobierno y convención— avancen en direcciones paralelas con un norte común.

A mi entender, el desafío del presidente Boric y de Apruebo Dignidad es convertir el triunfo electoral, obtenido en gran medida gracias a la ampliación de su base política, la movilización electoral de miles y las virtudes personales del presidente electo, en un modelo efectivo de gobernabilidad de mediano y largo plazo, sustentado en la fortaleza de las instituciones democráticas que emergerán de la nueva Constitución, y en la capacidad de dar respuesta a las demandas y frustraciones sociales. Tan importante como llegar a La Moneda es cómo se sale de ella; en ese sentido, la tarea de Boric excede con mucho los cuatro años de su gobierno.

A pesar de los ánimos transformadores, dadas las dificultades que impone la realidad, el del presidente Boric, será un gobierno expuesto a muchos límites, que podrá avanzar solo “en la medida de lo posible”.

EJERCER LAS ATRIBUCIONES PRESIDENCIALES

El debate sobre la importancia o profundidad del giro que protagonizó en segunda vuelta el candidato Boric, y que le permitió pasar de un débil 25% al arrollador 55% de los votos, refleja la incomodidad de sectores de la coalición con el giro de moderación que asumió el presidente electo. Esas contradicciones de Apruebo Dignidad, que asumirá prontamente el gobierno, también se han expresado en la Convención Constitucional y generan un cuadro de razonable duda sobre la capacidad de la coalición de ofrecer un gobierno estable y coherente. Es clave, en este sentido, que el Presidente ejerza todas sus atribuciones sin delegar en comités de partidos u otras instancias que traen pésimos recuerdos. Insistir en las ideas y en el tono de la primera vuelta es olvidar que el 75% de los chilenos y chilenas que votaron, no lo hicieron por ese programa.

Por cierto, se espera del gobierno de Gabriel Boric el impulso a grandes transformaciones sociales, económicas y políticas. El triunfo de la segunda vuelta muestra que la disputa actual en la sociedad chilena no es solo ni fundamentalmente partidista o de bloques, sino que es por renovar el sentido común, por la manera en que queremos construir comunidad, desarrollar nuestras relaciones con los otros, con el medio ambiente, con las regiones y con el Estado.

Por ello será imperativo no solo un plan de gobierno consistente con las expectativas ciudadanas y los límites objetivos que impone una economía de bajo o nulo crecimiento, sino también una convergencia con las disposiciones de la Convención Constitucional que faciliten la posibilidad de gobernar el país con éxito.

La Convención, en su segundo semestre, pondrá a prueba la metodología y normas aprobadas bajo la dirección de Elisa Loncon y Jaime Bassa, las que deberán ser suficientes para que en los cortos meses que le quedan sea capaz de producir un texto de amplio consenso basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y que permita una efectiva redistribución del poder hacia las regiones, un reconocimiento con consecuencias a los pueblos originarios, una afirmación de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía de las instituciones destinadas a dar garantías a todos los chilenos, un aseguramiento de los derechos políticos, sociales y culturales —entre ellos, la libertad de expresión y de prensa—, un contexto que fortalezca la iniciativa y el desarrollo económico con respeto al medio ambiente, y un nuevo equilibrio político e institucional.

ESTABILIDAD Y DEMANDAS SOCIALES

Aunque la estabilidad depende fundamentalmente del funcionamiento de las instituciones, de la confianza en ellas y de la seguridad jurídica, también es cierto lo que ha sostenido la campaña de Boric: la estabilidad se consigue cuando la gente ve que se están asumiendo sus demandas, especialmente pensiones dignas, seguridad, vivienda y salud. Será muy difícil abordarlas simultáneamente y resolverlas satisfactoriamente en un gobierno de cuatro años. No obstante, para la población debe quedar claro que el país está en esa senda, con un norte claro y explicando las dificultades de cara a la gente. El sentido de las prioridades del gobierno es, en este sentido, fundamental. El caso del CAE es emblemático: condonar las deudas de profesionales jóvenes antes de mejorar sustantivamente las pensiones o terminar con los campamentos, no parece ser lo más adecuado. Elegir un camino es dejar de lado otro, al menos por un tiempo.

Sostener el modelo de crecimiento hacia el exterior, que ha permitido al país desarrollarse y fortalecer el Estado —como de hecho ha quedado claro en la crisis pandémica— será un campo de disputas al interior del gobierno, que podrían sintetizarse en el debate sobre el TPP-11. Sería sumamente imprudente asumir costos de crecimiento cuando se aspira a fortalecer la acción del Estado.

El decisivo problema del orden público y la seguridad ciudadana está instalado con fuerza. Entre las peores consecuencias de la ruptura del pacto social, está la pérdida de legitimidad de la fuerza pública para imponer un orden razonable e incluso para poseer el monopolio de las armas. Recuperar esa legitimidad es imprescindible para el imperio del Estado de derecho. Luchar contra el crimen organizado y la delincuencia con un programa integral que devuelva los espacios públicos a la ciudadanía es una urgencia y un lugar en que podría encontrarse acuerdos muy relevantes. Nada como un enemigo común, y el narco lo es.

No obstante la importancia de lo anterior, el problema del orden público tiene características específicas, pues se relaciona con la presencia de grupos anarquistas y de ultraizquierda que desafían al Estado y hacen de la violencia política y la desobediencia su forma preferida de acción. Uno de los problemas más serios del nuevo gobierno será el desafío que antes de asumir le han lanzado las organizaciones armadas en la Araucanía o walmapu. En efecto, la CAM, recibe el nuevo ciclo reivindicando “la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha” y se burla de “esta nueva izquierda hippie, progre, buena onda”, dejando muy en claro que la situación en la Araucanía irá de mal en peor.

En este sentido, la retórica del presidente y sus partidarios tendría que ser cuidadosa para no estimular un fenómeno que afecta gravemente al país. El diálogo sin exclusiones es siempre una buena idea, pero, además de explorar reservadamente su viabilidad o utilidad, no debiera quedar dudas de que el gobierno enfrenta con decisión a los grupos armados, ya que normalmente la acción de estos no depende de “los problemas de fondo”, sino de opciones ideológicas, étnicas o nacionalistas, asumidas por ellos al margen de los problemas de la comunidad en cuyo nombre dicen actuar. La coalición del presidente electo no podrá seguir jugando con la ambigüedad que arrastra en este ámbito. Democracia y violencia no son compatibles.

Gabriel Boric logró una mayoría pocas veces vista en el país. Intentar explicar su éxito por el apoyo que le brindaron los líderes y partidos de la centroizquierda, es insuficiente. Su triunfo responde antes que nada a las virtudes personales del candidato, a la moderación de su lenguaje y a la capacidad de su campaña de interpretar y ser parte de una cultura que hace mucho sentido a las mujeres y los jóvenes chilenos, labor facilitada por su oponente de la derecha, que despertó los peores temores de involución política y cultural. ¿Será Boric el futuro del socialismo en Chile?, es una pregunta que solo el tiempo podrá responder.

EL ALZA DE LAS EXPECTATIVAS

El gobierno probablemente buscará incorporar nuevos actores en su gestión, especialmente al Partido Socialista, pero, así como no hay que creer que un simple arreglo de partidos o coaliciones daría una mayoría estable, tampoco los nuevos gobernantes deberían equivocar el diagnóstico, cometiendo el mismo error de sus antecesores.

La gobernabilidad supone no equivocarse sobre la fuerza que se tiene. Y ciertamente uno de los problemas que el gobierno deberá enfrentar es el alza de las expectativas. La movilización popular, expresada en la campaña y en los cabildos y otras iniciativas autoconvocadas, es una fortaleza para el éxito del programa de gobierno, pero muchas veces desemboca en presiones sectoriales que condicionan la capacidad de decisión del gobierno o, peor aún, en movilizaciones volcadas a exigir “aquí y ahora” el cumplimiento del ambicioso programa de Apruebo Dignidad. El pueblo movilizado no siempre es virtuoso. Puede, por el contrario, ser presa fácil de sus pasiones (no olvidemos el ataque a los migrantes en Iquique) y, sobre todo, objeto de manipulación por parte de demagogos populistas (¿qué otra cosa fue el candidato Parisi?), nacionalistas o ultraizquierdistas. Al respecto, la experiencia de la Unidad Popular no debiera olvidarse.

EL PROTAGONISMO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos seguirán siendo un protagonista de los desafíos que tiene Chile por delante y hacia atrás, en la historia corta y en la historia larga. Especialmente, se debe dar un rápido término a los procesos vinculados a la violencia en torno al estallido social. El gobierno promete levantar las querellas por Seguridad Interior del Estado, la fiscalía debe apurar sus pruebas para el encauzamiento o la liberación de los detenidos en prisión preventiva y, sobre todo, deben concretarse medidas de reparación a las víctimas de trauma ocular. Esa será una de las primeras tareas que deberá afrontar el nuevo gobierno. Más allá de ello, los derechos humanos estarán en la agenda por las debilidades críticas de la institucionalidad destinada a su promoción y defensa, así como por las consecuencias humanitarias de la crisis migratoria, que no tiene visos de terminar; por la situación de niños, niñas y adolescentes; por la violencia contra la mujer, por la precariedad de la vida en los campamentos y otras realidades que golpean al país en forma insistente, especialmente después y durante la pandemia.

La convivencia entre los chilenos no ha sido fácil en los últimos años. Las elites políticas han radicalizado sus discursos sometiendo al país a tensiones innecesarias, trayendo los fantasmas del pasado reciente a planear nuevamente sobre nuestras cabezas. Muchos han pagado muy caro la exacerbación de los ánimos perdiendo sus bienes o su salud mental y física en manos de la violencia.

Los errores del presidente Piñera y sus ministros fueron graves en la primera etapa de su gobierno buscando retrotraer las reformas de Bachelet, y la oposición fue extremadamente dura, llegando a un récord de acusaciones constitucionales contra ministros y al propio Presidente en dos oportunidades: un juego peligroso e insensato que podría cobrarse su venganza. La crisis social, por otro lado, junto con evidenciar el hastío de la gente con los abusos y las discriminaciones, dejó al gobierno sin agenda y sometido al parlamento, que realmente dominó la escena los últimos dos años, verificando que en Chile el parlamentarismo hace al país ingobernable. El gobierno, por su parte, quedó reducido a la gestión de la pandemia, cuestión que abordó con decisiones que han sido alabadas internacionalmente.

Las dinámicas políticas y los resultados de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias han hecho comprender que en Chile se necesita un vuelco hacia la construcción de acuerdos. La Convención Constitucional, entregada inicialmente a los excesos y al voluntarismo, lo ha comprendido y deberá buscar los esquivos dos tercios para proponer un texto al país. Los ánimos refundacionales chocaron con la cultura, con la valoración que los chilenos y chilenas tienen de sus vidas y con la realidad política del país, y el primero en comprenderlo ha sido el presidente electo Gabriel Boric. MSJ

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Fuente: Comentario Nacional publicado en Revista Mensaje N° 706, enero-febrero de 2022.